El columnista Diego Petersen ha puesto en evidencia un giro profundo en el proyecto del Tren Maya. Lo que nació como una iniciativa para conectar comunidades de la península de Yucatán y dinamizar su economía local ha evolucionado hacia un conglomerado de actividades turísticas y comerciales bajo supervisión militar. Este cambio, descrito por el periodista como una “perversión del objetivo”, plantea interrogantes sobre la viabilidad financiera y el cumplimiento de las metas originales de desarrollo regional.
El origen del Tren Maya se remonta a la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La obra se presentó como una herramienta estratégica para reducir la brecha de desarrollo entre el sureste mexicano y el resto del país. La idea central consistía en mejorar la conectividad entre poblaciones mayas y centros urbanos, facilitar el transporte de personas y mercancías, y generar empleos directos e indirectos en estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, la ausencia de un proyecto ejecutivo detallado desde el inicio permitió que decisiones posteriores alteraran el rumbo de la infraestructura.
Antecedentes de militarización y cambios de enfoque
La participación de las Fuerzas Armadas en la construcción y operación del tren marcó un punto de inflexión. Inicialmente justificadas por la necesidad de acelerar tiempos y controlar costos, estas intervenciones derivaron en la administración de hoteles, aeropuertos y posibles líneas de negocio adicionales. Petersen señala que la prioridad pasó de servir a las comunidades originarias a garantizar rentabilidad para el sistema de pensiones militares. Esta lógica explica por qué el número de pasajeros y el impacto en la economía local dejaron de ser indicadores centrales en los reportes oficiales.
Casos similares en América Latina ilustran los riesgos de este modelo. En Bolivia, la militarización de proyectos de infraestructura en zonas indígenas generó conflictos por desplazamiento y pérdida de control territorial. En el caso mexicano, comunidades de la península han reportado afectaciones a sus tierras y recursos hídricos sin que se haya presentado un plan de compensación integral. La falta de indicadores públicos sobre el dinamismo económico real refuerza la percepción de que el beneficio social quedó subordinado a objetivos corporativos.
Impacto financiero y viabilidad a largo plazo
La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la estabilización financiera del tren hacia 2029 mediante su habilitación para carga introduce una nueva variable. El transporte de mercancías requiere logística comercial distinta a la militar, y la capacitación de personal militar en este rubro no está garantizada. Si el servicio de carga no alcanza los volúmenes proyectados, el tren podría convertirse en una carga adicional para las finanzas públicas. La experiencia de otros ferrocarriles mexicanos, como el del Istmo de Tehuantepec, muestra que la reconversión de proyectos turísticos a logísticos enfrenta obstáculos técnicos y de mercado que rara vez se resuelven en plazos cortos.
Además, la posible incursión en la producción de cerveza bajo una marca propia añade otra capa de complejidad. La península de Yucatán cuenta con una tradición cervecera limitada, y cualquier intento de “revivirla” requeriría inversiones en materia prima, distribución y cumplimiento normativo que van más allá del alcance original del ferrocarril. Esta diversificación parece responder más a la necesidad de generar ingresos que a una estrategia de desarrollo regional coherente.
Consecuencias sociales y territoriales
El desplazamiento del foco hacia el turismo de alto nivel ha modificado la relación del proyecto con las poblaciones locales. Hoteles administrados por el ejército compiten con pequeños prestadores de servicios comunitarios, mientras que el acceso a estaciones y rutas prioriza visitantes foráneos. Estudios de caso en Quintana Roo revelan que el encarecimiento de la tierra y los servicios ha expulsado a familias mayas de sus territorios ancestrales sin que se active un programa de reubicación digno. Esta dinámica erosiona la cohesión social y debilita la confianza en las instituciones federales.
A nivel político, la transformación del Tren Maya consolida un modelo de participación militar en la economía civil. Si bien las fuerzas armadas han demostrado capacidad de ejecución en obras de gran escala, su permanencia en sectores productivos genera interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Organismos internacionales como el Banco Mundial han advertido que la militarización de proyectos de desarrollo puede derivar en menor escrutinio ciudadano y mayores riesgos de corrupción.
Perspectivas de recuperación del sentido social
Rescatar la esencia original del proyecto exigiría reorientar indicadores hacia el número de usuarios locales, la mejora en tiempos de traslado de comunidades rurales y el fortalecimiento de cadenas productivas regionales. Hasta ahora, las modificaciones constantes han respondido a necesidades de rentabilidad más que a diagnósticos participativos con las poblaciones afectadas. Sin un mecanismo de evaluación independiente que mida el impacto real en el bienestar de los habitantes de la península, el tren corre el riesgo de convertirse en un símbolo de infraestructura inconclusa en términos sociales.
El debate abierto por Petersen refleja tensiones más amplias en México sobre el equilibrio entre desarrollo económico, participación militar y justicia territorial. El futuro del Tren Maya dependerá de la capacidad de las autoridades para reconciliar estos objetivos sin sacrificar uno en favor de otro.
