La decisión de convertir la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en un ejercicio anual a partir de julio de 2026 ha sido presentada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como un factor ya incorporado por los mercados. Sin embargo, más allá de la afirmación de que la inversión extranjera directa no sufrirá cambios imprevistos, es necesario examinar las consecuencias estructurales que esta periodicidad introduce tanto en la planeación empresarial como en la estabilidad macroeconómica de México durante la próxima década.
El hecho de que el mercado haya descontado la medida no elimina los efectos de segundo orden. Las empresas que operan cadenas de suministro integradas en América del Norte suelen elaborar proyecciones a cinco o diez años. Una revisión anual introduce una variable recurrente que obliga a recalibrar escenarios con mayor frecuencia, elevando los costos de planeación y reduciendo la predictibilidad que el propio TMEC buscaba otorgar cuando sustituyó al TLCAN en 2020.
Efectos en sectores estratégicos
La industria automotriz, que representa más del 25 % de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, enfrenta un riesgo particular. Las reglas de origen y los requisitos de contenido regional ya fueron endurecidos en la versión vigente del tratado. Cada revisión anual podría convertirse en un espacio para que Washington introduzca ajustes adicionales en respuesta a presiones sindicales o políticas industriales locales. Aunque Ebrard asegura que solo restan cuatro temas pendientes, la experiencia de 2025 demuestra que la lista de preocupaciones estadounidenses puede ampliarse rápidamente según el ciclo político en ese país.
El sector agroexportador también se encuentra expuesto. Productos como el aguacate, el tomate y los berries dependen de acceso fluido al mercado estadounidense. Revisiones anuales podrían servir como mecanismo para imponer cuotas o requisitos fitosanitarios adicionales bajo el pretexto de resolver disputas pendientes. La ausencia de sorpresas inmediatas no descarta que la acumulación de pequeñas fricciones termine afectando la competitividad de estos productos frente a proveedores de otros tratados comerciales.
Riesgo de fragmentación regulatoria
Otro aspecto relevante es la posible divergencia regulatoria entre los tres países. Cuando las revisiones se realizan cada año, existe el incentivo de que cada administración ajuste sus interpretaciones internas del tratado para responder a demandas domésticas. México podría verse presionado a modificar estándares laborales o ambientales con mayor rapidez, generando costos de adaptación para las empresas que ya han invertido en cumplimiento. Esta dinámica reduce la ventaja comparativa que el TMEC ofrecía frente a acuerdos menos estrictos firmados por otros países de la región.
Además, la certidumbre jurídica que Ebrard menciona como objetivo de la Secretaría de Economía podría erosionarse si las partes no logran establecer mecanismos claros de resolución acelerada. Históricamente, los paneles de solución de controversias del TMEC han tardado meses o años en emitir resoluciones. Si las revisiones anuales se superponen a procedimientos pendientes, las empresas enfrentarán periodos prolongados de indefinición que afectan decisiones de reinversión y expansión.
Impacto en la atracción de capital de largo plazo
Aunque Ebrard reporta que continúa recibiendo anuncios de inversión, es importante distinguir entre anuncios y desembolsos efectivos. Los capitales de corto plazo o aquellos vinculados a nearshoring inmediato pueden mantenerse activos. Sin embargo, proyectos de infraestructura pesada, centros de investigación o plantas de alta tecnología requieren horizontes de recuperación superiores a diez años. La perspectiva de revisiones anuales introduce una prima de riesgo adicional que los inversionistas institucionales suelen descontar mediante tasas de retorno más exigentes o menor exposición a México.
Canadá, por su parte, ha mantenido una postura más discreta. Si Ottawa decide utilizar las revisiones anuales para presionar por mayores estándares ambientales o protección de inversiones en minería, México podría enfrentar un frente adicional de negociación que complique la relación bilateral con su principal socio comercial.
Escenarios de incertidumbre futura
El tratado establece que cualquier parte puede retirarse con seis meses de aviso. Aunque ninguna lo ha hecho, la institucionalización de revisiones anuales crea un canal permanente de presión que podría utilizarse como palanca en negociaciones paralelas sobre migración, seguridad o política energética. Esta interconexión entre temas comerciales y no comerciales eleva la probabilidad de que choques políticos externos se transmitan rápidamente al ámbito económico.
En conclusión, la afirmación de que el mercado ya había descontado la revisión anual es correcta en el corto plazo, pero subestima los efectos acumulativos sobre la certidumbre estructural. Las empresas seguirán invirtiendo mientras las condiciones inmediatas lo permitan; sin embargo, la calidad y el horizonte temporal de esas inversiones podrían modificarse de manera gradual, afectando el potencial de crecimiento de mediano y largo plazo de la economía mexicana.
