El reciente intercambio entre el presidente panameño José Raúl Mulino y la presidenta electa peruana Keiko Fujimori marca un intento concreto de reactivar el tratado de libre comercio vigente desde 2012. Aunque el diálogo se presenta como un gesto de buena voluntad, su traducción en políticas concretas puede alterar flujos comerciales, cadenas logísticas y equilibrios políticos en ambos países. El volumen de intercambios bilaterales, que ronda los 1.200 millones de dólares anuales, ofrece un punto de partida modesto pero sensible a cambios regulatorios o de percepción de riesgo.
Panamá, cuya economía depende en gran medida del Canal y de su condición de hub logístico, podría ver en el TLC renovado una oportunidad para aumentar exportaciones de servicios financieros y reexportaciones. Perú, por su parte, busca diversificar destinos para productos mineros y agroindustriales en un contexto de precios volátiles de metales. La coincidencia de ambos mandatarios en fortalecer el marco existente sugiere que los equipos técnicos explorarán ajustes arancelarios y mecanismos de solución de controversias antes de que Fujimori asuma el cargo el 28 de julio.

Efectos esperados en el comercio de bienes
Un primer impacto probable recae sobre el sector agroexportador peruano. Productos como espárragos, uvas y arándanos podrían acceder con mayor previsibilidad al mercado panameño si se eliminan barreras sanitarias y se agilizan certificaciones. Panamá importa gran parte de sus alimentos y el TLC vigente ya otorga preferencias; sin embargo, la falta de uso efectivo por trámites aduaneros ha limitado el aprovechamiento. Una revitalización exitosa podría elevar el valor de estas exportaciones entre 8 % y 15 % en un horizonte de tres años, según estimaciones de cámaras empresariales peruanas.
Desde el lado panameño, las exportaciones de servicios portuarios y financieros hacia Perú presentan margen de crecimiento. Empresas de logística con sede en Panamá podrían captar mayor volumen de carga peruana destinada a terceros mercados, siempre que se mantenga la competitividad del Canal frente a rutas alternativas. No obstante, la competencia de puertos colombianos y chilenos introduce un factor de incertidumbre que podría neutralizar parte de las ganancias esperadas.
Riesgos regulatorios y de implementación
La diferencia de ritmo entre los calendarios políticos de ambos países constituye un riesgo tangible. Mulino concluye su mandato en 2029, mientras Fujimori inicia el suyo en julio de 2026. Cualquier acuerdo técnico alcanzado en los próximos meses requerirá ratificación o ajustes legislativos en Perú, donde la composición del Congreso podría obstaculizar reformas que impliquen concesiones arancelarias. La experiencia de tratados anteriores muestra que demoras en la implementación generan pérdida de confianza empresarial y reducen el efecto anticipado sobre la inversión.
Otro riesgo reside en la posible reacción de sectores productivos locales. En Perú, asociaciones de productores de arroz y lácteos ya han expresado reservas ante una mayor apertura. En Panamá, importadores de textiles y calzado podrían enfrentar competencia de proveedores peruanos con costos laborales más bajos. Sin cláusulas de salvaguardia bien diseñadas, estos grupos podrían presionar por medidas no arancelarias que erosionen el espíritu del tratado.
Implicaciones para la inversión y el empleo
La revitalización del TLC podría atraer inversión directa en logística y agroindustria, especialmente en zonas francas panameñas y regiones peruanas con vocación exportadora. Empresas que ya operan en ambos mercados podrían expandir cadenas de suministro integradas, generando empleo calificado en transporte, certificación y finanzas. No obstante, el efecto neto sobre el empleo dependerá de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para cumplir con estándares de origen y trazabilidad exigidos por el acuerdo.
Un escenario menos favorable contempla una concentración de beneficios en grandes corporaciones con presencia regional, mientras que productores de menor escala quedan excluidos por falta de escala o acceso a crédito. Esta asimetría ya se observa en otros tratados latinoamericanos y podría repetirse aquí si no se implementan programas de acompañamiento técnico y financiero.
Dimensiones políticas y de percepción regional
El encuentro también proyecta una señal de pragmatismo económico en un momento de tensiones ideológicas en América Latina. La asistencia de Mulino a la juramentación de Fujimori y la invitación recíproca al foro de CAF en enero próximo sugieren una agenda compartida de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, cualquier deterioro en la relación con otros socios comerciales de Perú, como China o la Unión Europea, podría generar presiones diplomáticas que compliquen la ejecución del TLC revitalizado.
Finalmente, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para traducir declaraciones en resultados medibles antes de que cambien las condiciones externas, ya sea por fluctuaciones de precios de commodities o por cambios en la política comercial de Estados Unidos. La historia de tratados comerciales en la región indica que la continuidad y la transparencia en el seguimiento son factores más determinantes que los anuncios iniciales.
