El anuncio de la ministra de Hidrocarburos, Paulo Henao, de que la extracción de petróleo en Venezuela se mantiene en 1,2 millones de barriles diarios tras los dos sismos del miércoles refleja una resiliencia parcial de la industria extractiva frente a desastres naturales. Sin embargo, esta estabilidad en la fase de extracción contrasta con la vulnerabilidad observada en el resto de la cadena de valor energética, donde refinerías y complejos petroquímicos sufrieron interrupciones significativas por fallas eléctricas. El hecho de que los pozos sigan operando sin interrupciones mayores no implica que el sistema en su conjunto haya salido indemne.
Dependencia histórica y declive estructural
La industria petrolera venezolana ha experimentado una contracción prolongada desde 2013, cuando la producción superaba los 2,5 millones de barriles diarios. Las sanciones internacionales, la falta de inversión en mantenimiento y la salida de personal técnico han reducido la capacidad operativa de PDVSA. En este contexto, los terremotos representan un nuevo factor de estrés sobre una infraestructura ya deteriorada. La afirmación de que los pozos permanecen activos debe leerse junto con el dato de que las plantas generadoras de electricidad en la región central, como Planta Centro y Termocentro, no han recuperado su capacidad plena. Esta asimetría entre extracción y procesamiento revela una debilidad sistémica acumulada durante más de una década.
Experiencias previas en otros países petroleros ilustran el riesgo. En México, los sismos de 2017 afectaron principalmente instalaciones de almacenamiento y transporte, pero la producción en plataformas marinas se mantuvo porque contaba con sistemas de respaldo eléctrico independientes. Venezuela carece de esa redundancia en tierra firme, donde la mayoría de los campos operativos dependen de la red nacional. La continuidad de la extracción actual podría verse comprometida si los cortes de energía se prolongan más allá de los primeros días posteriores al sismo.
Efectos diferenciados en la cadena energética
La refinería El Palito, con capacidad nominal de 146.000 barriles diarios, quedó prácticamente inactiva por falta de electricidad. El Complejo Petroquímico Morón, segundo en importancia del país, avanza en su reactivación a ritmo muy lento. Estos datos indican que el impacto no se limita a la producción de crudo sino que alcanza el eslabón intermedio de refinación y petroquímica, donde se generan productos de mayor valor agregado. La ministra aseguró que el suministro interno de combustible está garantizado, pero esa garantía depende de inventarios existentes y de eventuales importaciones, no de una capacidad de procesamiento restaurada.
La distribución de ayuda humanitaria y la operación de puertos también se vieron afectadas por los mismos cortes eléctricos. Esta interconexión entre energía, logística y atención médica muestra cómo una falla en un solo sector amplifica daños en otros. Países con marcos regulatorios más robustos suelen exigir evaluaciones de riesgo sísmico integradas en los permisos de operación de refinerías; Venezuela carece de mecanismos similares actualizados desde hace años.
Repercusiones económicas y fiscales
El petróleo sigue representando más del 90% de las exportaciones venezolanas. Aunque el volumen extraído no haya variado, cualquier retraso en la refinación reduce la disponibilidad de productos para exportación o consumo interno, lo que presiona las finanzas públicas. Los ingresos por crudo se destinan en gran medida al servicio de deuda y a importaciones de alimentos y medicamentos. Una interrupción prolongada en el segmento downstream podría obligar al gobierno a destinar divisas a compras de combustible refinado, reduciendo recursos para otras prioridades.
Además, la percepción de inestabilidad energética puede influir en las negociaciones con empresas extranjeras que operan bajo convenios de asociación. Compañías como Chevron han incrementado su presencia en los últimos años, pero requieren condiciones predecibles de suministro eléctrico y logística portuaria. Los sismos evidencian que esas condiciones no están plenamente aseguradas, lo que podría ralentizar nuevos proyectos de inversión en un momento en que el país busca reactivar campos maduros.
Dimensiones sociales y de largo plazo
La población venezolana ya enfrenta restricciones crónicas de combustible y gas doméstico. Aunque la ministra señaló que el suministro está garantizado, la experiencia de apagones anteriores demuestra que las reservas pueden agotarse rápidamente cuando la generación eléctrica no se recupera. Los hospitales y centros de atención médica, ya presionados, dependen de generadores que requieren diésel constante. Una escasez derivada de problemas en El Palito afectaría directamente la capacidad de respuesta sanitaria en las semanas siguientes.
Desde una perspectiva estructural, los terremotos ponen de relieve la necesidad de modernizar la red eléctrica asociada a la industria petrolera. La reconstrucción de capacidad de respaldo en plantas como Termocentro requerirá inversiones que el país no ha podido realizar en los últimos años. Sin un plan de resiliencia sísmica que incluya redundancia energética, futuros eventos naturales podrían generar interrupciones más severas tanto en extracción como en refinación. La estabilidad actual de los pozos representa, por tanto, una victoria parcial que no debe interpretarse como prueba de solidez general del sistema.
