El 1 de julio de 2026 marca el sexto aniversario de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta fecha activa el mecanismo de revisión conjunta previsto en el Capítulo 34, que evalúa el desempeño del acuerdo y define si se extiende por otros 16 años o se somete a revisiones anuales hasta 2036. El tratado ha impulsado la integración productiva de América del Norte, pero enfrenta incertidumbres derivadas de la postura estadounidense y de tensiones comerciales persistentes.
La Comisión de Libre Comercio, integrada por el secretario de Economía de México Marcelo Ebrard, el representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer y el ministro canadiense Dominic LeBlanc, se reunió de manera virtual para iniciar el proceso. México y Canadá han manifestado formalmente su deseo de prorrogar el instrumento hasta 2042. Estados Unidos, en cambio, no ha emitido una posición equivalente, lo que abre dos rutas posibles: una extensión automática o revisiones anuales con alcance progresivamente menor.
La cláusula de revisión no contempla la terminación inmediata del tratado. El propio Ebrard descartó ese escenario en un mensaje previo. Sin embargo, la falta de confirmación estadounidense introduce un factor de inestabilidad para las cadenas de suministro que dependen de reglas de origen claras y de un marco previsible. Kenneth Smith, exjefe negociador técnico de México, señaló que el objetivo prioritario debe ser lograr certidumbre sobre los aranceles aplicados bajo la Sección 232 a vehículos, acero y aluminio. Estos gravámenes, justificados por Washington con argumentos de seguridad nacional, afectan exportaciones mexicanas que cumplen o no las reglas del T-MEC.
Fortalezas y asimetrías en la negociación
México llega a esta etapa con una posición comercial consolidada: es el principal proveedor de bienes a Estados Unidos y, al mismo tiempo, el mayor comprador de productos estadounidenses a nivel global. Esta doble condición otorga al país un margen de maniobra que no existía en rondas anteriores. Aun así, la asimetría de poder sigue presente. La administración estadounidense mantiene la capacidad de imponer medidas unilaterales, mientras que México y Canadá dependen en mayor medida de la estabilidad del marco trilateral.
Las negociaciones bilaterales programadas para la tercera semana de julio en la Ciudad de México ofrecerán una primera prueba concreta. En ellas se abordarán tanto los aranceles sectoriales como posibles ajustes a las reglas de origen automotrices. El resultado de estas conversaciones determinará si el proceso de revisión se cierra con una extensión de 16 años o si se prolonga mediante revisiones anuales hasta 2036, con márgenes de maniobra cada vez más reducidos.
Implicaciones regionales y riesgos futuros
La permanencia del T-MEC resulta estratégica para la competitividad de América del Norte frente a bloques como la Unión Europea o el RCEP asiático. Una erosión gradual del tratado podría fragmentar las cadenas de valor integradas que se han construido en los últimos seis años, elevando costos para empresas de los tres países. Al mismo tiempo, la opción de acuerdos bilaterales preferidos por algunos sectores en Washington plantea el riesgo de debilitar la arquitectura trilateral que ha permitido resolver disputas de manera institucionalizada.
El horizonte de la revisión se extiende potencialmente hasta finales de 2026 e incluso 2027, según estimaciones de Smith. Durante este periodo, los tres gobiernos deberán equilibrar demandas sectoriales internas con la necesidad de preservar un instrumento que sigue siendo el principal canal de comercio e inversión en la región. La certidumbre sobre los aranceles de la Sección 232 aparece como el primer indicador tangible del rumbo que tomará el tratado.
La revisión del T-MEC no se limita a una formalidad administrativa. Define si América del Norte mantiene un marco comercial coherente o avanza hacia una relación más fragmentada y sujeta a decisiones unilaterales. Las próximas rondas de diálogo mostrarán hasta qué punto los tres países están dispuestos a preservar la arquitectura que, pese a sus limitaciones, sigue siendo el principal sostén de su integración económica.
