Los siniestros viales le cuestan a México entre 55,000 y 92,000 millones de pesos al año en atención médica y pérdida de productividad, de acuerdo con un estudio presentado este martes por organizaciones civiles y especialistas. La cifra, calculada con base en 2024, equivale en su escenario más alto a cerca de 0.3% del PIB y a 4.4% del gasto total en salud, una proporción que dimensiona el peso económico de un problema que suele discutirse solo en términos de víctimas y daños inmediatos.
El informe, titulado “El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad”, fue presentado por expertos y activistas como un intento de poner números a una carga que, según sus autores, ha estado subestimada en la discusión pública. La estimación no agota el impacto real, porque deja fuera rubros como daños materiales, rehabilitación de largo plazo y otras consecuencias sociales y familiares asociadas a las lesiones graves.
“Encontramos que, tan solo considerando los costos de atención médica y las pérdidas de productividad estimadas en este estudio, la carga económica se ubica entre 55,000 y 92,000 millones de pesos en 2024”, explicó Belén Sáenz de Miera Juárez, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Su observación apunta a una de las claves del problema: el gasto no se concentra únicamente en hospitales o aseguradoras, sino también en la interrupción de la actividad laboral de personas que, en muchos casos, están en edades productivas.
El estudio destaca que las muertes por siniestros de tránsito siguen entre las principales causas de fallecimiento de personas de 5 a 44 años, lo que agrava el efecto económico por la pérdida de años de trabajo y de aportación al ingreso familiar. A ello se suman factores de riesgo que continúan presentes en las calles: exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y falta de dispositivos de seguridad como cinturones, cascos certificados y sistemas de retención infantil. La combinación de estos elementos, advierten los autores, convierte muchas colisiones en eventos previsibles más que en hechos fortuitos.
“Los siniestros viales son predecibles y evitables. No son ‘accidentes’ o imprevistos del azar; son el resultado de vacíos en la infraestructura, fallas en la regulación y falta de control de factores de riesgo”, afirmó Erick Antonio Ochoa, director de la organización Salud Justa Mx. La lectura de las organizaciones es que el costo económico no puede separarse del marco institucional: allí donde fallan la fiscalización, el diseño vial y la aplicación de normas, aumentan tanto la gravedad de las lesiones como la presión sobre el sistema de salud y la productividad nacional.
En ese contexto, los participantes en la presentación urgieron a acelerar la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en 2022, y a reforzar medidas como límites de velocidad más estrictos, controles de alcohol al volante, estándares de seguridad vehicular e infraestructura orientada a usuarios vulnerables. También solicitaron actualizar las normas para incorporar tecnologías como el frenado autónomo de emergencia y sistemas de protección para peatones, bajo el argumento de que parte relevante de las muertes y lesiones puede prevenirse con regulación y supervisión efectivas.
El informe subraya además que peatones, ciclistas y motociclistas concentran una elevada proporción de las víctimas. En zonas urbanas, ocho de cada diez fallecimientos corresponden a esos usuarios vulnerables, según los datos expuestos durante la presentación. Ese dato refuerza una lectura de política pública: el problema no se explica solo por el número de vehículos en circulación, sino por la manera en que se distribuye el riesgo en el espacio vial y por la mayor exposición de quienes se desplazan sin la protección de un automóvil.
“La seguridad vial debe asumir la categoría de política de Estado”, sostuvo Andrés Atayde Rubiolo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. La afirmación resume el tono del encuentro: la discusión ya no gira únicamente en torno a la prevención de choques, sino a la dimensión fiscal, sanitaria y laboral de un fenómeno que consume recursos públicos y privados de forma sostenida. Con información de EFE.
