La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum a las 111 propuestas del PAN abre un nuevo capítulo en la disputa entre dos visiones antagónicas sobre el rumbo de México. El planteamiento panista de recuperar el Seguro Popular, vender la refinería de Dos Bocas y construir una mega cárcel de máxima seguridad no solo revive debates de la década pasada, sino que obliga a examinar cómo las políticas aplicadas entre 1988 y 2018 moldearon las condiciones que hoy se cuestionan.
Orígenes del modelo que el PAN busca restaurar
Entre 1988 y 2018, México aplicó un conjunto de reformas orientadas a reducir la participación estatal en la economía. La privatización de bancos, ferrocarriles y empresas energéticas, junto con la firma del TLCAN en 1994, generó periodos de crecimiento moderado pero también incrementos notables en la desigualdad. El Seguro Popular, creado en 2003, logró incorporar a más de 50 millones de personas al sistema de salud, sin embargo, reportes de la Auditoría Superior de la Federación entre 2010 y 2016 documentaron faltantes de medicamentos en 18 estados y pagos irregulares por más de 12 mil millones de pesos. Estos datos explican por qué el gobierno actual decidió sustituirlo por el programa IMSS-Bienestar, que centraliza compras y busca garantizar surtimiento completo.
La refinería de Dos Bocas forma parte de una estrategia distinta. Su construcción, iniciada en 2019, responde a la meta de elevar la capacidad nacional de refinación y reducir importaciones de combustibles. En 2023, la balanza comercial de productos petrolíferos registró un superávit de 3 mil 800 millones de dólares, cifra que contrasta con los déficits superiores a 20 mil millones anuales observados entre 2015 y 2018. La propuesta panista de venderla plantea, por tanto, una reversión de esa política de soberanía energética.
Seguridad: la cárcel frente a las causas estructurales
La iniciativa de una prisión de alta seguridad retoma experiencias como el penal de Almoloya, inaugurado en 1991. Aunque ese centro redujo fugas de líderes del narcotráfico en sus primeros años, el sistema penitenciario mexicano sigue presentando tasas de hacinamiento superiores al 30 % según datos del INEGI de 2024. Al mismo tiempo, estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que municipios con programas de becas y empleo juvenil registraron reducciones de hasta 14 % en delitos de alto impacto entre 2019 y 2023. La discusión, por tanto, gira en torno a si el énfasis exclusivo en infraestructura carcelaria desplaza recursos que podrían destinarse a prevención.
Efectos económicos de un eventual regreso al modelo anterior
Recuperar el esquema de apertura total en el sector energético implicaría revisar contratos ya adjudicados y modificar el marco regulatorio vigente. Analistas de la Comisión Económica para América Latina estiman que la inversión pública en refinación entre 2020 y 2025 alcanzó 12 mil millones de dólares; revertirla podría generar litigios internacionales y afectar la percepción de certidumbre jurídica que México busca proyectar ante socios del T-MEC. Por otro lado, el actual modelo ha permitido que la deuda de Pemex se estabilizara en términos reales durante 2024, después de incrementos anuales promedio de 8 % entre 2010 y 2018.
Repercusiones sociales y en el sistema de salud
El Seguro Popular operaba con un catálogo de intervenciones limitado y transferencias federales sujetas a disponibilidad presupuestal. En estados como Chiapas y Oaxaca, la cobertura efectiva de tratamientos oncológicos infantiles no superaba el 60 % en 2017, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México. El programa IMSS-Bienestar, al integrar recursos y personal del antiguo instituto, ha reportado incrementos de 22 % en consultas especializadas durante 2024. Una restauración del esquema anterior requeriría reconstruir redes de proveedores fragmentados y podría retrasar la atención en zonas rurales donde la infraestructura sigue siendo escasa.
Consecuencias políticas y para la democracia
La presentación de las 111 propuestas consolida una narrativa de contraste que ambos bloques utilizarán en los procesos electorales estatales de 2027. Encuestas de Parametría de mayo de 2025 muestran que 47 % de los encuestados identifica claramente dos proyectos de nación, cifra que se eleva a 61 % entre votantes de zonas urbanas. Esta polarización, aunque simplifica matices, también ha elevado la participación ciudadana: la marcha del 1 de junio de 2025 congregó a más de 800 mil personas según estimaciones del gobierno capitalino, demostrando que la movilización sigue siendo un factor relevante en la contienda discursiva.
En el mediano plazo, la definición de estos modelos afecta la capacidad del Estado para responder a desafíos como el nearshoring y la transición energética. La decisión de mantener o revertir inversiones en infraestructura energética y social determinará si México puede sostener tasas de crecimiento superiores al 2.5 % anual sin ampliar brechas regionales. El debate iniciado con las propuestas del PAN, más que una disputa coyuntural, representa la continuidad de una tensión histórica entre intervención estatal y liberalización que ha marcado las últimas cuatro décadas del país.
