La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la solicitud presupuestal para restituir el seguro de gastos médicos mayores a trabajadores del Poder Judicial. Consideró que financiar esa cobertura con recursos públicos constituiría un privilegio incompatible con la política de austeridad y con la transformación institucional que su gobierno busca consolidar.
El debate sobre los privilegios
Sheinbaum sostuvo que las prácticas asociadas con la antigua integración del Poder Judicial aún persisten y cuestionó que sus integrantes reciban prestaciones diferenciadas pagadas por el erario. “No a los privilegios”, afirmó, al recordar la lucha histórica de Benito Juárez contra los fueros y las ventajas reservadas a determinados grupos.
La presidenta recordó que los servidores públicos cuentan con atención médica mediante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Desde esa perspectiva, la discusión no se centra únicamente en una prestación laboral, sino en quién debe asumir el costo de servicios privados cuando existe una alternativa pública disponible.
Su postura anticipa una disputa presupuestal y política: mientras la solicitud plantea recuperar un beneficio para el personal judicial, el Ejecutivo la presenta como un gasto selectivo que profundizaría diferencias frente al resto de los trabajadores del Estado. Sheinbaum dejó claro que, si algún funcionario desea contratar atención médica privada, deberá cubrirla con sus propios recursos.
