Santiago de Chile, 16 jul (EFE).- El Senado chileno aprobó en la madrugada del jueves por un margen de apenas dos votos la mayor parte de las disposiciones de la reforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. El resultado deja la iniciativa lista para un trámite final en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo cuenta con mayor respaldo.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó tras la sesión que el proyecto llegó al Congreso hace tres meses con el objetivo de dotar al país de herramientas para el crecimiento, la generación de empleo y la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en Biobío y Ñuble. La votación, que se extendió desde la tarde del miércoles, confirmó que los artículos principales obtuvieron 26 votos a favor y 24 en contra, suficientes para avanzar aunque sin el apoyo amplio que el Ejecutivo había buscado.
Contexto económico previo a la votación
La economía chilena registró un crecimiento del 2,5 % en 2025, pero los primeros cinco meses del año actual muestran contracciones consecutivas. El desempleo y el equilibrio fiscal se han convertido en prioridades para un Gobierno que busca revertir la desaceleración mediante estímulos a la inversión privada. En ese marco, la reforma se presenta como el principal instrumento legislativo para modificar la carga tributaria de las empresas y facilitar grandes proyectos.
El Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional ya habían advertido sobre los riesgos que implica una reducción de ingresos sin compensaciones estructurales claras. Estas observaciones técnicas contrastan con la urgencia política de reactivar el dinamismo económico en un país que sigue dependiendo fuertemente de la exportación de cobre.
Principales cambios aprobados
El eje central de la iniciativa reduce la tasa corporativa del 27 % al 23 %. Además, se incorporó un régimen de invariabilidad tributaria para inversiones de gran escala, aunque con plazos graduales: diez años para montos entre 50 y 100 millones de dólares, quince años para rangos de 100 a 350 millones y veinte años a partir de 350 millones. Esta gradualidad surgió de las negociaciones en el Senado y modificó la propuesta original.
Otras medidas incluyen beneficios para la repatriación de capitales, la exención temporal del IVA en la compra de vivienda durante un año y la simplificación de permisos sectoriales. Un mecanismo controvertido establece compensaciones estatales cuando resoluciones ambientales sean anuladas por tribunales, lo que genera debate sobre el equilibrio entre incentivos y responsabilidad ambiental.
Reacciones desde la oposición
Los partidos de centro e izquierda rechazaron el resultado. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, anunció que la oposición recurrirá al Tribunal Constitucional por considerar que la reforma favorece a grandes inversionistas y debilita la capacidad recaudatoria del Estado. La senadora comunista Claudia Pascual señaló que el proyecto reduce ingresos fiscales sin contrapartes que aseguren la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Estas críticas se suman a cuestionamientos sobre la falta de diálogo durante la tramitación. La coalición oficialista, integrada por ultraderecha y derecha tradicional, fue la única que respaldó los artículos clave, lo que refleja la polarización existente en el Congreso.
Próximos pasos y posibles efectos
Como el texto sufrió modificaciones en el Senado, deberá ser revisado nuevamente la próxima semana en la Cámara de Diputados. Allí el Gobierno dispone de una mayoría más sólida, lo que aumenta las probabilidades de que la iniciativa se convierta en ley. Una vez promulgada, su implementación dependerá de la respuesta de los inversionistas y de la evolución de los precios del cobre.
El debate trasciende el ámbito tributario inmediato. Analistas observan que el resultado marca el primer triunfo legislativo relevante para el Ejecutivo de Kast, cuya popularidad ha descendido en encuestas recientes. El equilibrio entre estímulo a la inversión y preservación de la recaudación fiscal seguirá siendo objeto de seguimiento por parte de organismos independientes y mercados financieros durante los próximos meses.
La aprobación ajustada evidencia las tensiones entre objetivos de crecimiento acelerado y las advertencias sobre sostenibilidad fiscal. El desenlace final en la Cámara de Diputados determinará si Chile avanza hacia un nuevo marco tributario o si surgen ajustes adicionales antes de su entrada en vigor.
