La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE), el Poder Judicial y los organismos autónomos deberán ajustarse a una política de austeridad presupuestaria. Durante la conferencia matutina, afirmó que esta directriz no se limitará al Ejecutivo y al Legislativo, sino que alcanzará a todas las instituciones públicas.
El gasto electoral, bajo revisión
Rodríguez aseguró que el INE conoce la posición del Gobierno federal y que ya se ha dialogado con la presidenta del organismo y con algunos integrantes de su Consejo General. Reconoció la autonomía del instituto, pero sostuvo que también deben considerarse las prioridades gubernamentales. Por ello, pidió prudencia ante solicitudes que consideró excesivas y expresó confianza en alcanzar acuerdos.
El Consejo General del INE aprobó presentar una solicitud presupuestaria por 31 mil 431 millones de pesos para su operación y distintas obligaciones. De ese monto, alrededor de 13 mil 900 millones corresponderían a la elección federal y local del próximo año; otros 10 mil 842 millones se destinarían al financiamiento público de los partidos políticos.
La propuesta también contempla 4 mil 687 millones de pesos para una consulta popular y la eventual revocación de mandato previstas para 2028. Esta partida eleva el costo total de la solicitud y anticipa uno de los principales puntos de negociación con el Gobierno federal.
La disputa no se limita al tamaño del presupuesto. El INE deberá justificar cómo garantiza la organización de los procesos electorales y el financiamiento partidista sin comprometer su autonomía, mientras el Gobierno busca contener el gasto público. El resultado de las conversaciones definirá si el monto aprobado por el instituto se mantiene, se reduce o se modifica antes de su incorporación al presupuesto federal.
