La Suprema Corte cerró el paso a los jueces federales que pretendan levantar por completo los bloqueos de cuentas ordenados por la UIF. Con ello, reforzó la validez constitucional de esa facultad, incluso sin orden judicial, cuando existan “indicios razonables” de lavado de dinero.
El pleno recordó que la reforma a la Ley de Amparo, aprobada en octubre pasado, ya prohibió suspensiones que desactiven esos bloqueos y solo permite acceso parcial para cubrir necesidades básicas. El mensaje es claro: la Corte está alineada con una política de contención financiera que privilegia el interés público sobre el beneficio inmediato de los quejosos.
En paralelo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó una advertencia por la captura en República Checa de cuatro presuntos integrantes del CJNG: dijo que el grupo será perseguido “donde quiera que opere”. El endurecimiento del discurso ocurre mientras crecen las dudas por la caída oficial en homicidios y el aumento de desapariciones, así como por las pugnas internas en Morena y otros forcejeos políticos que siguen contaminando la agenda pública.
