La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por improcedente el último recurso promovido por la defensa de Emilio Lozoya Austin contra la extinción de dominio de una residencia en Lomas de Bezares, Ciudad de México. Con la decisión, el inmueble, valuado en más de 51 millones de pesos, queda definitivamente a favor de la nación.
La resolución fue emitida por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y difundida en el listado de acuerdos del máximo tribunal. El acuerdo establece que “se desecha por improcedente el presente recurso de revisión” y ordena notificar a la parte demandante y al tribunal colegiado que remitió el expediente.
La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos buscaba impugnar la resolución que permitió al Estado conservar la propiedad. El asunto llegó a la SCJN después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México enviara el caso para su análisis.
El litigio incluyó el debate sobre la aplicación de la ley
Entre los argumentos planteados figuraba la posible aplicación retroactiva del artículo 22 constitucional y de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en casos vinculados con delitos cometidos mediante recursos de procedencia ilícita. La Corte determinó que el recurso de revisión no podía ser admitido.
La residencia fue vinculada por la Fiscalía General de la República con la investigación contra Lozoya por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según las indagatorias ministeriales, la propiedad habría sido adquirida con parte de los recursos que el exfuncionario presuntamente recibió como soborno del empresario Alonso Ancira, en el contexto de la compra de la planta Agronitrogenados por Pemex.
La FGR sostuvo que Lozoya recibió alrededor de 3.5 millones de dólares y que una parte habría sido destinada a la adquisición del inmueble. En el expediente también se mencionaron transferencias mediante el sistema financiero y la empresa Tochos Holding, así como recursos presuntamente relacionados con pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
El litigio se extendió durante casi cinco años. En mayo de 2026, la FGR informó que un tribunal colegiado había determinado de forma definitiva la extinción de dominio de la residencia; el desechamiento del recurso por la SCJN cierra la vía judicial intentada para modificar esa resolución.
