Usar tarjeta de crédito o débito no activa por sí solo una alerta del SAT. El riesgo aparece cuando los gastos, depósitos e inversiones no cuadran con los ingresos declarados y el contribuyente no puede probar el origen del dinero. La discrepancia fiscal no castiga el uso bancario cotidiano; cuestiona la falta de trazabilidad.
Los errores más delicados son gastar por encima de lo declarado, recibir depósitos sin documentos que los respalden y asumir que todo lo que entra a la cuenta es ingreso gravable o que lo menor a 15 mil pesos queda fuera de revisión. La ley distingue entre efectivo, transferencias y traspasos; mezclar esos conceptos suele agravar el problema.
La salida es documental: conservar recibos, contratos, estados de cuenta y comprobantes de préstamos o movimientos entre cuentas propias. En fiscalidad, la pregunta decisiva no es cuánto se movió, sino si puede demostrarse de dónde salió y a dónde fue ese dinero.
