La provincia de Salta convirtió en política sanitaria un cobro que, en dos años, recortó más del 99% la atención a no residentes: de 31.561 pacientes extranjeros en 2023 a solo 10 en lo que va de 2026. El dato no solo exhibe un cambio administrativo, sino un giro en la asignación de recursos, con menos presión sobre camas e insumos y más margen para la población local.
La caída comenzó tras el DNU 129/2024 y su ratificación por ley provincial, que establecieron el arancelamiento para extranjeros sin residencia permanente o temporaria, salvo urgencias. En los hospitales fronterizos el impacto fue inmediato: Tartagal, Orán, Materno Infantil y Salvador Mazza registraron desplomes bruscos de atenciones. El gobierno salteño sostiene que el ahorro permitió comprar 34 ambulancias y reforzar insumos, una señal de que la medida no solo desalentó la demanda externa, sino que reordenó el gasto dentro del sistema.
El caso volvió a tomar volumen ahora que Nación publicó una resolución con un esquema similar para hospitales federales. Salta queda así como el antecedente más visible de una línea de política que busca separar urgencias de atenciones programadas y trasladar el costo de estas últimas a seguros o pacientes. La discusión ya no es solo sanitaria: también mide hasta dónde el sistema público debe absorber demanda transfronteriza sin desfinanciar la atención propia.
