El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones nació en 2024 como una pieza central del programa económico de Javier Milei para atraer capitales a gran escala con un esquema de ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias por tres décadas. La promesa oficial era simple: reglas estables, alivio impositivo y previsibilidad para proyectos superiores a 200 millones de dólares. A dos años de su puesta en marcha, sin embargo, el balance que presenta el Observatorio RIGI muestra otra cosa: lejos de diversificar la estructura productiva, el régimen ha reforzado la dependencia argentina de actividades extractivas ya dominantes, en especial petróleo, gas, cobre y litio.
La foto de conjunto ayuda a entender el alcance del cambio. De los 44 proyectos presentados por casi 199.000 millones de dólares, 21 fueron admitidos y concentran 46.708 millones. La distribución sectorial es reveladora: doce iniciativas mineras, cinco de petróleo y gas, y apenas cuatro en energía, infraestructura y siderurgia. Entre los 23 expedientes todavía en evaluación, trece corresponden a hidrocarburos y siete a minería. El régimen que, en teoría, debía estimular nuevas áreas terminó gravitando sobre sectores que ya operaban con fuerte apoyo estatal o con marcos promocionales previos. La consecuencia no es solo estadística: en una economía con restricciones externas persistentes, el incentivo público queda atado a la exportación de recursos primarios y a cadenas de valor poco intensivas en empleo.
El caso de Vaca Muerta ilustra esa lógica con precisión. En febrero, Milei amplió por decreto el alcance del RIGI para incluir exploración y producción de hidrocarburos, prorrogó el plazo de adhesión hasta 2027 y flexibilizó las condiciones para ampliar proyectos ya aprobados. Esa decisión no partió de un vacío, sino de una cuenca que ya venía sosteniendo récords de inversión, producción y exportaciones gracias a un entramado previo de promoción. El nuevo régimen, más que abrir un horizonte distinto, extendió incentivos extraordinarios sobre una zona que ya concentraba ventajas comparativas y poder de negociación. En términos de política pública, eso equivale a premiar un sector maduro con herramientas diseñadas para desatar nuevos flujos de capital. El riesgo es claro: el Estado resigna recaudación presente y futura para apuntalar una dinámica que el mercado ya había empezado a consolidar.
Esa orientación tiene efectos que van más allá del tablero macroeconómico. Cuando los beneficios se concentran en actividades de alta escala y baja densidad laboral, el derrame sobre el empleo directo y sobre las economías regionales suele ser limitado. La minería y los hidrocarburos generan divisas, pero no necesariamente tejido industrial, proveedores locales sofisticados ni encadenamientos extensos. En provincias productoras, el resultado puede ser una combinación de ingresos concentrados, presión sobre servicios públicos y una distribución territorial desigual de los costos ambientales. La experiencia argentina en litio y cobre es instructiva: aun cuando las exportaciones crecen, la captura local de valor depende de capacidades tecnológicas, infraestructura y regulación que suelen avanzar más lento que las inversiones mismas. El RIGI no corrige ese desfase; lo administra.
El debate ambiental es, en realidad, el punto donde el régimen deja ver su mayor fragilidad política. El Observatorio advierte que, en paralelo a su implementación, se produjo un retroceso regulatorio con cambios en la Ley de Glaciares que habilitan actividades mineras cerca de zonas de hielo. Esa señal no es menor en un país con conflictos recurrentes por agua, cuencas y territorios de alta sensibilidad ecológica. Si el incentivo fiscal empuja proyectos en áreas donde la conflictividad social ya existe, el costo de transacción no desaparece: se traslada a las comunidades, a los tribunales y a la gobernabilidad local. La inversión puede ingresar más rápido, pero también puede chocar antes con resistencias sociales más intensas, como ocurrió en conflictos mineros previos en el noroeste y en la cordillera.
El efecto fiscal tampoco es neutro. Cada exención y cada estabilidad extendida por 30 años reduce el margen de maniobra de los gobiernos futuros, que deberán financiar infraestructura, salud, educación y adaptación climática con una base tributaria más estrecha. En un país acostumbrado a tensiones crónicas entre recaudación y gasto social, esto importa especialmente: el RIGI no solo redistribuye incentivos hacia el capital, también fija una jerarquía de prioridades públicas. La discusión ya no es únicamente si el régimen atrae inversiones, sino qué parte del costo de atraerlas queda socializada y qué parte del beneficio se privatiza. Ese es el corazón del conflicto que señala el informe: no se trata de una pelea abstracta entre Estado y mercado, sino de quién paga la transición productiva y quién captura la renta.
La discusión sobre el llamado “súper RIGI” anticipa un problema más amplio. Si el esquema se expande hacia inteligencia artificial y centros de datos con inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, el país podría trasladar la misma lógica de excepciones a industrias intensivas en energía y agua, pero con mayor opacidad tecnológica y menor capacidad social de control. En esos sectores, la promesa de modernización convive con un consumo masivo de recursos críticos y con cadenas de valor aún más concentradas. La paradoja es evidente: se habla de futuro productivo, pero se mantiene intacto el formato de enclave, solo que con servidores en lugar de perforadoras. Lo que está en juego no es una disputa semántica sobre el extractivismo, sino la capacidad del Estado argentino para orientar inversiones hacia objetivos de desarrollo, empleo y soberanía regulatoria antes de que las reglas excepcionales se vuelvan permanentes.
