El Gobierno amplió el RIGI a dos frentes clave: infraestructura ferroviaria y proyectos tecnológicos con productos nuevos. La decisión despeja una traba que afectaba la privatización del Belgrano Cargas y abre una vía de financiamiento para inversiones que, hasta ahora, quedaban fuera del régimen.
La novedad más relevante está en el alcance. En ferrocarriles, entran obras de renovación, transformación, desarrollo e incluso nueva infraestructura; quedan excluidos el mantenimiento y la conservación. En tecnología, el régimen admite la ampliación de proyectos preexistentes si incorporan un bien nuevo con al menos 50% de componentes distintos y una inversión mínima de USD 250 millones.
El movimiento tiene lectura política y económica: el Ejecutivo intenta mostrar que el RIGI no solo atrae capital a energía y minería, sino también a sectores con impacto logístico y productivo. En paralelo, acelera un proceso ferroviario de largo plazo, con pliegos previstos para agosto y adjudicación estimada entre abril y mayo de 2027.
El decreto fija además que una inversión sobre infraestructura existente solo podrá encuadrarse si eleva de forma verificable la capacidad de transporte. La norma no impone un piso porcentual, pero exige medición técnica objetiva, una señal de pragmatismo regulatorio que busca habilitar proyectos sin relajarlos en exceso.
