Durante tres décadas, la matriz energética mexicana se apoyó principalmente en combustibles fósiles. El petróleo, el gas natural importado y el carbón sostuvieron la mayor parte de la generación eléctrica, lo que derivó en una dependencia estructural del exterior y en un incremento sostenido de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta trayectoria explica por qué el anuncio de alcanzar el 38 % de energía renovable al final del sexenio actual representa un punto de inflexión que va más allá de una meta numérica.
El plan contempla incorporar 32 000 megawatts, de los cuales 22 000 provendrán de tecnologías renovables. La Comisión Federal de Electricidad concentrará el 79 % de esa nueva capacidad, lo que refuerza el papel del Estado en la generación y reduce el margen de participación privada a poco más del 20 %. Esta distribución refleja una continuidad con la política energética de la administración anterior, pero añade un componente cuantitativo más ambicioso en materia renovable.
Dependencia histórica y cambio de rumbo
México importa actualmente cerca del 70 % del gas natural que consume. Esa dependencia se tradujo en vulnerabilidad ante fluctuaciones de precios internacionales y en una balanza comercial energética persistentemente deficitaria. El proyecto de la actual administración busca revertir esa tendencia al sustituir parte de la generación termoeléctrica por fuentes renovables, lo que podría reducir las importaciones de gas en los próximos años.
El aumento proyectado del 140 % en generación fotovoltaica, del 90 % en geotermia y del 70 % en energía eólica no surge de manera aislada. Responde a la necesidad de diversificar una matriz que, hasta 2018, mostraba una participación renovable estancada en torno al 20 %. Los proyectos ya en proceso —50 plantas fotovoltaicas por 7859 megawatts y 17 parques eólicos por 4701 megawatts— constituyen la base concreta sobre la que se edificará el nuevo objetivo.
Impacto en la reducción de emisiones y soberanía
La estimación oficial de evitar 69 millones de toneladas de CO₂ hacia 2030 equivale, en términos comparativos, a retirar de circulación aproximadamente 15 millones de automóviles durante un año. Esa cifra adquiere relevancia cuando se considera que México se comprometió en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional a reducir emisiones en un 35 % respecto a la línea base para 2030. El plan renovable contribuye de manera directa a ese compromiso internacional.
Al mismo tiempo, la menor importación de gas natural fortalece la soberanía energética. Históricamente, los contratos de importación con Estados Unidos exponían al país a riesgos geopolíticos y de precio. La sustitución parcial por generación local renovable modifica esa ecuación y otorga mayor margen de maniobra en la negociación de futuros acuerdos energéticos.
Efectos económicos y en el sistema eléctrico
La inversión total estimada de 739 000 millones de pesos se distribuye entre recursos públicos (36,6 %), privados (20,8 %) y mixtos (2,6 %). Este esquema mantiene el control mayoritario del Estado sobre la nueva infraestructura, pero incorpora capital privado en proporción limitada. La Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, que alcanzará 1000 megawatts en Sonora, ilustra el tipo de proyectos que concentrarán buena parte de los recursos públicos y que, por su escala, podrían generar economías de aprendizaje para toda la industria nacional.
El proyecto Oasis en Baja California Sur combina fotovoltaica, almacenamiento en baterías e hidrógeno verde. Este enfoque híbrido no solo aporta capacidad renovable, sino que también aborda el problema de la intermitencia, un desafío técnico recurrente en sistemas con alta penetración de renovables. La experiencia acumulada en este piloto puede servir como referencia para otras regiones con condiciones similares de aislamiento de la red nacional.
Consecuencias sociales y territoriales
La meta de justicia social enunciada por la Presidenta Sheinbaum implica que los beneficios de la transición no se concentren exclusivamente en zonas urbanas de alto consumo. La modernización de redes de distribución y la incorporación de sistemas inteligentes buscan reducir las interrupciones que afectan principalmente a comunidades del sureste y del norte del país durante picos de demanda por calor. Estas mejoras técnicas tienen un impacto directo en la calidad de vida de millones de usuarios que, hasta ahora, sufrían fallas recurrentes atribuibles a infraestructura obsoleta.
En el plano territorial, el desarrollo de grandes parques en Sonora y Baja California Sur puede dinamizar economías locales mediante la creación de empleos temporales durante la construcción y permanentes en operación y mantenimiento. No obstante, experiencias previas en otras regiones muestran que la distribución equitativa de estos beneficios requiere mecanismos de participación comunitaria que aún no están plenamente definidos en el plan actual.
Perspectivas de largo plazo
Si el objetivo del 38 % se cumple, México habrá dado un paso significativo hacia una matriz más limpia y menos dependiente. Sin embargo, la sostenibilidad de esa trayectoria dependerá de la capacidad de mantener las inversiones en transmisión y almacenamiento, así como de la evolución de los costos tecnológicos. La experiencia internacional indica que los sistemas con alta participación renovable requieren actualizaciones constantes de la red para evitar cuellos de botella que limiten la integración de nueva capacidad.
El énfasis en que los cortes de luz recientes se deben a fallas de distribución y no a falta de generación envía una señal de confianza técnica al mercado. Con una capacidad instalada superior a 70 000 megawatts frente a una demanda máxima pronosticada de 55 000 megawatts para este año, el margen de reserva parece suficiente. La pregunta relevante para los próximos años será si ese margen se preserva a medida que crece la demanda y se integran nuevas fuentes intermitentes.
En síntesis, el plan de energías renovables del actual sexenio marca una ruptura parcial con la trayectoria fósil de las últimas décadas. Sus efectos se medirán no solo en porcentajes de generación, sino en la reducción efectiva de importaciones, en la disminución de emisiones y en la capacidad del sistema para ofrecer un servicio más confiable y equitativo a la población.
