A doce años del derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto de 2014 en el Río Sonora, la senadora con licencia Lorenia Valles Sampedro afirmó que las comunidades afectadas recibirán una respuesta basada en acceso a agua potable, remediación ambiental, monitoreo y un hospital público. La legisladora calificó el anuncio como una forma de justicia social y ambiental, al sostener que el nuevo plan de acción coloca en el centro las necesidades de la población que permaneció sin una reparación efectiva durante años.
Valles recordó que cuando ocurrió el derrame se desempeñaba como diputada federal de oposición y participó en la Comisión Especial del Congreso de la Unión encargada de dar seguimiento a las medidas de reparación. Desde esa posición, dijo, pudo constatar que la respuesta institucional fue insuficiente y que los compromisos asumidos en los primeros años no se tradujeron en soluciones de fondo para la región.
Según su relato, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se creó un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para atender los daños del derrame. Sin embargo, señaló que su administración se caracterizó por la opacidad y por resultados nulos. En ese periodo, agregó, quedó como legado una estructura de obra negra que pretendía convertirse en hospital, pero terminó abandonada, lo que para las comunidades simbolizó el fracaso de la reparación prometida.
Un reclamo que se arrastra desde 2014
El derrame del 6 de agosto de 2014 en la cuenca del Río Sonora dejó una de las crisis ambientales más graves de la entidad y abrió una disputa prolongada sobre las obligaciones de las autoridades y de la empresa responsable. Desde entonces, los habitantes de la región han reclamado suministro seguro de agua, vigilancia sanitaria y remediación real del cauce, además de atención a los efectos que el evento tuvo sobre la salud y la economía local.
La nueva narrativa oficial, de acuerdo con Valles, cambia por el peso político que la acompaña. Sostuvo que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador comenzaron diálogos con las comunidades y que a finales de 2025 se alcanzaron acuerdos formales, con seguimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo. En esa lectura, el actual avance no se explica solo por una decisión administrativa, sino por una estrategia de negociación sostenida que finalmente aterrizó en compromisos verificables.
Hospital y río, las piezas centrales
Entre los anuncios más relevantes figura el inicio de la obra del nuevo hospital en Ures y la regeneración del río. Ambos componentes son clave porque responden a dos déficits distintos pero conectados: el deterioro ambiental y la falta de infraestructura médica para una población que, durante años, denunció riesgos persistentes para su salud. El plan busca, en términos prácticos, reconstruir confianza en una zona donde la reparación institucional quedó muy por detrás del daño original.
La importancia del proyecto no radica solo en el monto o en la obra física, sino en el precedente que puede marcar para otros conflictos socioambientales del país. Si se cumplen los compromisos, el caso del Río Sonora podría pasar de ser un emblema de impunidad y abandono a un ejemplo de intervención tardía pero integral. Si no se sostienen recursos, supervisión y continuidad política, la región volvería a enfrentar el mismo problema de fondo: anuncios amplios con resultados limitados en el territorio.
Para Valles Sampedro, la diferencia entre los gobiernos del pasado y los de la Cuarta Transformación está en que los derechos del pueblo se colocan al centro de las decisiones públicas. Esa es la tesis política de su mensaje, pero también el punto de evaluación para los próximos meses: en comunidades que han esperado más de una década, la justicia ambiental no se medirá por el discurso, sino por la ejecución puntual de agua, salud y restauración del río.
