La morosidad dejó de ser un problema limitado al sistema financiero y pasó a reflejar una presión más amplia sobre el presupuesto de los hogares. En una encuesta de D’Alessio Irol/Berenztein presentada durante la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el 66% de las personas que reconocieron haberse atrasado en sus pagos atribuyó el incumplimiento a una caída de sus ingresos o de su poder adquisitivo. Al mismo tiempo, cuatro de cada diez morosos afirmaron que destinan más del 40% de lo que ganan a cancelar deudas.
El dato adquiere mayor dimensión en un escenario de récord histórico de morosidad crediticia, que alcanza a casi seis millones de usuarios de servicios financieros. La encuesta no mide solamente cuotas bancarias impagas: también registra atrasos en servicios públicos, alquileres, préstamos informales y compromisos con familiares. Esa extensión permite observar que el endeudamiento se convirtió en un mecanismo utilizado para sostener gastos cotidianos, pero también en una fuente de fragilidad cuando los ingresos dejan de acompañar el aumento de los costos.
La mora aparece antes y golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos
El 64% de los consultados declaró estar al día con todas sus obligaciones. Sin embargo, el 15% tenía al menos un pago atrasado desde hacía menos de 30 días y otro 20% acumulaba una demora superior a ese plazo. En conjunto, el 35% de los encuestados registraba algún nivel de atraso, mientras que uno de cada cinco se encontraba en una situación de mora de más de 30 días, el umbral utilizado habitualmente en las estadísticas del Banco Central.
La distribución por nivel socioeconómico muestra que la capacidad de absorber un shock financiero no está repartida de manera uniforme. Sólo el 5% de las personas de nivel alto informó atrasos superiores a 30 días, frente al 30% en el nivel bajo. La diferencia no sólo describe quiénes tienen más dificultades para pagar: también indica que los hogares con menos margen de ahorro o menor acceso a crédito formal enfrentan una rápida acumulación de obligaciones cuando pierden ingresos.
Las tarjetas encabezan la lista, pero el problema desborda a los bancos
Entre quienes tenían pagos pendientes, el 59% mencionó deudas con tarjetas de crédito bancarias o no bancarias. Fue la obligación más frecuente, aunque no la única. El 37% señaló facturas impagas de luz, gas, agua, telefonía o internet; el 33% registraba atrasos en préstamos, adelantos o descubiertos bancarios; y el 26% debía dinero a familiares, amigos o prestamistas particulares.
También aparecieron deudas con billeteras digitales y plataformas de préstamos, mencionadas por el 18% de los morosos, además de obligaciones vinculadas con alquileres, expensas o vivienda, que alcanzaron al 16%. Los compromisos con comercios representaron el 9%. Como la pregunta permitía más de una respuesta, los porcentajes no representan una distribución excluyente: muestran la coexistencia de varias deudas en una misma persona.
La antigüedad de los atrasos se concentró en los primeros once meses. El 29% informó demoras inferiores a tres meses, el 24% tenía entre tres y seis meses de incumplimiento y el 27% entre seis y once meses. Esta concentración sugiere que una parte importante de los deudores todavía se encuentra en una etapa en la que una mejora de ingresos o una reestructuración podría evitar que el atraso se transforme en una situación más prolongada.
El ingreso perdido pesa más que el gasto extraordinario
La caída de los recursos fue la principal explicación del incumplimiento, con el 66% de las respuestas. El segundo motivo fueron los aumentos en servicios como luz, cable o internet, mencionados por el 58%. La combinación es relevante: no se trata únicamente de una deuda que crece por el costo financiero, sino de una relación cada vez más estrecha entre ingresos debilitados y gastos esenciales más elevados.
Los gastos de salud ocuparon el tercer lugar, con el 27%, seguidos por emergencias o desembolsos inesperados, con el 22%. El 20% dijo haber priorizado el alquiler o las expensas antes que una cuota. Un 15% destinó dinero a ayudar a familiares y otro porcentaje igual utilizó recursos para pagar una deuda distinta. Reparaciones del auto o de la vivienda fueron mencionadas por el 14%, mientras que la compra de electrodomésticos, muebles, un automóvil o el inicio de un emprendimiento tuvieron una incidencia marginal.
La secuencia de respuestas revela un fenómeno de sustitución: cuando el dinero no alcanza, los hogares no necesariamente dejan de pagar por una decisión financiera planificada, sino que ordenan sus obligaciones según su urgencia. La vivienda, la salud, los servicios y la asistencia familiar compiten así con las cuotas, y la deuda que queda relegada puede generar intereses, recargos y nuevas restricciones de acceso al crédito.
Una parte crítica del presupuesto ya está comprometida
En el total de la muestra, el 37% afirmó destinar entre el 41% y el 50% de sus ingresos al pago de deudas, mientras que el 25% ubicó esa proporción entre el 31% y el 40%. Otro 12% destinaba entre el 21% y el 30%, y el 7% entre el 11% y el 20%. Aunque la encuesta incorporó un desglose según el voto en las elecciones legislativas de 2025, los resultados deben leerse como una descripción de grupos encuestados y no como una explicación causal de sus niveles de endeudamiento.
El peso de las cuotas deja poco espacio para absorber nuevos aumentos o interrupciones laborales. Cuando más del 40% del ingreso está comprometido, una emergencia relativamente acotada puede alterar todo el calendario de pagos. Por eso, la morosidad no sólo funciona como un indicador de incumplimiento: también permite medir cuánto se ha reducido la capacidad de maniobra de los hogares.
Regularizar no depende sólo de la voluntad de pagar
El 60% de los encuestados sostuvo que no cuenta con ingresos suficientes para ponerse al día. Para el 16%, la dificultad consiste en que debe priorizar alimentos, vivienda, salud u otros gastos básicos. Otro 9% afirmó que los intereses y recargos elevaron demasiado el monto adeudado. La principal barrera, por lo tanto, aparece antes de cualquier negociación: la falta de dinero disponible para iniciar la regularización.
Los resultados presentados en Puerto Iguazú muestran una cadena que se retroalimenta. La pérdida de ingresos y el encarecimiento de servicios generan atrasos; los atrasos incrementan el costo de la deuda; y ese mayor costo reduce todavía más el ingreso disponible. Romper esa dinámica exige algo más que recuperar una cuota vencida: requiere que los ingresos vuelvan a crecer por encima de los gastos esenciales y que los mecanismos de refinanciación eviten que el tiempo convierta una dificultad transitoria en una exclusión financiera duradera.
