La propuesta de imponer el uso obligatorio de agua tratada en centros de datos surge en un momento en que México enfrenta presiones crecientes sobre sus recursos hídricos. Ricardo Vélez, permacultor y desarrollador de ranchos agropecuarios, señaló durante las discusiones sobre el dictamen de la ley de aguas en el Congreso local que el sector industrial consume hasta el 20 por ciento del agua a nivel mundial y que los procesos de enfriamiento en estas instalaciones pueden realizarse sin recurrir al recurso de primer uso. Esta posición busca reservar el líquido potable para consumo humano y actividades prioritarias sin detener el avance tecnológico.
El peso de la IA en el consumo hídrico
Los datos presentados por WWF en la edición 2026 de La Huella Hídrica de México revelan que el 76 por ciento de las extracciones nacionales se destinan a la agricultura, mientras que el 77 por ciento de los cuerpos de agua muestra algún grado de contaminación. A ello se suma la estimación de que cada kilowatt-hora consumido por un servidor de inteligencia artificial provoca la evaporación de cerca de nueve mil litros de agua durante el enfriamiento. Las proyecciones globales indican que para 2027 el consumo asociado a esta tecnología podría alcanzar seis mil millones de metros cúbicos, una cifra que obliga a revisar los marcos regulatorios actuales antes de que la expansión de centros de datos agrave la escasez regional.
José Gerardo Sinecio Ríos, director estatal de la Comisión Nacional del Agua, precisó que el consumo varía según las tecnologías empleadas y que algunas ya minimizan el uso del recurso. Conagua, aclaró, no busca impedir la llegada de estas instalaciones, pero sí garantizar que las concesiones se respeten y que las descargas cumplan con las normas técnicas. Hasta ahora no existen sanciones aplicadas a centros de datos por uso indebido, aunque se actúa de inmediato ante denuncias recibidas.
Posturas de reguladores frente a promotores ambientales
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, sostuvo que los centros de datos no consumen cantidades tan elevadas como se ha señalado y que las autoridades vigilan su operación mientras avanzan en la restauración de bancos hídricos. Esta visión contrasta con la de Vélez, quien considera que la obligación de agua tratada representa una oportunidad para reducir la demanda sin frenar el desarrollo industrial. La diferencia radica en el grado de precaución: mientras unos priorizan la verificación de volúmenes autorizados, otros impulsan cambios normativos preventivos que obliguen a tecnologías de enfriamiento de circuito cerrado o con agua reciclada.
Innovación tecnológica como respuesta regulatoria
Una primera perspectiva original indica que la exigencia de agua tratada podría acelerar la adopción de sistemas de enfriamiento por inmersión o evaporación indirecta, tecnologías ya probadas en Europa y Asia que reducen el consumo hasta en un 90 por ciento. Esta transición no implica costos prohibitivos a mediano plazo si las concesiones condicionan su renovación a la implementación de estas soluciones. El argumento se sustenta en que varios operadores globales ya migran hacia estos métodos para cumplir con estándares ambientales más estrictos en otros países, lo que sugiere que México podría atraer inversiones orientadas a la eficiencia hídrica en lugar de perderlas.
Infraestructura de tratamiento y equidad regional
Otra visión sostiene que la medida redistribuiría el acceso al agua en estados con alta concentración de centros de datos, como Querétaro o Nuevo León, donde la competencia por el recurso entre agricultura, industria y población urbana es intensa. Sin embargo, esta redistribución depende de que las plantas de tratamiento municipales tengan capacidad suficiente y que los operadores de centros de datos asuman parte de los costos de conexión y calidad. De lo contrario, la regulación podría generar cuellos de botella administrativos que retrasen proyectos ya autorizados y afecten la competitividad del país frente a jurisdicciones con marcos más flexibles.
Riesgos de aplicación desigual y escasez futura
El tercer análisis apunta a que la ausencia de sanciones previas podría reflejar una capacidad limitada de fiscalización en tiempo real. Si las denuncias siguen siendo el principal mecanismo de control, existe el riesgo de que el uso excesivo continúe hasta que la escasez se vuelva evidente para las comunidades locales. Además, las proyecciones de crecimiento de la inteligencia artificial sugieren que el consumo hídrico global asociado podría multiplicarse en los próximos cinco años, lo que haría insuficiente cualquier medida que no incluya auditorías periódicas y metas cuantitativas de reducción por instalación.
Las tres perspectivas coinciden en que la prioridad debe seguir siendo el abastecimiento humano, pero discrepan en la velocidad y profundidad de los cambios regulatorios necesarios. Mientras los reguladores enfatizan la verificación de títulos existentes, los promotores ambientales abogan por obligaciones explícitas de agua tratada que transformen la industria desde su diseño. El desenlace dependerá de la capacidad del Congreso local para equilibrar ambos enfoques sin generar vacíos que la expansión tecnológica pueda explotar.
