La Ciudad de México enfrenta una tensión creciente entre el impulso al turismo internacional y las restricciones impuestas a los alojamientos de corta estancia. Mientras las autoridades han respaldado eventos de gran escala, la falta de claridad regulatoria ha generado incertidumbre entre miles de propietarios que dependen de plataformas como Airbnb para complementar sus ingresos.
En junio de 2025, FIFA y Airbnb anunciaron una alianza global que convirtió a la plataforma en proveedor oficial de alojamiento alternativo para la Copa Mundial de 2026. Las proyecciones iniciales estimaban más de 380.000 huéspedes y una derrama económica de 3.600 millones de dólares para las sedes anfitrionas. Sin embargo, la regulación vigente en la capital mexicana, particularmente el límite del 50% de noches anunciado en 2024 y aún sin aplicarse, ha frenado el aprovechamiento de esa oportunidad.
Amparos y falta de certeza jurídica
Más de 700 anfitriones han presentado amparos ante tribunales. No se trata, según los promoventes, de un intento por evadir normas, sino de obtener certeza sobre si podrán continuar operando. El 90% de estos propietarios posee entre una y dos propiedades y utiliza los ingresos para cubrir gastos familiares o para permanecer en su propia vivienda. Los demandantes argumentan que defienden derechos básicos: el trabajo lícito, el uso de su patrimonio y la igualdad frente a hoteles que operan sin las mismas limitaciones.
El proceso judicial permanece en un estado de indefinición. Los expedientes oscilan entre juzgados administrativos y especializados en competencia económica, sin que hasta ahora se haya resuelto el fondo del asunto. Existen suspensiones provisionales vigentes, pero los tribunales aún no han determinado si la regulación es constitucional.
Diferencias entre perfiles de anfitriones
El debate central que ha permanecido fuera de la discusión pública distingue entre dos realidades distintas. Por un lado, el propietario individual que renta su departamento o una segunda residencia hipotecada para complementar su ingreso familiar. Por otro, las empresas que administran edificios completos con decenas de unidades. Una política que no reconozca esta diferencia corre el riesgo de afectar desproporcionadamente a quienes menos capacidad tienen de absorber pérdidas o adaptarse a cambios abruptos.
Hasta el momento, la Ciudad de México no ha desarrollado un marco diferenciado que equilibre el desarrollo turístico con el acceso a la vivienda. La experiencia de otras ciudades muestra que regulaciones bien diseñadas pueden coexistir con el crecimiento de plataformas digitales sin sacrificar la oferta habitacional local.
Contexto judicial y relevos institucionales
En paralelo a este litigio, se han registrado cambios en el Poder Judicial Federal. Ana Margarita Ríos Farjat, exministra de la Suprema Corte, se incorporó a la firma Holland & Knight tras concluir su periodo. Por su parte, la jueza Tessy del Rocío Covarrubias Torres asumió la titularidad del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, órgano que atiende procedimientos de alto impacto económico como el concurso de TV Azteca y asuntos relacionados con Magnicharters.
Estos movimientos ocurren mientras el sector de alojamientos alternativos espera definiciones que permitan planificar con claridad de cara al Mundial de 2026. La ausencia de criterios diferenciados y la prolongación del limbo judicial continúan limitando las opciones tanto de propietarios como de visitantes que podrían beneficiarse de una oferta más amplia y regulada de manera equilibrada.
