El proyecto de reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda planea radicar el 20 de julio busca recaudar 30 billones de pesos, equivalentes al 1,4 % del PIB. Sin embargo, el Comité Autónomo de Regla Fiscal ha decidido excluir esa cifra de su escenario base por la ausencia de un texto oficial que permita verificar su viabilidad. Las proyecciones oficiales apuntan a un déficit del 7,4 % del PIB y a una deuda neta del 61 % del PIB para 2026, niveles que el propio Carf considera los más altos de la historia reciente del país.
Cálculos oficiales bajo cuestionamiento técnico
Christian Quiñonez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian, sostiene que las proyecciones del Ejecutivo presentan fallas estructurales de diseño y que retoman elementos de iniciativas anteriores que ya fracasaron en el Congreso. Esa repetición de fórmulas sin ajustes profundos reduce la probabilidad de que la nueva reforma logre estabilizar las cuentas públicas. El Carf ha advertido que el simple anuncio de medidas, sin decisiones de política concretas, no permite restablecer la confianza de los mercados ni de los organismos multilaterales.
La decisión del Carf de no incorporar los 30 billones en su escenario base refleja una postura institucional que prioriza la prudencia fiscal. Al mantener esa exclusión, el comité proyecta un deterioro sostenido de las finanzas públicas que obligaría al próximo gobierno a enfrentar restricciones presupuestarias más severas desde el primer día de su mandato.
Impacto en la credibilidad del marco fiscal
La exclusión de los ingresos proyectados por el Carf envía una señal clara a los inversionistas institucionales y a las agencias calificadoras. Cuando un organismo técnico independiente rechaza incorporar las metas de recaudo de un gobierno, los costos de financiamiento de la deuda tienden a elevarse porque el mercado exige primas de riesgo más altas. Esta dinámica ya se observa en el incremento gradual de los rendimientos de los títulos de deuda colombiana en los últimos trimestres.
Empresas del sector financiero y grandes contribuyentes que planifican sus inversiones de mediano plazo enfrentan incertidumbre adicional. La falta de claridad sobre qué medidas concretas se presentarán el 20 de julio dificulta la elaboración de escenarios tributarios confiables y puede postergar decisiones de expansión o repatriación de capitales.
Tres perspectivas sobre la estrategia de diferimiento
Una lectura posible es que el gobierno actual opta por diferir el ajuste fiscal para trasladar la responsabilidad al siguiente mandato. Esta aproximación, descrita por Quiñonez como “la estrategia del caracol”, permite presentar una narrativa de continuidad de políticas sociales mientras se pospone el costo político de recortes o aumentos de impuestos más amplios. Sin embargo, el mismo mecanismo puede erosionar la capacidad de maniobra del próximo gobierno al heredarle un nivel de endeudamiento más elevado y una menor holgura presupuestaria.
Otra perspectiva proviene de los organismos de control fiscal. El Carf ha señalado que, de aprobarse la reforma en términos similares a los anunciados, el resultado probable no sería la estabilización sino un agravamiento del gasto sin contrapartida de ingresos permanentes. Esta advertencia introduce un elemento de tensión institucional entre el Ejecutivo y el comité técnico que podría complicar la aprobación de futuros marcos fiscales de mediano plazo.
Desde el Congreso, varios legisladores han expresado reservas sobre repetir fórmulas rechazadas en reformas anteriores. La combinación de escepticismo técnico y resistencia política reduce las probabilidades de que la iniciativa logre un trámite expedito y puede derivar en negociaciones que diluyan aún más el recaudo esperado.
Riesgos de sostenibilidad y escenarios futuros
Si los ingresos adicionales no se materializan, el gobierno tendrá que recurrir a mayor emisión de deuda para financiar el gasto corriente. Un nivel de endeudamiento que supere el 61 % del PIB incrementa la vulnerabilidad ante shocks externos, como variaciones en las tasas de interés internacionales o caídas en los precios de las materias primas. En un escenario de tasas persistentemente altas, el servicio de la deuda absorbería una porción creciente del presupuesto, desplazando recursos de inversión social y de infraestructura.
El próximo gobierno podría verse obligado a implementar ajustes más abruptos, ya sea mediante recortes de gasto o mediante una reforma tributaria de mayor alcance. Esa posibilidad eleva el riesgo de inestabilidad política y de menor crecimiento económico en el corto plazo, pues las empresas anticipan cambios regulatorios y posponen decisiones de inversión. La acumulación de desequilibrios fiscales también podría afectar la calificación crediticia del país, encareciendo aún más el acceso al crédito externo.
La experiencia de otros países latinoamericanos que enfrentaron situaciones similares muestra que los diferimientos prolongados suelen traducirse en ciclos de ajuste más costosos. Colombia no es ajena a esa dinámica: episodios anteriores de deterioro fiscal requirieron posteriormente paquetes de corrección que incluyeron tanto aumentos de impuestos como reducciones de gasto, con efectos contractivos sobre la actividad económica.
