La implantación de los tribunales de instancia en España representa el cambio organizativo más profundo del sistema judicial desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Aunque los datos presentados por el ministro Félix Bolaños corresponden al periodo julio 2025-junio 2026, el origen de esta transformación se remonta a 2017, cuando todas las asociaciones judiciales coincidieron en diagnosticar que el modelo de juzgados unipersonales había agotado su capacidad de respuesta ante el incremento sostenido de asuntos.
Durante décadas, la creación de una nueva plaza judicial implicaba un coste medio de 600.000 euros anuales entre retribuciones y personal auxiliar. El nuevo diseño reduce esa cifra a menos de 100.000 euros por plaza al concentrar recursos en estructuras colegiadas y digitalizadas. Esta diferencia de costes no es meramente contable: permite redirigir fondos hacia la digitalización, que ha absorbido 850 de los 1.120 millones invertidos en la legislatura.
Del diagnóstico compartido a la obligatoriedad de los MASC
La obligatoriedad de acudir a medios adecuados de solución de controversias antes de presentar demanda civil constituye el mecanismo más directo de contención de litigiosidad. En el ámbito civil la reducción alcanza el 21,3 %, muy por encima de la media general del 10 %. Esta diferencia revela que buena parte de los conflictos patrimoniales, de consumo o de familia pueden resolverse fuera de los tribunales cuando existe un incentivo procesal claro.
El efecto no es inmediato. Los datos del primer trimestre de 2026 muestran una caída interanual del 35,8 % en el ingreso de asuntos civiles, mientras que la pendencia total se reduce por primera vez en una década (0,7 %). La excepción pandémica confirma la regla: solo durante el confinamiento se observó una caída similar, pero fue coyuntural y se revirtió rápidamente. La bajada actual aparece vinculada a cambios estructurales permanentes.
Efectos en la eficiencia y la calidad de las resoluciones
El aumento del 7,3 % en señalamientos y del 5,4 % en vistas celebradas indica que los tribunales de instancia están utilizando mejor el tiempo de los jueces. Al desaparecer la figura del juez unipersonal que acumulaba funciones de instrucción, juicio y ejecución, se genera una especialización interna que reduce errores y recursos. En la práctica, un mismo magistrado dedica ahora más horas a la deliberación y menos a tareas administrativas.
Este reordenamiento tiene consecuencias directas sobre la predictibilidad de las resoluciones. Cuando los mismos equipos resuelven materias afines de forma reiterada, se consolida una línea jurisprudencial más coherente dentro de cada tribunal. Esa coherencia reduce la litigiosidad en segunda instancia, ya que las partes perciben menor margen de éxito en apelación.
Impacto económico y social más allá de los juzgados
La reducción de la pendencia civil tiene efectos multiplicadores en la economía real. Contratos de compraventa, disputas entre pymes o reclamaciones de impagos que antes permanecían bloqueados durante años ahora se resuelven con mayor celeridad. Esto mejora la liquidez de las empresas y reduce el coste de financiación, ya que los bancos descuentan menos riesgo de mora judicial en sus análisis de crédito.
En el ámbito familiar, la menor entrada de procedimientos de divorcio contencioso gracias a los MASC puede traducirse en menor conflictividad post-ruptura y en una reducción de los costes emocionales y económicos que recaen sobre los hijos. Estudios comparados en países que implantaron sistemas similares muestran descensos del 15 al 20 % en solicitudes de modificación de medidas en los tres años posteriores a la reforma.
El modelo también altera el equilibrio territorial. Las comunidades sin transferencias de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, más Asturias y La Rioja) han sido las primeras en aplicar el nuevo esquema. Esto genera un laboratorio natural que permitirá comparar resultados con las comunidades que mantienen el modelo antiguo durante más tiempo.
Riesgos y condiciones para la consolidación
La reforma no está exenta de desafíos. La concentración de plazas en tribunales de instancia puede generar, en zonas de baja densidad poblacional, un incremento de los desplazamientos de los justiciables. Si los sistemas de videoconferencia no alcanzan la calidad necesaria, ese incremento podría traducirse en menor acceso efectivo a la justicia para colectivos vulnerables.
Otro factor de riesgo radica en la formación continua. Los datos de mayor número de juicios solo se sostendrán si los nuevos equipos judiciales cuentan con herramientas tecnológicas estables y protocolos claros de trabajo colegiado. La inversión en digitalización ha sido elevada, pero su mantenimiento y actualización requerirán dotaciones presupuestarias recurrentes que no siempre están garantizadas.
Por último, el éxito de los MASC depende de que los operadores jurídicos (abogados, procuradores y mediadores) dispongan de incentivos alineados. Si la mediación se percibe únicamente como un trámite previo obligatorio sin valor añadido, las partes podrían limitarse a cumplir el requisito formal sin verdadero intento de acuerdo, diluyendo el efecto reductor de litigiosidad.
La experiencia de los próximos tres años será decisiva. Si la tendencia de descenso de la pendencia civil se mantiene y se extiende al orden contencioso-administrativo, la reforma habrá demostrado que la reorganización estructural combinada con incentivos procesales puede revertir dinámicas de colapso acumuladas durante décadas. En caso contrario, el sistema judicial español habrá consumido una oportunidad de modernización difícil de repetir en el corto plazo.
