La discusión sobre energía en México suele quedar atrapada entre dos extremos: producir más o importar más. El texto original introduce una tercera vía, menos vistosa pero decisiva: usar mejor lo que ya existe. Esa idea cobra peso en un contexto en el que tres de cada cuatro partes del gas que consume el país provienen de Estados Unidos, una dependencia que no nació de un día para otro, sino de décadas de menor inversión pública en infraestructura energética, menor exploración de Pemex y una CFE que fue perdiendo espacio frente a actores privados.
Esa trayectoria ayuda a entender por qué la soberanía energética dejó de ser una consigna abstracta para convertirse en una cuestión de operación diaria. Cuando México depende de una sola fuente externa para abastecer su industria, su generación eléctrica y parte de su actividad manufacturera, cualquier sobresalto en esa cadena se vuelve un problema nacional. La helada que paralizó Texas en febrero de 2021 lo dejó claro: los ductos se congelaron, el suministro cayó y la CFE tuvo que comprar combustible de emergencia a precios extraordinarios. El costo no se limitó al balance público; hubo fábricas detenidas, interrupciones eléctricas y pérdidas en el norte del país que mostraron hasta qué punto la interdependencia puede transformarse en vulnerabilidad.
En ese marco aparece la propuesta del comité de 54 científicos presentado ante la presidenta Claudia Sheinbaum: antes de discutir si México debe o no avanzar hacia el gas natural no convencional, conviene mirar cuánto consumo puede evitarse mediante eficiencia energética. El dato que ponen sobre la mesa es significativo: hasta 500 millones de pies cúbicos diarios de gas podrían ahorrarse sin perforar un solo pozo. No es una cifra marginal. Equivale a desplazar una parte relevante de la demanda por la vía menos costosa, la más rápida de implementar y también la que menos conflictos sociales y ambientales suele arrastrar.
La razón por la que esta opción recibe menos atención que el fracking es política y simbólica. Una central eléctrica nueva, un pozo o un gasoducto ofrecen una imagen inmediata de capacidad estatal; la eficiencia, en cambio, no inaugura nada. Se expresa en mejoras discretas: una fábrica que produce lo mismo con menos electricidad, un edificio público que reduce su consumo, un refrigerador más eficiente que ahorra energía durante años. Son decisiones que no generan ceremonia, pero sí resultados acumulativos. En la práctica, cada punto de eficiencia ganado reduce la necesidad de extraer, transportar e importar energía, y con ello baja la exposición del país a shocks externos y a emisiones innecesarias.
El debate también corrige una confusión extendida: eficiencia no significa pedir sacrificio ni imponer austeridad doméstica. La política pública bien diseñada no obliga a vivir con menos, sino a desperdiciar menos. Ahí entran normas de desempeño para electrodomésticos, estándares para construcciones públicas, modernización de transporte, apoyos a la industria para producir más con el mismo consumo y continuidad regulatoria para que los avances no se pierdan con cada cambio de gobierno. Si esas medidas se sostienen, la eficiencia deja de ser una recomendación técnica y pasa a ser una herramienta de desarrollo, porque libera recursos fiscales, reduce presión sobre la red eléctrica y atenúa la necesidad de ampliar importaciones.
Su alcance social también es más amplio de lo que parece. En México, el consumo energético incide en el precio de bienes básicos, en la competitividad de las empresas y en la estabilidad del suministro en regiones industriales. Un programa serio de eficiencia puede beneficiar tanto a grandes plantas como a hogares que sustituyen equipos obsoletos por otros de menor consumo. El efecto acumulado no es menor: menos gasto para operar, menos volatilidad ante crisis internacionales y menos exposición a escenarios en los que el gas o la electricidad se encarecen por razones ajenas al país.
Por eso el debate no debería reducirse a la alternativa entre perforar más o importar más. La pregunta de fondo es cuánta energía puede dejar de necesitar México para crecer. Esa formulación cambia el eje de la conversación pública. En vez de pensar la soberanía solo como volumen de producción, la sitúa también en la capacidad de administrar mejor la demanda. En un país que aspira a sostener desarrollo económico sin multiplicar su huella ambiental, esa diferencia es crucial. La eficiencia energética no reemplaza todas las demás decisiones, pero sí puede ordenar el resto: permite ganar tiempo, disminuir riesgos y construir una base menos dependiente de coyunturas externas.
El efecto más duradero quizá sea cultural. Durante años, la política energética se ha explicado como una disputa por la oferta. El planteamiento del comité abre una discusión más madura: la soberanía también se defiende reduciendo la necesidad de importar, de construir de urgencia y de reaccionar tarde. México no resolverá su dilema energético únicamente produciendo más. También tendrá que decidir qué tan lejos puede llegar dejando de desperdiciar lo que ya tiene. Ahí se juega una parte real de su autonomía futura.
