Las principales plataformas digitales generan cientos de miles de millones de dólares al año mediante un modelo que prioriza la captura prolongada de la atención del usuario. En el caso de los menores de edad, ese mismo esquema se asocia cada vez con mayor frecuencia a riesgos documentados para la salud mental, un debate que en México comienza a tomar forma institucional mientras otros países ya aplican restricciones de edad y obligaciones de diseño.
El núcleo del negocio no es la socialización en sí, sino la monetización del tiempo de permanencia. El mercado global de publicidad en redes sociales se sitúa entre 300 y 340 mil millones de dólares anuales, con proyecciones cercanas a 338 mil millones para 2026. Meta Platforms, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, reportó en 2025 ingresos por 201 mil millones de dólares, la inmensa mayoría provenientes de publicidad, con un beneficio neto cercano a 60.5 mil millones y márgenes operativos del orden del 41 por ciento. ByteDance, propietaria de TikTok, maneja ingresos estimados entre 155 y 186 mil millones; solo TikTok generó alrededor de 33 mil millones. YouTube, dentro de Alphabet, supera los 40 mil millones solo en publicidad y rebasa los 50-60 mil millones al sumar suscripciones. Estas cifras colocan a las compañías entre las más rentables del planeta y explican la intensidad con la que optimizan sus sistemas de recomendación.
Los algoritmos impulsados por inteligencia artificial están diseñados para maximizar el tiempo de uso mediante notificaciones constantes, desplazamiento infinito, recomendaciones personalizadas y recompensas de dopamina que dificultan la desconexión. En cerebros aún en desarrollo, ese diseño no solo favorece la dependencia: puede alterar la percepción de la realidad y distorsionar el autoconcepto. La evidencia científica ha ido acumulándose. El advisory del Surgeon General de Estados Unidos, actualizado en años recientes, indica que los adolescentes que pasan más de tres horas diarias en redes enfrentan el doble de riesgo de depresión y ansiedad; el promedio actual ya supera ese umbral. Estudios longitudinales asocian el incremento del uso de TikTok, Instagram y YouTube con menor bienestar, autoestima y calidad de las relaciones el mismo día. El uso adictivo se vincula, además, con mayor riesgo de ideación suicida. Los mecanismos identificados incluyen comparación social permanente, disrupción del sueño y exposición a contenidos que los menores no procesan con la distancia crítica necesaria.
Cifras de exposición en México
En México, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Inegi registra que en 2024 el 64.3 por ciento de la población de 6 a 17 años usaba redes sociales, lo que equivale a 16.8 millones de menores. Entre los adolescentes de 12 a 17 años la cifra se eleva al 88.4 por ciento. El tiempo de exposición es elevado: los jóvenes de esa edad pasan en promedio cerca de 4.7 a 5 horas diarias frente a pantallas, y TikTok destaca con más de 45 horas mensuales por usuario. El ciberacoso afecta a entre 23 y 25 por ciento de los usuarios de internet de 12 a 17 años. Estos datos sitúan al país en un escenario de alta penetración y uso intensivo, comparable al de economías con mayor regulación ya en marcha.
La rentabilidad de las plataformas se sostiene, en buena medida, sobre la capacidad de retener a audiencias jóvenes. Esa realidad ha llevado a varios gobiernos a establecer límites. Australia prohibió el acceso a las principales redes a menores de 16 años desde diciembre de 2025. Francia aprobó una restricción para menores de 15 años. Indonesia y Malasia aplican umbrales similares a los 16 años. India mantiene una prohibición total de TikTok desde 2020. Estados Unidos forzó la desinversión de las operaciones de la plataforma china en su territorio. La tendencia internacional apunta a verificación real de edad, obligaciones de “diseño seguro” y mayor responsabilidad de las empresas sobre los efectos de sus productos.
El debate regulatorio que inicia en el país
En México la discusión apenas se detona. El gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública impulsan foros regionales para construir una propuesta de regulación. Se trata de un paso necesario, aunque incompleto si no involucra de manera coordinada al sector educativo, a las autoridades de salud pública, a los reguladores, al Poder Legislativo, a las propias empresas y, de forma central, a las familias. La prohibición de celulares en escuelas, ya adoptada en 16 estados, aborda solo una parte del problema. Un marco más amplio requeriría educación digital efectiva, límites de edad verificables, transparencia algorítmica y un rediseño de los incentivos que hoy premian la adicción.
Las plataformas sostienen que ofrecen herramientas de control parental y opciones de tiempo de uso, y que la responsabilidad última recae en los tutores. Críticos y organismos de salud argumentan que esas medidas son insuficientes frente a sistemas optimizados para la retención máxima y que los menores no pueden consentir de manera informada un entorno diseñado para capturar su atención. La tensión entre libertad de expresión, innovación tecnológica y protección de la infancia atraviesa el debate. Lo que queda claro es que el modelo de negocio actual genera externalidades medibles en salud mental, y que la corresponsabilidad de las empresas ya no puede quedar fuera de la ecuación pública.
La construcción de una política coherente exigirá datos actualizados, evaluación de experiencias internacionales y mecanismos de cumplimiento que vayan más allá de declaraciones voluntarias. Mientras tanto, millones de menores mexicanos continúan expuestos a entornos digitales cuya lógica comercial no fue pensada para cerebros en formación. El costo de no actuar se mide no solo en ingresos publicitarios, sino en indicadores de bienestar que empiezan a deteriorarse de manera observable.
