La promesa de justicia social del gobierno de Clara Brugada enfrenta una contradicción en las cuadrillas de limpia urbana: al menos cuatro trabajadores han muerto mientras realizaban esas labores o eran trasladados para cumplirlas, según una investigación de Proceso. El esquema combina programas sociales y empresas tercerizadas para mantener el servicio sin reconocer a los trabajadores como empleados ni garantizarles seguridad social, prestaciones o estabilidad.
Trabajo subordinado, sin derechos laborales
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), encabezada por Raúl Basulto Luviano, coordina y supervisa las brigadas en vialidades y espacios públicos. Tras el despido de 415 trabajadores de Jax Group, ocurrido el 2 de enero de 2025, la dependencia negó haberlos contratado y ofreció incorporarlos al programa Reverdeciendo la Capital, posteriormente integrado en Transformando la Capital: Servicios Públicos Cercanos a la Gente.
Las reglas de operación prevén incorporar a 6 mil 329 personas con un presupuesto de casi 494 millones de pesos. Sin embargo, la Carta Compromiso que deben firmar las denomina “personas beneficiarias facilitadoras” y establece que su participación no crea una relación laboral. La continuidad depende del cumplimiento de las tareas y pueden ser dados de baja tras acumular cuatro faltas en un mes. Testimonios recogidos por Proceso también señalan que algunos participantes entregaron documentos de familiares, presuntamente incorporados al padrón sin recibir los apoyos.
Mariana Ascensión Quiroz, exempleada de Jax Group, describió el cambio: bajo la empresa recibía uniforme, equipo, pausas de hidratación y tiempo para comer; dentro del programa perdió esas garantías, aunque continuó bajo instrucciones de la Sobse. Tres trabajadores consultados afirmaron que al inicio de 2026 recibían menos del salario mínimo; después el monto fue ajustado, sin modificar su situación administrativa.
El riesgo también aumentó. Personas de entre 50 y 70 años fueron convocadas a jornadas nocturnas vinculadas, entre otras actividades, con obras de preparación para el Mundial, algunas de hasta 15 horas, sin pago extra. El uso de uniformes guinda en vialidades, menos visibles que los anteriores, precedió a accidentes en los que dos trabajadores fueron atropellados. El caso muestra que el programa no solo reemplaza contratos: traslada al trabajador los costos y riesgos de un servicio público que el gobierno sigue controlando.
