El Gobierno de Zacatecas, mediante la Secretaría de Finanzas y la Coordinación Estatal de Planeación, ha definido los lineamientos para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2027. El documento establece como ejes centrales la política social, el desarrollo estatal y la perspectiva de género. La administración actual busca cerrar su periodo con un ejercicio fiscal ordenado que cumpla los plazos legales y permita una entrega-recepción sin pendientes administrativos.
Compromisos del Plan Estatal de Desarrollo
El anteproyecto debe alinearse con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Este marco obliga a destinar recursos a infraestructura pública, deportiva, educativa, salud, seguridad, carreteras, agua y apoyos sociales. La meta explícita es concluir obras en marcha y evitar compromisos sin ejecutar que compliquen el cambio de administración. Las 49 dependencias estatales y organismos autónomos participan en la integración del documento, que debe presentarse ante la Legislatura local a más tardar el 30 de noviembre.
La titular de Finanzas ha insistido en que cada peso debe planificarse con transparencia y ejecutarse bajo criterios de responsabilidad fiscal. Esta exigencia responde a la necesidad de demostrar resultados tangibles antes del cierre del sexenio.
Impacto en programas sociales y de género
La inclusión explícita de la perspectiva de género modifica la forma en que se diseñan los programas. Las acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes adquieren prioridad, al igual que los objetivos de desarrollo sostenible. Este enfoque puede traducirse en mayor asignación presupuestal a becas, centros de atención y proyectos productivos con enfoque diferencial. Sin embargo, la efectividad dependerá de la capacidad de las dependencias para traducir lineamientos en indicadores medibles y verificables.
Los organismos autónomos también deben ajustar sus solicitudes de recursos a estos criterios. La coordinación entre entidades resulta clave para evitar duplicidades y garantizar que los apoyos lleguen a los sectores más vulnerables sin dispersión administrativa.
Presión sobre infraestructura y seguridad
El documento contempla acciones de prevención del delito, combate a la corrupción, cero impunidad y respeto a derechos humanos. Estas líneas exigen recursos adicionales en un contexto de restricciones fiscales. La red carretera, la disponibilidad de agua y la infraestructura educativa requieren inversiones sostenidas que compiten con otras demandas urgentes. La experiencia de ejercicios anteriores muestra que los proyectos de obra pública suelen sufrir recortes cuando el ingreso estatal no alcanza las proyecciones.
Los gobiernos municipales, aunque no participan directamente en la elaboración del anteproyecto estatal, dependen de transferencias y convenios para ejecutar obras locales. Cualquier retraso en la definición del presupuesto estatal afecta directamente sus planes de inversión.
Riesgos de ejecución y contexto económico
El contexto económico actual introduce variables que complican la planeación. La inflación en materiales de construcción, la volatilidad de precios energéticos y posibles ajustes en participaciones federales pueden alterar los montos disponibles. El anteproyecto debe incorporar escenarios de contingencia que permitan reasignaciones sin comprometer los compromisos prioritarios.
Otro riesgo radica en la capacidad institucional para ejecutar el gasto en los tiempos previstos. Históricamente, los recursos etiquetados para obra pública presentan subejercicios por trámites administrativos o falta de proyectos ejecutivos listos. Si el gobierno no logra concluir las obras planeadas, la entrega-recepción podría dejar procesos pendientes que compliquen el inicio de la siguiente administración.
Perspectivas de actores involucrados
La Coordinación Estatal de Planeación enfatiza la necesidad de programas con impacto medible en la población. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos y prevención del delito esperan que se destinen recursos suficientes para fortalecer instancias locales. Los sectores productivos, por su parte, observan con atención la distribución de recursos hacia infraestructura carretera y apoyo al campo, rubros que afectan directamente la competitividad estatal.
La Legislatura local recibirá el documento en noviembre y tendrá la responsabilidad de revisar que los montos propuestos cumplan con los lineamientos de transparencia y perspectiva de género. Cualquier observación deberá resolverse antes de la aprobación final del presupuesto.
El ejercicio 2027 representa la última oportunidad de la actual administración para demostrar resultados concretos en los rubros priorizados. La calidad de la planeación y la disciplina en la ejecución determinarán si el estado concluye el periodo con obras terminadas y programas consolidados o con compromisos pendientes que limiten el margen de maniobra del siguiente gobierno.
