El dólar estadounidense cerró el 31 de julio en 58 pesos dominicanos, un avance de apenas 0,16 por ciento frente al cierre previo de 57,91. Esta variación mínima oculta, sin embargo, una dinámica más compleja: la moneda local ha mostrado en las últimas semanas una resistencia que contrasta con las proyecciones de depreciación gradual que maneja el propio Banco Central. La volatilidad actual, situada en 8,57 por ciento, inferior al promedio histórico de 11,42, indica que el mercado cambiario opera bajo un control más estricto de lo que suele percibirse en economías emergentes de tamaño similar.
El primer punto de análisis relevante es que el leve fortalecimiento semanal del peso no responde únicamente a factores estacionales de demanda turística. La combinación de un superávit primario proyectado de 0,5 por ciento del PIB para 2026 y un estímulo fiscal focalizado que ya elevó el gasto de capital en 0,4 por ciento del PIB en 2025 sugiere que las autoridades están administrando activamente el tipo de cambio para evitar presiones inflacionarias antes de las elecciones. Esta estrategia, aunque efectiva en el corto plazo, transfiere el costo de la estabilidad a los importadores, quienes enfrentan márgenes más estrechos y deben trasladar parte del encarecimiento a precios finales.
El rol del turismo y las remesas como ancla externa
El informe de UBS destaca que los superávits de servicios y remesas compensarán el déficit en cuenta corriente, manteniéndolo entre 2 y 2,5 por ciento del PIB. Sin embargo, este equilibrio depende de que el turismo mantenga su ritmo de recuperación. Un análisis más fino muestra que el sector hotelero y de servicios conexos genera aproximadamente 35 por ciento de las divisas netas que entran al país. Si las tasas de interés internacionales permanecen bajas, la demanda de viajes hacia República Dominicana podría sostenerse, pero cualquier choque climático o deterioro de la percepción de seguridad alteraría rápidamente ese flujo. Los operadores turísticos ya reportan que los contratos de 2026 se negocian con cláusulas de revisión cambiaria más estrictas, lo que indica que el sector privado está internalizando el riesgo de depreciación antes que las autoridades lo reconozcan públicamente.
Perspectivas de los importadores frente a los exportadores de servicios
Los importadores de bienes de capital y consumo masivo ven con preocupación la trayectoria proyectada por el Banco Central: 66,35 pesos en septiembre de 2026 y 69,15 un año después. Este ritmo de depreciación controlada, cercano al 14 por ciento acumulado, encarecerá la reposición de inventarios y podría reducir la rentabilidad de sectores como la distribución minorista y la industria ligera. En contraste, los exportadores de servicios turísticos y los receptores de remesas experimentan un efecto positivo: cada peso depreciado aumenta el poder adquisitivo de sus ingresos en dólares. Esta asimetría genera tensiones distributivas que rara vez aparecen en los comunicados oficiales, pero que se manifiestan en la presión de los gremios empresariales por subsidios energéticos y fiscales que mitiguen el impacto en los costos.
La deuda pública como factor de contención
El mantenimiento de la deuda bruta en torno al 58 por ciento del PIB durante los próximos 12 a 18 meses actúa como límite implícito a una depreciación más agresiva. Un salto brusco del tipo de cambio elevaría el servicio de la deuda denominada en dólares y complicaría el objetivo de superávit primario. Por ello, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central parecen coordinar una depreciación gradual que preserve la sostenibilidad fiscal. Esta coordinación reduce la probabilidad de una crisis cambiaria, pero también limita la capacidad de respuesta ante shocks externos, ya que cualquier aceleración de la depreciación requeriría ajustes fiscales adicionales que el Congreso podría resistir.
Riesgos climáticos y de gobernabilidad en el horizonte
El informe de UBS menciona eventos climáticos adversos como principal riesgo para las proyecciones de 2026. Un huracán de categoría alta que afecte las zonas turísticas podría reducir los ingresos de divisas en 15 a 20 por ciento durante una temporada alta, obligando al Banco Central a intervenir con reservas internacionales y acelerando la depreciación. Paralelamente, los desafíos de gobernabilidad, aunque menos cuantificables, podrían traducirse en retrasos en la ejecución del presupuesto suplementario y en menor confianza de los inversionistas extranjeros. La inversión directa neta estimada entre 3,5 y 4 por ciento del PIB se concentra en turismo, energía e inmobiliario; cualquier percepción de inestabilidad política reduciría esos flujos y presionaría aún más el tipo de cambio.
En síntesis, el cierre en 58 pesos no representa un punto de equilibrio estable, sino una pausa en una trayectoria de depreciación que las autoridades ya han internalizado. Los agentes económicos con mayor exposición a importaciones enfrentarán costos crecientes, mientras que los vinculados al turismo y las remesas obtendrán beneficios. El éxito de esta transición dependerá de que el estímulo fiscal mantenga el crecimiento cerca del 4 por ciento sin erosionar la credibilidad del ancla fiscal. Cualquier desviación en las variables externas o climáticas podría convertir la depreciación controlada en un ajuste más abrupto de lo previsto.
