Los elementos de la Policía Estatal de Oaxaca perciben un salario neto mensual de 12 mil 921 pesos, equivalente a 430 pesos diarios, lo que los ubica como la quinta corporación peor remunerada del país. El Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, revela además que Oaxaca forma parte del grupo de entidades que no otorgan las 13 prestaciones recomendadas para un desempeño adecuado de las funciones de seguridad.
El documento establece un piso salarial nacional mínimo de 15 mil pesos netos mensuales, fijado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En Oaxaca, la brecha representa 2 mil 79 pesos por debajo de ese umbral, un desfase del 13.8 %. Solo Tlaxcala, Guerrero, Michoacán y Chiapas pagan menos a sus policías estatales.
El peso de la brecha salarial en la operatividad policial
Un salario por debajo del umbral recomendado afecta directamente la capacidad de retención de personal capacitado. Cuando un agente percibe que su ingreso no cubre gastos básicos de vivienda, alimentación y transporte, la rotación se incrementa y la experiencia acumulada se pierde. Esta dinámica erosiona la continuidad de las estrategias de seguridad en zonas de alta incidencia delictiva, donde el conocimiento territorial resulta indispensable.
El aumento anunciado en julio de 2025, que elevó el sueldo base de 10 mil 801 pesos a 13 mil 257 pesos, no alcanzó a compensar la inflación acumulada ni el costo de vida en la entidad. La diferencia entre el discurso oficial de dignificación y los números reales genera un efecto de desmotivación que se traduce en menor disposición para realizar operativos de alto riesgo o para aceptar turnos adicionales sin compensación extra.
Perspectivas de gobierno, policías y organismos nacionales
Desde la visión gubernamental, el esfuerzo por contratar el seguro social en la modalidad 33 busca garantizar atención médica postjubilación. Sin embargo, esta medida no resuelve las carencias actuales en vivienda, apoyos familiares y fondos de ahorro que el informe federal identifica como las mayores deficiencias nacionales. Los uniformados, por su parte, enfrentan la imposibilidad de cubrir necesidades elementales con un ingreso que representa menos del 70 % del promedio de las cuatro entidades mejor pagadas del país.
Los organismos nacionales de seguridad observan que los estados con salarios superiores a 20 mil pesos netos mensuales logran menores índices de deserción y mayor colaboración en programas de inteligencia. Oaxaca, al situarse entre las cinco entidades con menor remuneración, se expone a una mayor vulnerabilidad frente a la infiltración del crimen organizado, que históricamente ha utilizado incentivos económicos para cooptar elementos descontentos.
Riesgos estructurales y proyecciones de mediano plazo
La persistencia de salarios por debajo del piso recomendado alimenta un círculo vicioso: menor calidad en el reclutamiento, menor preparación y mayor exposición a prácticas corruptas. En entidades vecinas con condiciones similares, se ha documentado un incremento en la migración de agentes hacia corporaciones mejor remuneradas o incluso hacia el sector privado de seguridad, lo que reduce aún más la capacidad de respuesta estatal.
De mantenerse la brecha actual, es previsible que en los próximos tres años Oaxaca registre un déficit de personal experimentado superior al 25 %, según patrones observados en estados con rezagos salariales comparables. Este escenario compromete no solo la operatividad diaria, sino también la implementación de modelos de proximidad y prevención que requieren continuidad y confianza ciudadana.
El contraste entre las cuatro entidades que superan los 20 mil pesos netos mensuales y las cinco que permanecen por debajo de 12 mil pesos ilustra una fragmentación salarial que debilita la cohesión del sistema nacional de seguridad pública. Mientras no se equiparen condiciones laborales mínimas, la efectividad de las estrategias federales seguirá dependiendo de la voluntad y capacidad presupuestal de cada entidad, generando disparidades que el propio informe semestral reconoce como un factor de riesgo sistémico.
