El Tribunal Colegiado analizará el amparo en revisión 43/2025, que busca obligar a la Sedena a entregar documentos militares sobre desapariciones durante la Guerra Sucia. El caso se centra en Alicia de los Ríos Merino, detenida en 1978 y vista por última vez en el Campo Militar Número Uno. Desde 2002 su hija mantiene el litigio para localizar su paradero y acceder a expedientes bajo control castrense.
La revisión surge tras la negativa inicial del amparo en primera instancia. Organizaciones como el Centro Prodh y Artículo 19 argumentan que la Sedena ha obstaculizado consultas, alterado cajas de documentos y omitido respuestas a requerimientos del Ministerio Público. Un juzgado previo ya ordenó medidas cautelares para evitar destrucción o ocultamiento de archivos.
Alcance de la solicitud y posibles efectos
Las peticiones incluyen planos del Campo Militar Número Uno, registros de la Base Aérea de Pie de la Cuesta y listas del Segundo Batallón de Policía Militar. La resolución podría definir si la Sedena debe transferir expedientes al Archivo General de la Nación, tal como instruyó la Presidencia en 2019. Esto abriría acceso a información sobre cadenas de mando y rutas de detención durante la contrainsurgencia.
El fallo no se limitaría al caso individual. Establecería criterios sobre el resguardo de archivos históricos y el derecho de las familias a conocer la verdad, en un contexto donde el Mecanismo para la Verdad ha identificado documentos relevantes. La decisión marcará un precedente sobre transparencia militar en violaciones graves a derechos humanos.
