El expresidente Gustavo Petro propuso reactivar una reforma tributaria presentada durante su administración para obtener recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. En su intervención, realizada en ejercicio de su derecho a réplica como líder de la oposición, planteó recaudar hasta 20 billones de pesos mediante un gravamen dirigido a los sectores de mayores ingresos y reducir las tasas de interés fijadas por el Banco de la República.
La propuesta surge en medio de la presión sobre el Gobierno para responder a una emergencia que dejó cientos de damnificados y cuantiosos daños materiales en distintas regiones del país. El sismo, de magnitud 7,4, obligó a priorizar la búsqueda de desaparecidos, la atención médica, la asistencia a las familias afectadas y la recuperación de infraestructura esencial. La discusión sobre cómo financiar esas tareas se convirtió en uno de los primeros debates políticos posteriores a la tragedia.
Una reforma tributaria como fuente inmediata
Petro sostuvo que el Ejecutivo debería recuperar el proyecto que su gobierno presentó ante el Congreso y tramitarlo con mensaje de urgencia. Según explicó, la iniciativa permitiría movilizar recursos adicionales a partir de un impuesto aplicado a las grandes fortunas acumuladas durante los años de crecimiento económico registrados durante su administración.
“Si fuera racional el gobierno de Abelardo, y es mi respuesta y mi propuesta, tendría que recuperar nuestro proyecto de reforma tributaria que se presentó al Congreso ya y que es por valor de 20 billones”, afirmó el exmandatario. En otro momento de su intervención mencionó una cifra de 30 billones, aunque posteriormente volvió a referirse a los 20 billones contemplados en el proyecto original.
El planteamiento implica que la financiación de la emergencia recaiga principalmente sobre contribuyentes con mayor capacidad económica. Petro presentó esa alternativa como una vía para evitar que el costo de la reconstrucción se traslade de manera generalizada a los hogares y a los sectores de menores ingresos. Sin embargo, la eventual aprobación dependería de la discusión parlamentaria, del contenido definitivo de la iniciativa y de la evaluación de su impacto sobre la inversión, el empleo y las finanzas públicas.
El debate sobre las tasas de interés
El segundo componente de la propuesta consiste en disminuir la deuda general del país mediante una reducción de las tasas de interés establecidas por el Banco de la República. Petro sostuvo que un menor costo del crédito podría aliviar las obligaciones financieras del Estado y ampliar el margen disponible para atender la emergencia.
“Disminuir la deuda general de Colombia bajando la tasa de interés que creó el Banco de la República”, señaló. La afirmación abre un debate sobre la autonomía de la autoridad monetaria y sobre el alcance real de una eventual reducción de tasas. Estas decisiones corresponden a la Junta Directiva del Banco de la República y se adoptan a partir de variables como la inflación, las expectativas de precios, el crecimiento económico y la estabilidad financiera.
Una disminución de los intereses puede abaratar el crédito y estimular la actividad económica, pero también puede aumentar las presiones inflacionarias si se aplica sin considerar el comportamiento de los precios. Además, el alivio sobre el servicio de la deuda pública no necesariamente se traduce de forma inmediata en recursos disponibles para la reconstrucción. El resultado dependería de la estructura de los pasivos del Gobierno, de las condiciones del mercado y de la respuesta de los inversionistas.
El reclamo de Iván Cepeda por la prima congresual
En paralelo, el senador Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico, solicitó al Consejo de Estado que mantenga vigente la eliminación de una prima especial de servicios de 18 millones de pesos para los congresistas. El beneficio había sido eliminado mediante un decreto presidencial durante la administración de Petro, pero su situación jurídica fue llevada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Cepeda pidió que, si la derogatoria se mantiene, los recursos asociados a la eliminación de esa prima sean destinados exclusivamente a las personas damnificadas por el terremoto. “Solicitamos al actual gobierno que destine exclusivamente esos recursos a la atención de las poblaciones víctimas del terremoto”, declaró.
El monto de esta partida sería considerablemente menor frente a los recursos que Petro aspira a recaudar con la reforma tributaria. Aun así, el reclamo tiene relevancia política porque vincula el gasto de los altos funcionarios con la respuesta institucional a la emergencia y busca enviar una señal de austeridad en un momento de alta sensibilidad social.
El Gobierno declara la Emergencia Económica
El presidente Abelardo de la Espriella anunció la formalización de la Emergencia Económica para disponer de recursos y acelerar la atención en las zonas afectadas. El mandatario describió la situación como “uno de los momentos más difíciles de su historia reciente” y aseguró que la respuesta estatal se concentrará simultáneamente en la búsqueda de desaparecidos, la atención de heridos y damnificados y la recuperación de servicios e infraestructura esenciales.
Entre las medidas anunciadas figura un compromiso del sector asegurador para agilizar la revisión de reclamaciones y el pago de pólizas, con prioridad para los hogares de estratos bajos y las viviendas de interés social. Para las familias que no cuentan con seguro, el presidente aseguró que el Estado brindará acompañamiento. La efectividad de esta medida dependerá de la identificación de los daños, la disponibilidad de información catastral y la capacidad de las entidades territoriales para canalizar las ayudas.
De la Espriella afirmó que cada peso destinado a la emergencia será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor. También definió como directriz una gestión con “menos escritorio y más territorio”, orientada a escuchar a las comunidades y verificar directamente los daños. El Gobierno prevé coordinar la reconstrucción con autoridades locales, empresas privadas y organismos de cooperación internacional.
Reconstrucción y control de los recursos
Las propuestas de Petro y las decisiones anunciadas por el Ejecutivo coinciden en la necesidad de ampliar rápidamente la capacidad financiera del Estado, pero difieren en los instrumentos y en las responsabilidades institucionales que cada una implica. Mientras el exmandatario apuesta por una reforma tributaria progresiva y por menores tasas de interés, el Gobierno busca habilitar recursos mediante la declaratoria de emergencia y una coordinación operativa en las regiones.
El desafío inmediato será transformar los anuncios en ayudas verificables, sin duplicar programas ni dispersar los fondos. La reconstrucción exigirá establecer prioridades, publicar los criterios de asignación y mantener controles sobre contratos, subsidios y pagos de seguros. La magnitud de los daños, la duración de la emergencia y el estado de las finanzas públicas determinarán si las medidas anunciadas resultan suficientes para atender a las víctimas y recuperar las zonas afectadas.
