El artículo original publicado el 1 de julio de 2026 en Infobae señala que los ecosistemas amazónicos, glaciares, humedales, manglares y zonas altoandinas constituyen la base real sobre la que se sostiene la economía peruana. Aunque el cobre, el oro y la pesca generan divisas directas, estos sistemas naturales regulan el ciclo del agua, protegen suelos y amortiguan eventos climáticos extremos sin figurar en los balances fiscales ni en los planes de inversión pública.
La distinción es relevante porque el próximo gobierno enfrentará presiones para reactivar el crecimiento mientras el país ya registra pérdidas anuales estimadas en más de 1.800 millones de dólares por degradación de cuencas y reducción de caudales en regiones mineras y agroexportadoras. Esta cifra, calculada por el Ministerio del Ambiente con datos del Banco Mundial y el INEI, supera el presupuesto anual de mantenimiento de infraestructura vial en varias regiones.
Impacto en sectores productivos clave
La minería, que representa cerca del 10 % del PBI, depende directamente de la regulación hídrica de los glaciares y humedales andinos. En la cuenca del río Santa, por ejemplo, la pérdida de cobertura glaciar entre 2000 y 2023 ha reducido el caudal base en un 18 %, según mediciones del Instituto Geofísico del Perú. Esto obliga a las empresas a invertir en embalses artificiales y sistemas de recirculación que elevan los costos operativos entre un 7 % y un 12 %.
El sector agroexportador de la costa, responsable de más de 10.000 millones de dólares en ventas anuales, enfrenta riesgos similares. Los manglares y humedales costeros actúan como barreras naturales contra intrusión salina; su deterioro ya ha provocado reducción de productividad en valles como Ica y Lambayeque, donde la salinización afecta hasta el 9 % de las tierras cultivables.
Tres perspectivas originales sobre la integración económica
La primera consiste en tratar la infraestructura natural como un activo de capital fijo que debe depreciarse y mantenerse en las cuentas nacionales. Si se aplicara el mismo criterio contable que se usa para carreteras o represas, el valor de reposición de los servicios hidrológicos amazónicos superaría los 45.000 millones de dólares, cifra que obliga a replantear la asignación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta visión contable permite justificar transferencias directas a comunidades que conservan bosques, en lugar de subsidios indirectos que no garantizan resultados medibles.
La segunda perspectiva vincula la competitividad exportadora con la resiliencia ecológica. Los compradores europeos de palta y arándanos ya exigen certificaciones de uso eficiente del agua; la degradación de las cuencas altoandinas podría traducirse en barreras no arancelarias que reduzcan los márgenes de los productores peruanos en un escenario donde los precios internacionales ya muestran volatilidad.
La tercera apunta a la distribución territorial del riesgo fiscal. Los desastres asociados a pérdida de cobertura vegetal —deslizamientos, sequías prolongadas e inundaciones— concentran el 68 % de las emergencias declaradas en los últimos diez años en solo seis regiones. Esto genera una presión asimétrica sobre el presupuesto de contingencia y desplaza recursos que podrían destinarse a inversión productiva.
Posiciones de los principales actores
Las empresas mineras formales han comenzado a financiar proyectos de restauración de microcuencas como parte de sus planes de cierre, aunque estas iniciativas cubren menos del 15 % de las áreas críticas identificadas por la Autoridad Nacional del Agua. Los gremios agroexportadores, por su parte, demandan mayor coordinación interministerial pero resisten mecanismos de pago por servicios ambientales que impliquen costos adicionales por hectárea. Las comunidades nativas amazónicas y andinas sostienen que cualquier política debe reconocer sus derechos territoriales, ya que la titularidad colectiva cubre más del 40 % de los bosques que regulan el ciclo hídrico nacional.
El Ministerio del Ambiente defiende la creación de un fondo soberano de infraestructura natural, mientras el Ministerio de Economía advierte sobre la dificultad de monetizar servicios que no generan flujo de caja inmediato. Esta tensión refleja la ausencia de un marco legal que permita capitalizar activos ecológicos en los balances del sector público.
Tendencias y riesgos proyectados
Hacia 2035, los modelos climáticos regionales anticipan una reducción adicional del 22 % en la masa glaciar de la cordillera Blanca y una mayor variabilidad en las precipitaciones amazónicas. Si no se revierte la tasa actual de deforestación, el costo acumulado en pérdidas de productividad agrícola y mayor gasto en respuesta a desastres podría alcanzar los 12.000 millones de dólares en valores presentes. Las empresas que operan en zonas de alta dependencia hídrica ya evalúan escenarios de relocalización parcial de operaciones, lo que afectaría el empleo formal en regiones como Áncash y Cajamarca.
El principal riesgo radica en la fragmentación institucional. Sin un mecanismo que obligue a integrar criterios de mantenimiento de infraestructura natural en los proyectos de inversión pública y privada, las decisiones sectoriales seguirán priorizando obras grises de rápido retorno político sobre intervenciones ecológicas de efecto diferido. La experiencia de Chile tras la sequía de 2019-2022 demuestra que la corrección tardía de esta omisión eleva exponencialmente los costos fiscales y reduce la capacidad de adaptación del tejido productivo.
El reconocimiento de que la infraestructura natural constituye el soporte primario de la competitividad peruana exige modificar no solo la retórica gubernamental, sino los criterios de evaluación de proyectos y la estructura presupuestal vigente. De lo contrario, el crecimiento basado en minerales y agroexportaciones seguirá erosionando las condiciones que lo hacen posible.
