El Ministerio de la Producción elevó el Límite Máximo de Captura Total Permisible del calamar gigante a 589.230 toneladas para 2026. Esta decisión representa el tercer ajuste al alza en pocos meses y responde a recomendaciones técnicas del Instituto del Mar del Perú. El nuevo techo se sitúa por encima de las 539.230 toneladas fijadas en junio y de las 479.000 toneladas establecidas en mayo. La medida abarca a todas las embarcaciones con permiso vigente y se aplica hasta el cierre del año.
La resolución oficial justifica el incremento mediante un enfoque de manejo adaptativo basado en riesgo. IMARPE sugirió un valor intermedio dentro del rango evaluado para equilibrar aprovechamiento y precaución. Desde el 6 de julio hasta diciembre, el límite por embarcación se fija en 68.218 toneladas, mientras que la flota artesanal menor a 10 m³ de bodega recibe un cupo específico de 12.800 toneladas para el mismo periodo.
Impacto económico inmediato en exportaciones y empleo
El aumento consecutivo de cuotas ha impulsado las ventas externas de pota a niveles sin precedentes. Durante 2025, Perú exportó 360.550 toneladas del recurso por un valor de 1.421 millones de dólares. Este volumen representó el 76 % de las exportaciones pesqueras congeladas del país. China absorbió la mitad de esos envíos y, en el primer trimestre de 2026, incrementó sus compras en un 253 %. El valor total de las exportaciones pesqueras peruanas superó los 4.640 millones de dólares el año pasado.
Para la industria procesadora y los armadores industriales, la nueva cuota amplía la ventana de operación y reduce el riesgo de cierre anticipado de temporada. Sin embargo, los beneficios no se distribuyen de manera uniforme. Los armadores artesanales reportan que los viajes se alargan y los costos de combustible superan los ingresos obtenidos al desembarcar. La Sociedad Nacional de Pesca Artesanal advirtió que los precios de compra continúan a la baja mientras los gastos operativos suben de forma sostenida.

Tres tensiones estructurales que la cuota no resuelve
El primer punto de fricción radica en la distribución de rentas. El incremento de cuota favorece principalmente a quienes cuentan con mayor capacidad de bodega y acceso a crédito para combustible. Los pescadores artesanales, que operan embarcaciones menores, enfrentan costos unitarios más altos y menor poder de negociación frente a las plantas de procesamiento. Esta asimetría genera un efecto de concentración de capturas que la norma no corrige de manera explícita.
El segundo elemento es la presión externa sobre el recurso. La flota china opera cada vez más cerca de los límites de la zona económica exclusiva peruana. Aunque la cuota nacional se eleva, la captura total en aguas adyacentes escapa al control de IMARPE. Sin acuerdos regionales vinculantes de manejo compartido, el aumento de la cuota peruana podría incentivar una competencia por el mismo stock que migra entre jurisdicciones.
El tercer factor es la fragilidad del monitoreo biológico. IMARPE ha insistido en la necesidad de fortalecer la observación continua en todo el rango de distribución de la especie. Sin embargo, los recursos presupuestarios para campañas de investigación no han crecido al mismo ritmo que las cuotas. La ausencia de datos en tiempo real aumenta la probabilidad de que ajustes posteriores lleguen demasiado tarde.
Perspectivas de los actores involucrados
PRODUCE defiende la medida como una respuesta temporal dentro de un esquema de manejo adaptativo sujeto a evaluación continua. El ministerio sostiene que el valor intermedio adoptado respeta el principio precautorio. IMARPE, por su parte, enfatiza que cualquier incremento debe ir acompañado de mayor esfuerzo de observación científica para detectar cambios en la estructura de tallas o en los índices de abundancia.
Desde el sector artesanal, SONAPESCAL reclama mecanismos de precio mínimo garantizado y mayor participación en las decisiones de cuota. Los armadores industriales, en cambio, valoran la predictibilidad que ofrece un techo más alto y solicitan que las revisiones futuras se realicen con mayor antelación para planificar inversiones en flota y plantas.
El mercado chino, principal destino, observa con interés la disponibilidad de materia prima. Un suministro estable de pota peruana reduce su dependencia de otras fuentes del Pacífico y permite mantener márgenes en productos congelados de consumo masivo.
Escenarios futuros y riesgos identificados
Si las condiciones oceanográficas permanecen favorables y el esfuerzo de monitoreo se intensifica, el esquema de cuotas variables podría estabilizarse en torno a valores superiores a 500.000 toneladas anuales. En ese escenario, las exportaciones mantendrían su dinamismo y el empleo industrial seguiría creciendo, aunque la participación artesanal se reduciría progresivamente.
Un segundo escenario contempla una rápida contracción del recurso por causas ambientales o por captura excesiva en aguas internacionales. En tal caso, las revisiones a la baja de la cuota serían inevitables y generarían conflictos de distribución entre flotas. Los armadores artesanales, con menor capacidad de adaptación, serían los más afectados.
El riesgo más inmediato radica en la insolvencia progresiva de la pesca artesanal. Si los precios de playa no se recuperan, un número creciente de embarcaciones podría abandonar la actividad o trasladarse a puertos con menor fiscalización. Esta migración informal complicaría aún más el control de capturas y aumentaría la presión sobre tallas juveniles.
Por último, la ausencia de coordinación regional con Chile y Ecuador deja abierta la posibilidad de que el stock de Dosidicus gigas sea objeto de una carrera extractiva sin límites compartidos. La experiencia de otras pesquerías transfronterizas muestra que la falta de acuerdos multilaterales termina erosionando la rentabilidad de todos los participantes.
La decisión de elevar la cuota a 589.230 toneladas refleja una apuesta por maximizar el aprovechamiento económico en el corto plazo. Su éxito dependerá de que el incremento de capturas se acompañe de inversiones reales en investigación, de mecanismos que protejan la viabilidad económica de la flota artesanal y de avances concretos en la gobernanza regional del recurso. Sin esos complementos, el techo actual podría convertirse en el punto de partida de una nueva fase de inestabilidad para el calamar gigante peruano.
