La fusión entre Paramount y Warner Bros. genera una nueva tensión: David Ellison evalúa trasladar todas las operaciones de ambos estudios fuera de Hollywood en respuesta directa a la demanda presentada por doce estados, encabezados por California, que buscan impedir la unión alegando formación de monopolio y aumento de precios en plataformas.
La amenaza no se limita a oficinas ejecutivas, sino que abarca la infraestructura completa de producción. Esto pone en riesgo cientos de empleos en California, donde ya se observa una tendencia clara: la mayoría de las películas se filman fuera del estado debido a costos elevados y mejores incentivos fiscales en otros territorios. La decisión de Ellison evidencia cómo las disputas regulatorias pueden acelerar la reubicación de la industria del entretenimiento dentro de Estados Unidos.
Los estados demandantes argumentan que la fusión reduciría competencia y afectaría el empleo local. Ellison ha defendido los beneficios de la operación, pero la persistencia del fiscal de California ha provocado esta represalia estratégica. El escenario plantea un dilema para la industria: la consolidación corporativa choca con regulaciones estatales que podrían desplazar centros históricos de producción hacia otros estados con menor intervención.
