Paraguay está intentando trasladar su propuesta de inversión extranjera desde la lógica de los costos bajos hacia la de las cadenas de valor. El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, presentó en Montevideo dos sectores como ejes de esa transición: la energía, tras la apertura parcial de la generación eléctrica a privados, y la industria forestal, ante la disponibilidad de unas 100.000 hectáreas de eucalipto listas para procesamiento. El mensaje central fue más amplio que una convocatoria sectorial: Asunción quiere que capitales y conocimientos externos conviertan recursos disponibles en manufacturas exportables y, al mismo tiempo, que esa transformación se integre con Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay.
La oportunidad existe, pero no se materializará por la sola abundancia de electricidad renovable, tierra forestada o incentivos tributarios. El desafío consiste en resolver una brecha industrial concreta: Paraguay dispone de materias primas y de una matriz eléctrica competitiva, pero todavía necesita capacidades tecnológicas, financiamiento de largo plazo, infraestructura logística, normas de sostenibilidad y compradores estables. La declaración de Riquelme de que Paraguay “no tiene razón de ser” sin sus socios del Mercosur expresa, en ese sentido, una admisión pragmática: la industrialización paraguaya difícilmente puede escalar sin mercado regional, conectividad transfronteriza y acuerdos políticos previsibles.
La reforma eléctrica abre una nueva competencia por el capital
El cambio regulatorio mencionado por el ministro altera una condición histórica del sistema paraguayo. Desde el año pasado, según explicó, el sector privado puede generar electricidad y venderla al sistema integrado nacional o directamente a grandes consumidores. La medida apunta a desmonopolizar la generación, una señal relevante para desarrolladores de proyectos solares, sistemas de baterías y otras tecnologías que necesitan contratos de compra de energía de largo plazo para obtener crédito y justificar inversiones intensivas en capital.
El valor de la reforma no reside únicamente en que aparezcan nuevos generadores. Su importancia está en la posibilidad de crear un mercado más sofisticado alrededor de la electricidad: contratos bilaterales, generación distribuida, almacenamiento para gestionar picos de demanda, abastecimiento dedicado para parques industriales y soluciones de respaldo para empresas que necesitan continuidad operativa. Para una industria electrointensiva, el precio importa, pero también importan la calidad del suministro, la certeza contractual y la rapidez con que se conecta una nueva planta. Allí se decidirá si la apertura legal se convierte en inversión efectiva.
Paraguay parte de una ventaja reconocible: cuenta con una matriz dominada por fuentes hidroeléctricas y una posición singular en la generación regional vinculada a las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá. Sin embargo, la hidroelectricidad por sí sola no elimina los riesgos. Las sequías prolongadas pueden reducir caudales, el crecimiento del consumo doméstico recorta excedentes y la red de transmisión necesita expandirse para que nueva oferta y nueva industria no queden concentradas en pocos nodos. El ingreso de privados puede aliviar parte de esas restricciones, aunque también exige un regulador capaz de fijar tarifas, acceso a red y responsabilidades con reglas comprensibles.
El gasoducto bioceánico revela la escala de la apuesta
Riquelme citó el posible gasoducto bioceánico como ejemplo de integración productiva y energética: una infraestructura que conectaría el gas de Vaca Muerta, en Argentina, con Brasil a través del Chaco paraguayo y podría movilizar alrededor de 10.000 millones de dólares. Más allá de que se trata de una iniciativa sujeta a estudios técnicos, acuerdos políticos y financiación, su sola inclusión en el discurso oficial muestra la ambición de Paraguay: dejar de ser exclusivamente país de tránsito o productor de energía hidroeléctrica para convertirse en corredor estratégico entre dos de las mayores economías sudamericanas.
El proyecto puede ofrecer beneficios directos e indirectos. Para Argentina, abriría otra salida potencial para el gas no convencional de Vaca Muerta; para Brasil, diversificaría fuentes de suministro; para Paraguay, implicaría obras, servicios, recaudos fiscales y eventualmente disponibilidad de gas para procesos industriales. Sectores como fertilizantes, cerámica, vidrio, alimentos y manufactura pesada podrían ganar una alternativa energética. Pero el cálculo de beneficios no debe confundir el tránsito físico con la captura de valor: una tubería atravesando territorio paraguayo no garantiza, por sí misma, empleos industriales duraderos ni transferencia tecnológica.
La primera cuestión es económica. Un gasoducto de esa magnitud requiere demanda contratada durante años, coordinación de regímenes regulatorios y una evaluación rigurosa frente a alternativas como terminales de gas natural licuado, expansión de renovables, almacenamiento eléctrico o mayor interconexión regional. La segunda es ambiental y territorial. El Chaco posee ecosistemas sensibles y comunidades cuyos derechos, consultas y condiciones de participación no pueden ser tratados como un trámite posterior. La tercera es geopolítica: toda infraestructura que cruza tres países depende de gobiernos sucesivos y de compromisos que deben sobrevivir a los ciclos electorales.
La madera disponible expone una carencia industrial
El diagnóstico forestal del ministro es especialmente elocuente. Paraguay cuenta con unas 100.000 hectáreas de eucalipto en condiciones de ser procesadas, y la madera puede alcanzar su ciclo de aprovechamiento en cerca de siete años. Sin embargo, la falta de industria transformadora obliga a enfrentar una contradicción: el país puede producir rollos, pero no dispone aún de capacidad suficiente para convertirlos en tableros, componentes de construcción, muebles, embalajes especializados, biomasa de mayor valor o celulosa, según la escala y la viabilidad de cada proyecto.
Exportar madera sin procesar ofrece ingresos rápidos y menores exigencias de capital, pero limita el empleo, reduce el aprendizaje industrial y deja la mayor parte del margen en otras geografías. Procesar la madera localmente podría multiplicar proveedores de maquinaria, transporte, secado, diseño, certificación, mantenimiento y servicios técnicos. También permitiría construir una oferta exportadora menos expuesta a la volatilidad del precio de la materia prima. La observación de Riquelme de que resulta un “sacrilegio” exportar rollos condensa una preocupación compartida por numerosos países productores: la especialización primaria puede parecer eficiente en el corto plazo, pero vuelve más frágil la inserción externa.
No obstante, instalar aserraderos avanzados, plantas de tableros o complejos de celulosa no equivale a añadir una fábrica aislada. Son inversiones que exigen volumen regular de fibra, energía, agua, caminos, ferrocarril o puertos eficientes, mano de obra especializada y mercados capaces de absorber producción. La experiencia uruguaya, destacada por el ministro, es útil precisamente porque demuestra que el desarrollo forestal requiere una arquitectura completa. Uruguay atrajo grandes inversiones de celulosa combinando plantaciones, infraestructura, puertos, contratos y un marco institucional relativamente estable. Paraguay puede aprovechar esa experiencia, pero no copiarla mecánicamente: su escala, ubicación, red logística y estructura empresarial son diferentes.
Los incentivos pueden atraer plantas, pero no sustituyen encadenamientos
El Gobierno paraguayo también puso el foco en regímenes de incentivo para empresas que importen materias primas desde países ajenos al Mercosur. El objetivo es otorgar una ventaja competitiva a industrias que se instalen en Paraguay y procesen insumos de terceros mercados. Esta política puede ser atractiva para firmas que buscan una plataforma de manufactura y reexportación, especialmente si combinan beneficios aduaneros con costos energéticos favorables y cercanía a Brasil o Argentina.
La medida contiene, sin embargo, una tensión que merece atención. Una plataforma basada principalmente en importar insumos, ensamblarlos y aprovechar diferencias arancelarias puede generar actividad, pero no necesariamente fortalece proveedores nacionales ni conocimiento local. El resultado dependerá de cómo se diseñen los requisitos de inversión, capacitación, abastecimiento y contenido tecnológico. Un régimen exitoso no es el que recibe más empresas registradas, sino el que consigue que una parte creciente de las compras, los servicios, la ingeniería y la gestión se realice dentro del país.
Para los inversores extranjeros, el atractivo paraguayo será la combinación de variables, no un incentivo individual. La energía limpia y de costo competitivo es una carta poderosa para empresas que enfrentan exigencias de descarbonización de sus clientes. La disponibilidad de biomasa y tierra forestada abre opciones para materiales renovables. La posición geográfica puede reducir distancias hacia mercados vecinos. Pero las empresas evaluarán también tiempos de permisos, seguridad jurídica, disponibilidad de personal, calidad de rutas y puertos, acceso a divisas, estabilidad fiscal y mecanismos para resolver controversias. Una legislación favorable pierde fuerza si la ejecución administrativa es lenta o imprevisible.
Mercosur: de la retórica de pertenencia a una agenda de complementación
La defensa de Riquelme de una mayor confianza dentro del Mercosur llega en un momento en que el bloque convive con agendas nacionales a menudo divergentes. Brasil busca ampliar su capacidad industrial y energética; Argentina procura monetizar Vaca Muerta y estabilizar su economía; Uruguay ha desarrollado fortalezas en servicios, forestación y logística; Bolivia conserva relevancia como proveedor energético y como articulador territorial. Paraguay necesita que estas capacidades no se perciban exclusivamente como competidoras, sino como piezas complementarias.
La complementariedad tiene ejemplos plausibles. Argentina puede aportar gas, maquinaria y conocimiento técnico; Brasil, escala de demanda, capital y cadenas industriales; Uruguay, experiencia en servicios corporativos, trazabilidad forestal y gestión de grandes proyectos; Paraguay, electricidad renovable, condiciones para determinadas manufacturas y una ubicación de conexión. La cuestión es si los gobiernos pueden traducir esa lógica en normas de origen funcionales, aduanas más ágiles, corredores logísticos, interconexiones energéticas y mecanismos de financiamiento regional.
También existen recelos legítimos. Productores brasileños o argentinos pueden temer que los incentivos paraguayos desplacen inversiones o faciliten arbitrajes regulatorios. Empresas paraguayas más pequeñas pueden preocuparse por quedar subordinadas a conglomerados externos. Organizaciones ambientales reclamarán que el avance forestal no acelere la sustitución de ecosistemas nativos ni debilite controles sobre agua y suelos. Comunidades locales exigirán que los grandes corredores energéticos dejen beneficios tangibles en sus territorios. Ignorar esas tensiones sería un error político y empresarial: los proyectos de largo plazo necesitan licencia social, además de rentabilidad.
La ventana de oportunidad tiene límites concretos
La apuesta paraguaya puede ganar impulso en los próximos años si la apertura eléctrica genera sus primeros contratos financiables, si la madera disponible encuentra procesamiento local y si el Mercosur mejora la coordinación física y normativa. El escenario más favorable no sería una avalancha indiscriminada de capital, sino la llegada selectiva de proyectos capaces de conectar energía, industria y exportación: plantas forestales con certificación y mercados definidos, parques solares o de almacenamiento vinculados a consumidores industriales, y servicios regionales que acompañen esas inversiones.
El riesgo principal no es la escasez de recursos, sino la descoordinación entre ellos. Sin transmisión, la nueva generación no llega a las plantas; sin logística, la madera industrializada no compite; sin demanda contratada, el gasoducto no se financia; sin reglas ambientales creíbles, la expansión puede enfrentar resistencia y pérdida reputacional; sin cooperación regional, los proyectos transfronterizos quedan expuestos a cambios políticos. Paraguay ha identificado activos reales y una necesidad industrial concreta. El siguiente paso será demostrar que puede convertir esa narrativa en proyectos ejecutables, con beneficios verificables para inversores, trabajadores, comunidades y socios del bloque.
