Panamá ha iniciado la tercera fase de la Iniciativa de Desarrollo de Capacidades del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 con un taller que reúne a ministerios, organismos de Naciones Unidas y representantes del sector privado. El proceso busca identificar brechas en datos, financiamiento, participación comunitaria, adaptación climática y tecnología para alcanzar las metas de agua potable, saneamiento e higiene hacia 2030. Según la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el país pierde diariamente entre 120 y 130 millones de galones por deterioro de infraestructura y falta de mantenimiento, mientras la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura señala que el problema no es la disponibilidad del recurso, sino la gestión gubernamental.
Millones de familias siguen dependiendo de camiones cisterna, pozos improvisados o fuentes naturales, situación que evidencia una distribución inequitativa pese a la abundancia hídrica del istmo. El taller, coordinado por el Ministerio de Ambiente y el sistema de Naciones Unidas, aborda temas transversales como la interrelación entre salud, ambiente y economía, bajo la premisa expresada por el coordinador residente Giuseppe Loprete de que el agua no reconoce fronteras institucionales.
Impacto en sectores clave y grupos vulnerables
La pérdida diaria de agua potable representa un costo económico directo que recae principalmente sobre los municipios y las empresas de acueducto, las cuales deben aumentar tarifas o solicitar subsidios para cubrir déficits operativos. Para las comunidades rurales y periurbanas que dependen de abastecimiento irregular, la situación se traduce en mayor tiempo dedicado a acarreo de agua, reducción de horas laborales y mayor incidencia de enfermedades gastrointestinales por consumo de fuentes no tratadas. El sector agroexportador, que representa una porción importante del PIB, enfrenta riesgos de racionamiento durante sequías prolongadas, mientras las industrias manufactureras ubicadas en zonas con alta demanda ven encarecerse sus costos de producción por necesidad de perforaciones privadas o compra de agua embotellada.
Tres perspectivas originales sobre la iniciativa
La primera observación es que la fragmentación institucional panameña ha convertido el ODS 6 en un ejercicio de coordinación interministerial más que en una reforma operativa. Aunque el taller busca alineación entre Ambiente, Salud y Economía, la ausencia de un ente rector con autoridad presupuestaria sobre todos los actores del ciclo del agua limita la traducción de diagnósticos en inversiones concretas. Datos de la propia APEDE muestran que el 60 % de las fugas se concentra en redes de distribución con más de 40 años de antigüedad, un problema que ningún ministerio puede resolver de forma aislada.
La segunda perspectiva señala que la dependencia de cooperación internacional, aunque necesaria, genera una dinámica de planificación por ciclos de proyectos en lugar de estrategias de Estado a largo plazo. La experiencia de países como Costa Rica, que consolidó un fondo nacional de recursos hídricos con participación obligatoria del sector privado, ilustra que la apropiación nacional requiere mecanismos de financiamiento interno sostenibles más que talleres de diagnóstico. Panamá, al ser país piloto de la iniciativa ONU-Agua, corre el riesgo de repetir ejercicios de mapeo sin que estos se traduzcan en presupuestos multianuales vinculantes.
La tercera lectura apunta a que la inclusión comunitaria, mencionada como eje transversal, sigue siendo declarativa mientras no se reconozca el rol de las juntas de agua rurales como gestoras efectivas. En regiones como Darién y la comarca Ngäbe-Buglé, estas organizaciones locales han logrado mantener sistemas de acueducto comunitario con tasas de recuperación superiores al 80 % cuando reciben apoyo técnico y no solo asistencia puntual. Ignorar esta capacidad instalada equivale a duplicar esfuerzos y a perpetuar la dependencia de soluciones externas.
Perspectivas de actores y puntos de fricción
El Ministerio de Ambiente enfatiza la necesidad de información robusta para la toma de decisiones y mayor articulación interinstitucional, mientras el Ministerio de Salud destaca la urgencia de reducir la brecha de saneamiento para cumplir metas sanitarias. El sector empresarial, representado por APEDE y la Cámara de Comercio, insiste en que la gestión gubernamental constituye el principal cuello de botella y reclama mayor transparencia en la ejecución de obras. Las organizaciones comunitarias, aunque invitadas al taller, expresan preocupación por que los compromisos de participación no se traduzcan en transferencias reales de recursos ni en reconocimiento de sus derechos de uso del agua. Esta divergencia de prioridades explica por qué los diagnósticos anteriores no han derivado en planes de inversión concretos.
Tendencias futuras y riesgos latentes
Si Panamá logra consolidar un marco de gobernanza hídrica con metas vinculantes y presupuesto propio antes de 2028, podría convertirse en referente regional para la implementación del ODS 6 en países con alta disponibilidad pero baja eficiencia de gestión. Sin embargo, el escenario más probable apunta a avances parciales limitados por ciclos electorales y cambios de administración que interrumpen la continuidad de los planes. El aumento proyectado de eventos climáticos extremos, especialmente sequías más intensas en la vertiente pacífica, podría elevar las pérdidas por fugas y reducir la capacidad de los embalses, amplificando la presión sobre las redes existentes. Otro riesgo significativo radica en la posible reducción de flujos de cooperación internacional si los resultados del taller no se traducen en indicadores medibles de reducción de brechas durante los próximos tres años. La ausencia de un sistema nacional de monitoreo en tiempo real de fugas y calidad del agua sigue siendo el factor que más amenaza el cumplimiento de las metas de 2030.
La experiencia de otros países latinoamericanos muestra que la combinación de pérdida física elevada, debilidad institucional y dependencia de soluciones externas suele derivar en crisis recurrentes de abastecimiento cada cinco o seis años. Panamá tiene la ventaja de contar con recursos hídricos suficientes, pero esa ventaja se diluirá si no se resuelve el problema de gobernanza antes de que el cambio climático altere los patrones de precipitación de forma irreversible.
