El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto reordenó las prioridades del Gobierno de Abelardo de la Espriella apenas tres días después de su posesión. El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó hasta ahora un centenar de muertos y al menos la misma cantidad de heridos, además de daños en carreteras, puentes, viviendas y redes de transporte.
La emergencia llevó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia económica para atender los costos humanos, logísticos y fiscales de la catástrofe. Sin embargo, Oxford Economics estimó que el impacto directo sobre la economía estaría entre 0,2% y 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), una magnitud que, según la firma, no modificaría su previsión de crecimiento anual de 3% para 2026.
La evaluación parte de una hipótesis central: la interrupción inicial de la actividad sería compensada posteriormente por el gasto público y privado destinado a la reconstrucción. Esa compensación, no obstante, dependerá de la velocidad con que se habiliten las vías, se restablezcan las cadenas de abastecimiento y se ejecuten los recursos para la recuperación de las zonas afectadas.
Las carreteras concentran el primer impacto
El principal efecto económico inmediato se observa en la conectividad. Se registran cierres totales y parciales en corredores de Tolima, Quindío, Caldas y Valle del Cauca. Entre los daños más graves está la caída del puente Mariano Ospina, ubicado en el corredor entre La Unión y La Victoria, así como el cierre completo de las rutas Pereira-Chinchiná y Cali-Loboguerrero.
La interrupción de estos corredores afecta tanto el transporte de pasajeros como el movimiento de mercancías hacia los centros urbanos y los puertos. Aunque se habilitó un paso controlado para vehículos livianos y de emergencia en la vía Buga-Buenaventura, la operación exportadora en el puerto continúa suspendida.
Buenaventura representa el punto más delicado para el comercio exterior. Por ese puerto transita más de 60% del café colombiano destinado a los mercados internacionales. Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, señaló que todavía no existe un cronograma definido para la reapertura total, una situación que pone en riesgo el despacho semanal de aproximadamente 250.000 sacos de café.
La dimensión del problema supera al sector cafetero. Mientras no se normalice el tránsito, empresas transportadoras, productores y exportadores deberán asumir mayores tiempos de desplazamiento, costos adicionales y dificultades para cumplir contratos. El efecto final dependerá de cuánto dure la restricción y de la capacidad de las autoridades para establecer rutas alternativas.
Alimentos e importaciones podrían encarecerse
Los daños en las vías también pueden trasladarse a los precios internos. Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, explicó que los cierres generan un problema logístico y de distribución capaz de elevar inicialmente los precios, especialmente en alimentos y productos importados. El especialista prevé que esa presión pueda reflejarse en las mediciones de inflación de agosto y septiembre.
Oxford Economics mantiene, pese al terremoto, su pronóstico de inflación de 6,2% para diciembre de 2026. La firma considera que la disrupción de la oferta será limitada cuando se observe el conjunto de la economía nacional. Esta lectura supone que las dificultades estarán concentradas en las regiones más afectadas y que los corredores esenciales comenzarán a recuperar su operación en un plazo relativamente corto.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, coincidió en que el encarecimiento de los alimentos tendría un carácter temporal y localizado. Su advertencia se concentra en un aspecto distinto: el crecimiento que genere la reconstrucción no puede medirse únicamente por el aumento de la producción. La actividad de construcción puede impulsar el PIB, pero no compensa la pérdida de vidas, el desplazamiento de familias ni la reducción del bienestar de las comunidades afectadas.
Una reconstrucción costosa para un Estado con poco margen
La mayor presión recaerá sobre las finanzas públicas. Mejía calculó que la reconstrucción podría costar entre 1% y 2% del PIB, equivalente a entre 19 y 38 billones de pesos. Esa estimación se produce en un momento en que Colombia ya enfrentaba un déficit fiscal cercano a 8% del PIB, lo que limita la capacidad del Gobierno para financiar la respuesta sin aumentar el endeudamiento o modificar sus compromisos presupuestales.
Andrés Pardo, responsable de estrategia macroeconómica para América Latina en XP Investments, recordó que los recursos destinados a la reconstrucción después del terremoto de 1999 representaron cerca de 1% del PIB, distribuidos durante tres años. También señaló que el país cuenta actualmente con una línea de crédito del Banco Mundial por 450 millones de dólares y otra del Banco Interamericano de Desarrollo por 400 millones, aunque ambas podrían resultar insuficientes frente a las necesidades finales.
Oxford Economics había proyectado antes del desastre un déficit fiscal de 7,1% del PIB para 2026. La firma considera que el gasto adicional derivado de la emergencia ampliará ese desequilibrio. Para Mejía, la menor disponibilidad de recursos también implica una capacidad reducida para responder a nuevas contingencias y podría obligar al Gobierno a revisar su promesa de no aumentar impuestos.
El Fondo Milagro será la primera prueba
Como respuesta inicial, el Gobierno anunció la creación del Fondo Milagro, destinado a canalizar recursos hacia la recuperación de hospitales, escuelas y carreteras. El paquete también incluye subsidios de arriendo y alivios en los servicios públicos para los damnificados.
La ejecución de estas medidas será determinante. Un desembolso rápido puede acelerar la atención humanitaria y contener la caída de la actividad en las regiones afectadas, mientras que una administración lenta aumentaría las pérdidas productivas y prolongaría los problemas de abastecimiento. El desafío consistirá en sostener la reconstrucción sin profundizar el desequilibrio fiscal.
Las primeras estimaciones económicas descartan un golpe nacional grave, pero no minimizan la magnitud del desafío territorial y social. Colombia podría mantener su crecimiento anual previsto si logra reactivar la infraestructura crítica y ordenar el financiamiento de las obras. La recuperación, sin embargo, se medirá también por la restitución de las condiciones de vida y por la capacidad de evitar que la emergencia se transforme en una crisis fiscal de largo plazo.
