Las autoridades de Oaxaca llevaron a cabo el 4 de julio un operativo en la Central de Abasto de la capital estatal con el fin de atender a personas en situación de calle y posibles consumidores de sustancias. La acción, denominada “Pescador”, se desarrolló días antes del inicio de la temporada de la Guelaguetza, cuando la ciudad recibe un flujo importante de visitantes nacionales e internacionales. Aunque el objetivo declarado fue proteger la integridad de comerciantes y turistas, las versiones oficiales sobre los resultados del despliegue presentan contradicciones que han suscitado interrogantes sobre su verdadera naturaleza.
Objetivo declarado y participación institucional
El comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago García, explicó que la intervención buscaba resguardar una zona de alto tránsito comercial y prevenir incidentes que pudieran afectar la imagen de la ciudad durante el periodo festivo. Participaron la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Policía Auxiliar. Según reportes iniciales de la corporación estatal, se registraron aseguramientos de personas y decomisos de sustancias como cristal y marihuana, además de pipas y jeringas.
Sin embargo, el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, Jaciel Vásquez Castro, sostuvo que no se produjeron detenciones por delitos. Afirmó que el personal brindó apoyo médico y evaluó el estado de salud de las personas localizadas, determinando su destino según el dictamen de los profesionales de la salud. Esta divergencia entre dos instancias del mismo gobierno estatal constituye el primer punto de tensión en la narrativa oficial.
Uso de esposas y revisión de integridad física
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a varias personas con las manos esposadas durante el operativo. Vásquez Castro aclaró que el uso de restricciones obedeció a una revisión de integridad física y no a un arresto formal. Según su explicación, esta medida permitió determinar el tipo de apoyo requerido por cada individuo. La distinción entre “revisión” y “detención” resulta relevante porque afecta la percepción pública sobre el respeto a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
El contraste entre las imágenes y las declaraciones oficiales invita a examinar los protocolos empleados. Cuando se esposan personas que no han sido acusadas de cometer un delito, surge la pregunta sobre los límites entre la asistencia social y el control policial. Esta tensión se acentúa en un contexto donde la visibilidad de la indigencia en zonas turísticas suele generar presiones para “limpiar” el espacio público antes de eventos de alto perfil.
Contexto de la Guelaguetza y políticas de imagen urbana
Julio representa el mes de mayor afluencia turística en Oaxaca debido a la Guelaguetza, fiesta que atrae miles de visitantes y genera ingresos significativos para el comercio local. Las autoridades suelen intensificar operativos de seguridad y ordenamiento en esta época. El operativo Pescador se inscribe en esa lógica, pero su ejecución revela las dificultades para conciliar la protección de la imagen urbana con el respeto a los derechos de grupos marginados.
La Central de Abasto, elegida como escenario de la intervención, concentra vendedores informales y población flotante. Su cercanía a rutas turísticas la convierte en un punto sensible para las autoridades encargadas de proyectar una ciudad ordenada. No obstante, las discrepancias entre las versiones de la Policía Estatal y la Agencia de Investigaciones evidencian que la coordinación interinstitucional aún presenta fallas que afectan la transparencia de las acciones públicas.
Balance entre seguridad y derechos humanos
El caso plantea un dilema recurrente en ciudades con alta dependencia turística: cómo gestionar la presencia de personas en situación de calle sin incurrir en prácticas que vulneren su dignidad. Mientras el discurso oficial enfatiza la protección de visitantes y comerciantes, las imágenes de personas esposadas y las contradicciones sobre detenciones sugieren que el operativo priorizó el control sobre la asistencia integral.
Expertos en políticas sociales señalan que intervenciones de este tipo suelen carecer de seguimiento posterior. Las personas trasladadas o evaluadas médicamente pueden regresar a la misma condición de calle si no existen programas de reinserción sostenidos. La ausencia de información sobre el destino final de los intervenidos refuerza la percepción de que el operativo respondió más a una necesidad de imagen que a una estrategia de atención estructural.
La falta de coincidencia entre las autoridades involucradas también pone en evidencia la necesidad de protocolos claros que definan cuándo una acción constituye una detención y cuándo se trata de apoyo médico. Sin esa claridad, la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona, especialmente entre los sectores más vulnerables que perciben estas intervenciones como arbitrarias.
