Ciudad Obregón.- El robo sistemático de brocales de alcantarilla sigue afectando el sistema de drenaje en Cajeme, donde el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasc) prepara una respuesta coordinada con autoridades de Seguridad Pública y con los establecimientos de compra de chatarra. La medida busca reducir tanto las pérdidas materiales como los riesgos que implica la falta de tapas en las calles.
José Luis Pablos, director del organismo, explicó que una porción importante de las reposiciones que realiza Oomapasc obedece a sustracciones deliberadas y no solo al desgaste natural. Los brocales desaparecen para ser vendidos como material reciclable, lo que genera un círculo constante de reposición y gasto público. Esta dinámica obliga a replantear la estrategia de mantenimiento de la infraestructura hidráulica urbana.
Impacto en el drenaje y la seguridad pública
La ausencia de brocales representa más que un problema de reposición. Cuando falta una tapa, el riesgo de accidentes vehiculares y peatonales aumenta de inmediato, especialmente durante la temporada de lluvias. Además, el sistema de alcantarillado queda expuesto a obstrucciones y daños estructurales que pueden derivar en inundaciones localizadas. En Cajeme, donde el drenaje ya enfrenta desafíos por el crecimiento urbano, cada brocal robado agrava la vulnerabilidad de colonias enteras.
El director del organismo señaló que el problema no es nuevo, pero su frecuencia ha obligado a revisar los procedimientos de adquisición y resguardo de piezas. La decisión de coordinarse con Seguridad Pública y con chatarreros responde a la necesidad de atacar el destino final de los objetos robados, ya que sin compradores el incentivo económico disminuye.
Lecciones del material alternativo
En un intento previo por desincentivar los robos, Oomapasc instaló brocales de poliuretano, un material más ligero y supuestamente menos atractivo para el mercado de chatarra. Sin embargo, estos elementos no resistieron el peso del tránsito vehicular y comenzaron a fracturarse, obligando al organismo a regresar al uso de piezas de fierro fundido. La experiencia evidenció que cualquier solución debe equilibrar resistencia mecánica con medidas de control contra el robo.
El regreso al fierro implica costos más altos de reposición, pero también una mayor durabilidad. Pablos indicó que esta elección responde a la realidad operativa del municipio, donde el flujo constante de vehículos pesados exige materiales que garanticen estabilidad a largo plazo. El análisis de esta transición permite entender que las soluciones técnicas deben evaluarse no solo por su atractivo inicial, sino por su desempeño real en el contexto local.
Reabastecimiento y planeación de inventario
El inventario disponible de brocales se agotó debido a los trabajos de mantenimiento preventivo y a la atención de emergencias durante los últimos meses. Ante esta situación, Oomapasc ya tramitó una nueva requisición de 150 piezas. La cantidad responde tanto a la reposición de las tapas faltantes como a la necesidad de contar con un margen de seguridad ante posibles robos futuros.
La planeación de inventario cobra relevancia cuando se considera que cada brocal robado genera gastos adicionales de mano de obra, transporte y colocación. Mantener un stock adecuado reduce los tiempos de respuesta y minimiza la exposición de la población a riesgos. Al mismo tiempo, la medida pone de manifiesto la presión presupuestaria que enfrenta el organismo para sostener la infraestructura básica.
Coordinación interinstitucional y regulación del reciclaje
La propuesta de sancionar a los establecimientos que compren brocales robados busca modificar el mercado secundario de estos materiales. Si los chatarreros se convierten en un punto de control, el flujo de piezas sustraídas podría reducirse. Esta estrategia requiere, sin embargo, mecanismos claros de verificación y colaboración con las autoridades municipales y estatales encargadas de regular el reciclaje.
El caso de Cajeme refleja un problema más amplio que enfrentan muchas ciudades mexicanas: la tensión entre la necesidad de mantener infraestructura pública y la existencia de incentivos económicos para su sustracción. Las acciones anunciadas por Oomapasc combinan medidas reactivas de reposición con intentos de prevención a través de la coordinación institucional. Su efectividad dependerá tanto de la aplicación consistente de sanciones como de la capacidad de monitoreo que logren desarrollar las autoridades involucradas.
En última instancia, la protección de los brocales de alcantarilla no solo preserva recursos públicos, sino que contribuye a la seguridad vial y a la resiliencia del sistema de drenaje ante eventos climáticos. La experiencia de Oomapasc ofrece un ejemplo concreto de cómo los organismos operadores deben adaptar sus estrategias ante realidades operativas y delictivas que evolucionan con el tiempo.
