La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el martes una modificación clave en las normas de financiación que impide a los Estados miembros solicitar la devolución de fondos no asignados si no se encuentran al día con sus contribuciones. La medida busca reforzar la liquidez de la organización y evitar interrupciones operativas recurrentes.
Detalles de la nueva regulación
Según la norma aprobada, únicamente los países que hayan cumplido puntualmente sus obligaciones financieras podrán reclamar reembolsos de recursos no utilizados. Esta disposición elimina una práctica que, en años anteriores, permitía a algunos miembros recuperar aportes sin haberlos liquidado completamente, generando un flujo de caja inestable para la Secretaría.
El presupuesto ordinario de la ONU para 2026 asciende a 3.400 millones de dólares, lo que representa una reducción del 7 % respecto al ejercicio anterior. Los recursos provienen de cuotas asignadas según el tamaño de cada economía nacional entre los 193 Estados miembros.
Antecedentes de la crisis financiera
Desde el inicio de su mandato, el secretario general António Guterres ha insistido en la necesidad de reformar este mecanismo. En enero advirtió que la acumulación de pagos atrasados, especialmente de los dos mayores contribuyentes, Estados Unidos y China, podría llevar a la organización al colapso operativo. Los retrasos habituales de estas potencias han provocado déficits de caja que obligan a recortar actividades o aplazar pagos a proveedores y personal.
La reducción presupuestaria de 2026 refleja tanto la presión de los Estados miembros por contener gastos como la dificultad para proyectar ingresos fiables. Históricamente, los ciclos de impagos han obligado a la ONU a depender de préstamos internos entre fondos o a reducir misiones de mantenimiento de la paz y programas humanitarios.
Declaraciones del secretario general
Guterres celebró la decisión como un avance “fundamental para la continuidad operativa inmediata”. Destacó que el cambio beneficiará directamente a su sucesor, quien ya no se verá obligado a devolver fondos que en muchos casos nunca llegaron a recibirse. La medida, según sus palabras, otorga mayor previsibilidad a la gestión presupuestaria y reduce la vulnerabilidad ante decisiones unilaterales de los contribuyentes.
Implicaciones para la gobernanza y los Estados miembros
La reforma introduce un principio de condicionalidad que vincula el acceso a reembolsos con el cumplimiento de obligaciones. Este enfoque puede mejorar la disciplina fiscal interna de la organización, pero también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los grandes contribuyentes y el resto de los miembros. Países que tradicionalmente han solicitado devoluciones por subejecuciones presupuestarias deberán ahora garantizar pagos puntuales si desean recuperar recursos.
Desde una perspectiva más amplia, la decisión refuerza la capacidad de la Secretaría para planificar a mediano plazo y reduce la dependencia de ajustes de última hora. Sin embargo, la efectividad de la norma dependerá de la voluntad política de los principales deudores para regularizar sus aportes. Si Estados Unidos y China mantienen patrones de pago irregular, el beneficio estructural podría verse limitado.
La experiencia de crisis presupuestarias anteriores muestra que las reformas normativas por sí solas no resuelven la falta de liquidez si no van acompañadas de mayor previsibilidad en las contribuciones. La nueva regla representa un paso hacia una mayor responsabilidad compartida, aunque su impacto real se medirá en los próximos ciclos presupuestarios y en la capacidad de la organización para sostener sus operaciones sin interrupciones.
