La caída de la actividad energética y de suministro de agua en Nuevo León dejó de ser un dato sectorial para convertirse en una señal sobre los límites del modelo de crecimiento del estado. Durante el primer trimestre de 2026, la industria de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, junto con el suministro de agua y gas natural por ductos, registró una disminución anual de 4.1%, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi.
El dato adquiere mayor gravedad por su continuidad: el sector acumula 15 trimestres consecutivos con retrocesos frente al mismo periodo del año anterior. No se trata, por tanto, de un bache provocado exclusivamente por una temporada de menor demanda o por una interrupción puntual. La secuencia revela una pérdida prolongada de dinamismo en actividades esenciales para la economía, precisamente cuando la población y la planta productiva de Nuevo León han aumentado sus requerimientos de electricidad, agua y gas.
Una década de expansión con servicios bajo presión
La advertencia de Coparmex Nuevo León se apoya en una contradicción visible. Desde 2020, el número de empresas formales en el estado creció 10%, mientras que las manufactureras aumentaron 23%. La población estatal también se incrementó alrededor de 10%. En otras palabras, hay más centros de trabajo, más fábricas, más viviendas y más personas que dependen de redes cuya actividad ha mostrado un comportamiento predominantemente negativo.
La evolución anual ayuda a dimensionar el problema. En 2020, el sector cayó 22.2%; en 2021 retrocedió 4.6%, y en 2022 disminuyó 10.3%. En 2023 hubo una recuperación de 5.8%, pero volvió a caer 10.1% en 2024 y 8.5% en 2025. La reducción de 4.1% observada en el primer trimestre de 2026 prolonga una trayectoria que ya no puede interpretarse como una fluctuación aislada.
Estas cifras no significan necesariamente que cada hogar o empresa haya recibido menos electricidad o agua en la misma proporción. El indicador mide la actividad económica del conjunto de ramas relacionadas con esos servicios, no únicamente el volumen físico entregado a los usuarios. Sin embargo, sí apunta a una combinación de inversión insuficiente, restricciones operativas, problemas de capacidad y rezagos de infraestructura que pueden hacerse más visibles conforme crece la demanda.
El nearshoring enfrenta su prueba material
Nuevo León ha sido uno de los principales beneficiarios de la relocalización de cadenas productivas hacia México. La llegada o ampliación de empresas vinculadas con la industria automotriz, los electrodomésticos, la maquinaria, la electrónica y la logística ha elevado el valor estratégico de Monterrey y de los municipios de su zona metropolitana. Pero el atractivo de una región industrial no depende solamente de la disponibilidad de terrenos, mano de obra o conectividad carretera. También requiere electricidad firme, agua confiable y gas suficiente para operar de manera continua.
Una planta manufacturera puede absorber una interrupción breve mediante inventarios, equipos de respaldo o ajustes de producción. Cuando los apagones se repiten, el costo cambia de naturaleza. Las líneas automatizadas pueden detenerse, los materiales en proceso pueden dañarse y los pedidos pueden retrasarse. En industrias con procesos térmicos o de precisión, una variación en el suministro puede obligar a reiniciar equipos, recalibrar sistemas o desechar lotes completos. El impacto no queda confinado a la empresa afectada: puede transmitirse a proveedores locales y a clientes ubicados en otros países.
La misma lógica se aplica al gas natural. Diversos procesos industriales utilizan ese combustible para generar calor, vapor o energía. Una restricción en los ductos no sólo encarece la operación, sino que puede impedir la sustitución inmediata por otra fuente. Si la expansión industrial avanza más rápido que la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución, las nuevas inversiones podrían enfrentar un techo operativo aun cuando exista demanda internacional para sus productos.
La electricidad como condición de competitividad
Roberto Cantú Alanís, presidente de Coparmex Nuevo León, señaló que los apagones son cada vez más frecuentes y que la propia organización los ha experimentado en sus instalaciones. Su advertencia refleja una preocupación que rebasa la continuidad administrativa de las empresas. En un estado con altas temperaturas, una falla eléctrica afecta simultáneamente la producción, la conservación de alimentos, los sistemas de bombeo, los elevadores, las telecomunicaciones y la climatización de viviendas, escuelas, hospitales y comercios.
El calor incrementa además la demanda de electricidad por el uso de aire acondicionado y sistemas de refrigeración. Esto crea un círculo de presión: las temperaturas elevadas elevan el consumo, mientras una red con reservas limitadas tiene menos margen para responder a los picos. Cuando la interrupción coincide con una ola de calor, las familias con menores ingresos suelen enfrentar una vulnerabilidad mayor, porque disponen de menos alternativas para mantener sus hogares frescos o adquirir equipos de respaldo.
El agua plantea una dimensión distinta, aunque estrechamente relacionada. La escasez no siempre aparece como una suspensión total del servicio; puede expresarse en baja presión, cortes programados, dependencia de pipas o restricciones para nuevos desarrollos. Para la industria, la incertidumbre sobre el abastecimiento puede modificar decisiones de localización y elevar el costo de instalar plantas que necesitan agua para enfriamiento, limpieza, procesos químicos o generación de vapor.
La huella social de una infraestructura rezagada
El crecimiento demográfico de Nuevo León ha incrementado la demanda de vivienda, transporte, hospitales, escuelas y servicios urbanos. Cada nuevo conjunto habitacional exige conexiones de agua, drenaje y electricidad; cada parque industrial necesita subestaciones, líneas de transmisión, gas y sistemas de tratamiento. Si la infraestructura se incorpora después de la expansión urbana, las autoridades terminan gestionando déficits acumulados en lugar de planear capacidad futura.
La presión puede profundizar desigualdades territoriales. Las zonas industriales o de mayores ingresos suelen tener más capacidad para instalar plantas de emergencia, sistemas de almacenamiento y contratos privados. En cambio, los pequeños comercios, talleres y hogares dependen casi por completo de la continuidad de las redes públicas. Una interrupción de algunas horas puede ser absorbible para una compañía grande, pero representar la pérdida de mercancía o de un día completo de ingresos para una tienda, un restaurante o una microempresa.
También existe un efecto sobre la confianza pública. Cuando los cortes se repiten y no hay información clara sobre su origen, duración o solución, la población percibe que el crecimiento económico no se traduce en servicios básicos confiables. Esa percepción puede alimentar conflictos por el agua, resistencia a nuevos proyectos urbanos y presión política para adoptar medidas de corto plazo que no necesariamente resuelven el déficit estructural.
Inversión, reglas claras y capacidad de ejecución
Coparmex atribuye parte del rezago a la falta de certidumbre jurídica, reglas claras y condiciones que incentiven nuevas inversiones. La relación entre regulación e infraestructura es compleja: una red eléctrica o hidráulica requiere proyectos de largo plazo, permisos, financiamiento, coordinación entre gobiernos y previsibilidad en las tarifas y condiciones de operación. Si esos elementos cambian con frecuencia o se retrasan, el capital puede posponer decisiones, encarecer el financiamiento o dirigirse a otras regiones.
El desafío no consiste únicamente en construir más capacidad de generación. La electricidad producida debe llegar a los puntos de consumo mediante redes de transmisión y distribución capaces de soportar una demanda creciente. Una planta nueva no resuelve por sí sola una congestión en una subestación o una línea insuficiente. Del mismo modo, ampliar la extracción de agua sin reducir fugas, mejorar el tratamiento y ordenar el crecimiento urbano puede aliviar temporalmente el problema, pero no garantiza seguridad hídrica.
La respuesta exige coordinar las decisiones industriales con la planeación territorial. Antes de autorizar un nuevo corredor fabril o un desarrollo habitacional de gran escala, debería existir una evaluación pública sobre la capacidad disponible de electricidad, agua y gas, así como un calendario verificable para ampliarla. Sin esa correspondencia, los anuncios de inversión pueden adelantarse a la realidad física y trasladar el costo de la expansión a los usuarios existentes.
El escenario que se abre para los próximos años
El riesgo principal es que la caída sectorial se convierta en una limitación silenciosa para el crecimiento. Mientras los indicadores de empleo, inversión o número de empresas continúen avanzando, el deterioro de las redes puede permanecer oculto hasta que una ola de calor, una sequía o una falla técnica revele la falta de reservas. En ese momento, las soluciones de emergencia suelen ser más caras y menos eficaces que una inversión planificada con anticipación.
Hay, sin embargo, una oportunidad para cambiar el enfoque. La expansión industrial puede utilizarse como base para financiar y justificar mejoras en transmisión, eficiencia energética, almacenamiento, reúso de agua y reducción de pérdidas. Las empresas también pueden contribuir mediante generación distribuida, contratos de demanda flexible y tecnologías que reduzcan el consumo de agua, siempre dentro de una regulación que evite trasladar de manera desproporcionada los costos a los hogares.
La cifra de 4.1% no resume por sí sola la situación de Nuevo León, pero los 15 trimestres de descensos sí establecen una advertencia difícil de ignorar. El estado enfrenta una brecha entre la velocidad con que crece su economía y la capacidad con que se renuevan sus servicios esenciales. Cerrar esa brecha determinará si la relocalización industrial se consolida como una etapa de desarrollo sostenido o si termina limitada por apagones, restricciones hídricas y una infraestructura incapaz de acompañar la expansión que pretende sostener.
