El agente interventor de Nueva EPS, Roberto Solano, afirmó el martes 1 de septiembre que la entidad requiere recursos cercanos a los $20 billones para estabilizar su operación y evitar un mayor deterioro de su red de atención. Según expuso en una entrevista con Noticias RCN, la aseguradora registra pérdidas mensuales de entre $300.000 millones y $350.000 millones, una situación que ya se refleja en dificultades para pagar a clínicas, hospitales, proveedores y operadores de medicamentos.
La advertencia se produce en un momento especialmente sensible para la mayor entidad promotora de salud del país, que cuenta con alrededor de 11,4 millones de afiliados. Solano sostuvo que recibió una organización en una condición “profundamente crítica” y atribuyó el escenario a decisiones y manejos de administraciones anteriores. Esas afirmaciones no fueron acompañadas, en la información divulgada, por un desglose público de las obligaciones, las cuentas por pagar, los pasivos financieros o los hallazgos específicos que permitan establecer responsabilidades individuales.
Una brecha entre las necesidades y los recursos inmediatos
El interventor indicó que Nueva EPS inició gestiones para que se liberen y giren recursos retenidos o adeudados a instituciones prestadoras de servicios de salud, entre ellas hospitales, clínicas y farmacias. La expectativa inmediata es acceder a por lo menos $1 billón. Sin embargo, esa cifra representa una fracción de los recursos que, de acuerdo con el cálculo expuesto por Solano, serían necesarios para recuperar la viabilidad de la entidad.
La diferencia entre ambos montos ilustra la dimensión del desafío. Un giro extraordinario puede dar liquidez de corto plazo y permitir pagos prioritarios, pero no resuelve por sí solo una pérdida mensual recurrente ni las obligaciones acumuladas con la red prestadora. La sostenibilidad dependerá de que la intervención pueda identificar con precisión el origen del déficit, contener nuevos gastos no financiados, conciliar deudas y asegurar un flujo previsible de recursos para la atención de los afiliados.
Solano señaló que la prioridad inicial será dirigir el dinero disponible hacia la red asistencial. “Todo el dinero lo colocamos a la red para oxigenarla”, afirmó, al explicar que la entidad busca pedir a los prestadores que mantengan abiertos sus servicios y, cuando sea posible, restablezcan los que han sido suspendidos. El enfoque privilegia la continuidad de la atención sobre el saneamiento inmediato de los balances financieros.
Prestadores y medicamentos, en el centro de la emergencia operativa
La presión sobre clínicas y hospitales es uno de los principales riesgos de la crisis. Cuando una EPS acumula retrasos en sus pagos, los prestadores enfrentan limitaciones para financiar nóminas, insumos, medicamentos, procedimientos y servicios especializados. En ese contexto, la reducción de la oferta o el cierre temporal de áreas de atención puede trasladar el problema administrativo directamente a los pacientes, en especial a quienes requieren tratamientos continuos, consultas especializadas o procedimientos de alta complejidad.
El interventor también reconoció fallas en la dispensación de medicamentos en algunos departamentos. Según explicó, existen zonas donde el servicio no está disponible debido a la falta de pagos acumulada durante varios meses. La estrategia planteada consiste en retomar conversaciones con los operadores que venían prestando el servicio y efectuar abonos parciales para recuperar gradualmente la entrega de fármacos.
Ese proceso enfrenta límites prácticos. Los proveedores pueden exigir garantías de pago antes de reactivar plenamente sus contratos, mientras que los usuarios necesitan continuidad, particularmente en tratamientos crónicos o de alto costo. Por ello, la capacidad de Nueva EPS para ordenar prioridades, informar oportunamente las rutas alternativas y verificar la entrega efectiva de medicamentos será tan relevante como la obtención de nuevos recursos.
Salida de afiliados y necesidad de información verificable
Solano informó además que al menos 200.000 usuarios se han retirado de Nueva EPS. La cifra refleja el impacto que los problemas de servicio pueden tener sobre la confianza de los afiliados, aunque será necesario conocer el periodo exacto de esa reducción y distinguir entre traslados voluntarios, cambios administrativos y otras causas de desafiliación. Una pérdida de usuarios también puede modificar los ingresos y la estructura de riesgos de la entidad, por lo que requiere seguimiento financiero y actuarial.
En nombre de Nueva EPS, el agente interventor ofreció disculpas a las personas afectadas por las fallas en la atención. La declaración reconoce que el problema ya trascendió el ámbito contable y se convirtió en una contingencia de servicio. No obstante, la recuperación de la confianza dependerá de resultados observables: menor número de quejas, normalización de la entrega de medicamentos, reducción de barreras de acceso y cumplimiento oportuno de pagos a la red.
La situación también plantea un reto para las autoridades sanitarias y de supervisión. Dada la escala de Nueva EPS, una interrupción prolongada de servicios tendría efectos sobre hospitales, entidades territoriales y otras aseguradoras que eventualmente tendrían que absorber pacientes o atender contingencias. La intervención deberá combinar medidas urgentes de liquidez con un diagnóstico público y verificable sobre el tamaño de las deudas, las fuentes de financiación y el cronograma para restablecer la operación. Sin esa información, será difícil medir si los recursos solicitados responden a una solución estructural o solo aplazan una crisis que ya afecta a millones de afiliados.
