Los datos presentados por la OCDE el 29 de junio de 2026 revelan que México alcanzó un 53 % de confianza alta o moderada en el Gobierno Federal, superando el promedio de 40 % de los países encuestados en América Latina y el Caribe. La confianza en el servicio público federal llegó al 56 %, frente al 45 % regional. Estos porcentajes surgen de la Encuesta sobre factores que impulsan la confianza en las instituciones públicas, que mide integridad, capacidad de respuesta, confiabilidad y efectividad.
La secretaria Raquel Buenrostro expuso que las mejoras derivan de medidas concretas para separar el poder económico del político y de una presencia territorial más cercana a la ciudadanía. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el primer ministro español Pedro Sánchez destacaron la relevancia de estos resultados como referencia para políticas públicas orientadas a recuperar legitimidad gubernamental.
El hallazgo principal radica en que México no solo supera la media, sino que lo hace en un contexto regional marcado por escepticismo histórico hacia las instituciones. Esta posición relativa abre la posibilidad de que otros gobiernos latinoamericanos estudien el modelo mexicano como referencia práctica, especialmente en lo referente a mecanismos de control sobre la influencia empresarial en decisiones públicas.
Efectos en la gobernanza regional
El dato de 53 % de confianza federal tiene implicaciones directas para organismos multilaterales que financian proyectos de desarrollo. Bancos de desarrollo y agencias de cooperación suelen condicionar desembolsos a indicadores de legitimidad institucional. Un nivel superior al promedio podría facilitar acceso a recursos en mejores condiciones para México y, por extensión, para países que adopten estrategias similares de separación entre élites económicas y decisiones públicas.
Desde la perspectiva de funcionarios estatales y municipales, el resultado representa un incentivo para replicar la estrategia de presencia territorial. Sin embargo, también genera presión: si la confianza se percibe como logro atribuible únicamente al gobierno federal, los gobiernos locales podrían enfrentar mayor escrutinio sobre su propia capacidad de respuesta.
Tres factores explicativos con sustento empírico
El primer factor es la política explícita de separación entre poder económico y poder político. En México, regulaciones recientes sobre financiamiento de campañas y contrataciones públicas han reducido la percepción de captura regulatoria. Datos de la propia OCDE muestran que países con menores índices de influencia empresarial indebida registran hasta 12 puntos porcentuales más de confianza ciudadana, patrón que coincide con el caso mexicano.
El segundo factor es la presencia territorial del gobierno. La secretaria Buenrostro señaló que las decisiones no pueden tomarse únicamente desde oficinas centrales. Esta aproximación coincide con estudios de gobernanza local en Noruega y Australia, donde la descentralización operativa elevó la percepción de cercanía y, por tanto, de confiabilidad. México ha extendido programas de atención directa en regiones históricamente desatendidas, lo que explica parte del diferencial de 13 puntos respecto al promedio.
El tercer factor es la consistencia entre discurso y acción en materia de transparencia. Países que publican datos de contrataciones en tiempo real y permiten auditorías ciudadanas sostenidas muestran mayor resiliencia de la confianza ante crisis económicas. México ha ampliado los portales de información presupuestaria, alineándose con prácticas que la OCDE asocia con incrementos sostenidos de legitimidad.
Perspectivas de actores involucrados
El gobierno mexicano presenta estos resultados como validación de su estrategia de buen gobierno. Organismos internacionales como la OCDE ven en México un caso de estudio útil para la región, aunque advierten que los números deben mantenerse en el tiempo. Representantes de Australia y Noruega, presentes en la mesa, enfatizaron que la confianza se erosiona rápidamente cuando las reformas pierden continuidad o cuando surgen escándalos de alto perfil.
Desde la sociedad civil organizada, algunas voces cuestionan si el 53 % refleja percepción real o efecto de campañas de comunicación institucional. Organizaciones de transparencia han señalado que, aunque los portales de datos existen, la calidad y actualización de la información varían según la dependencia. Esta tensión entre cifras agregadas y experiencia cotidiana del ciudadano constituye el principal punto de controversia.
Riesgos y proyecciones de sostenibilidad
El principal riesgo radica en la dependencia de condiciones macroeconómicas favorables. Si una contracción económica reduce la capacidad de respuesta del Estado, la confianza puede descender con rapidez, como ocurrió en varios países europeos tras la crisis de 2008. Otro riesgo es la polarización política interna: cuando la narrativa de éxito se asocia exclusivamente a un gobierno, la alternancia puede generar retroceso en los indicadores.
Hacia adelante, la tendencia más probable es que México mantenga niveles superiores al promedio regional siempre que continúe la separación entre poder económico y político y la expansión de presencia territorial. Sin embargo, el margen de ventaja (13 puntos) es estrecho y puede reducirse si otros países aplican reformas similares. La verdadera prueba será la capacidad de sostener estos niveles durante al menos dos ciclos electorales consecutivos, momento en que la OCDE suele considerar que una mejora institucional se ha consolidado.
La confianza ciudadana, como señaló la secretaria Buenrostro, no se decreta. Se construye mediante acciones verificables que la ciudadanía percibe como coherentes. Los datos de la OCDE ofrecen una fotografía alentadora, pero la fotografía siguiente dependerá de la consistencia con la que México mantenga las políticas que hoy explican su posición relativa.
