La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejará de percibir aproximadamente 1.7 billones de pesos durante 2026 como consecuencia de los beneficios fiscales vigentes, deducciones autorizadas, tasas reducidas y estímulos contenidos en la legislación tributaria. Esta cifra equivale al 4.47% del Producto Interno Bruto, según el documento oficial “Renuncias Recaudatorias 2026” elaborado por la propia dependencia.
El monto representa un incremento respecto al 4.37% registrado el año anterior y supera con amplitud el presupuesto destinado a inversión física, fijado en 960 mil 94 millones de pesos. En términos relativos, estos gastos fiscales absorben el 16.3% del presupuesto total aprobado para el ejercicio, que asciende a más de 10.1 billones de pesos.
El documento aclara que la estimación no equivale a la recaudación adicional que se obtendría si todos los tratamientos preferenciales fueran eliminados de golpe. La Secretaría advierte que cada cálculo individual supone que los demás beneficios permanecen intactos y que el comportamiento de los contribuyentes no cambia. Esta metodología deja fuera las interacciones entre regímenes, los efectos de equilibrio general y posibles ajustes en la conducta de empresas y personas físicas, factores que en algunos casos pueden resultar significativos.
Contexto de la política fiscal mexicana
Los gastos fiscales forman parte estructural del sistema tributario mexicano desde hace décadas. Su objetivo declarado ha sido incentivar la inversión, el empleo y sectores estratégicos como la exportación manufacturera, la investigación y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, diversos análisis independientes han señalado que una porción importante de estos beneficios concentra sus efectos en grandes corporativos y contribuyentes de altos ingresos, lo que plantea interrogantes sobre su eficiencia redistributiva.
En el ejercicio 2026 se mantiene un trato especial para actividades vinculadas al Mundial de Fútbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El documento no cuantifica el costo fiscal de estas medidas, a diferencia de lo que ocurre con otros regímenes más tradicionales como la deducción de inversiones o las tasas preferenciales en zonas fronterizas.
Implicaciones para las finanzas públicas
La magnitud de los recursos no recaudados adquiere relevancia en un contexto de menores ingresos petroleros y una recaudación de ISR que ha mostrado debilidad en términos reales. Aunque la dependencia encabezada por Édgar Amador Zamora enfatiza que eliminar todos los beneficios simultáneamente generaría efectos económicos difíciles de prever, el debate sobre su revisión periódica cobra fuerza cada vez que se discute el paquete económico anual.
Especialistas consultados por diversos medios coinciden en que una evaluación más rigurosa de costo-beneficio de cada tratamiento permitiría redirigir recursos hacia inversión productiva o programas sociales sin necesidad de elevar tasas impositivas. Hasta ahora, la Secretaría ha optado por mantener la mayor parte de los incentivos vigentes, argumentando que su supresión podría afectar la competitividad del país frente a economías vecinas.
El informe de Renuncias Recaudatorias 2026 ofrece un desglose detallado por tipo de impuesto y por tratamiento. Esta transparencia permite a legisladores y analistas identificar aquellos beneficios cuya eliminación tendría menor impacto en el crecimiento económico, aunque hasta el momento no se han anunciado modificaciones sustantivas para el próximo ejercicio fiscal.
