La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes 4 de agosto sobre la intervención de cuatro inmuebles presuntamente utilizados para almacenar, procesar o manipular combustible de manera ilícita en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. Los operativos permitieron asegurar cientos de miles de litros de sustancias relacionadas con hidrocarburos, además de tanques, contenedores, equipos industriales y documentación.
Las acciones fueron ejecutadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y Pemex Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que abrió distintas líneas a partir de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia.
Una investigación iniciada por movimientos inusuales
El primer inmueble se localizó en el municipio de San Luis Potosí después de que ciudadanos alertaran sobre una nave a la que ingresaban autotanques de forma constante. La frecuencia de los vehículos y la actividad desarrollada en el lugar llevaron a las autoridades a solicitar y ejecutar una intervención ministerial.
En el sitio fueron encontrados ocho tanques con una capacidad aproximada de 80.000 litros cada uno, ocho cilindros horizontales, seis cilindros verticales y 894 contenedores de 1.000 litros. La FGR también reportó el aseguramiento de una máquina asfaltadora, generadores eléctricos, herramientas, equipo de cómputo, documentación y una camioneta.
La cantidad de producto localizada en ese punto fue estimada entre 500.000 y 600.000 litros de petrolífero. Entre los objetos asegurados también había cinchos de seguridad para las escotillas de pipas, un elemento que puede ser relevante para determinar cómo se transportaban o manipulaban las cargas, aunque la autoridad no ha establecido públicamente el origen específico del combustible.
Otros tres puntos bajo investigación
En Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, las autoridades aseguraron 18 tanques verticales y dos líneas de producción. En ese lugar se localizaron aproximadamente 40.000 litros de petróleo crudo y diésel, así como muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y otros materiales. La presencia de documentación en el inmueble quedó incorporada a la investigación para establecer la operación y los posibles vínculos de quienes utilizaban las instalaciones.
El tercer operativo tuvo lugar en Tizayuca, Hidalgo, en una instalación que había sido denunciada por un probable procesamiento clandestino de combustibles. Allí se encontraron 32 contenedores con capacidad de 1.000 litros y otros 25 de 5.000 litros. Además, fueron asegurados 456.300 litros de una sustancia identificada preliminarmente como posible hidrocarburo o producto químico, junto con equipos electrónicos y documentos.
La referencia a una identificación preliminar resulta significativa: la naturaleza exacta y la composición de ese material deberán ser determinadas mediante peritajes. En este tipo de investigaciones, los análisis de laboratorio son necesarios para establecer si se trata de combustible, residuos, insumos químicos u otra sustancia, así como para precisar los riesgos ambientales y las posibles responsabilidades penales.
El cuarto inmueble fue ubicado en Cuautla, Morelos, después de una denuncia que describía el ingreso frecuente de pipas escoltadas por camionetas y la presencia de fuertes olores a hidrocarburos y productos químicos. En el lugar se recogieron seis muestras ministeriales, documentación y talones de cheques. La información financiera y logística podría ayudar a reconstruir las operaciones, aunque la FGR no ha divulgado todavía conclusiones sobre los responsables o el destino de los recursos.
Sin detenidos reportados hasta ahora
La Fiscalía no informó de personas detenidas como resultado de estas cuatro operaciones. La dependencia señaló que mantendrá abiertas las líneas de investigación para identificar a quienes participen en las actividades y determinar el alcance de las redes relacionadas con el robo y el procesamiento ilegal de combustibles.
El hecho de que se hayan asegurado instalaciones, vehículos, sustancias y documentos no implica por sí mismo que exista una sentencia o una responsabilidad penal definitiva. Las autoridades deberán vincular los objetos localizados con conductas concretas, establecer la procedencia de los hidrocarburos y acreditar, en su caso, la participación individual de los involucrados ante los tribunales.
El operativo se suma a una ofensiva nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que el Gobierno mantiene investigaciones contra redes de delincuencia organizada vinculadas con el robo y el procesamiento ilegal de combustibles. La estrategia oficial busca no solo detectar tomas clandestinas o puntos de almacenamiento, sino también ubicar instalaciones donde el producto pueda ser mezclado, transformado, redistribuido o incorporado a circuitos comerciales.
En julio, la FGR reportó el aseguramiento de 18,9 millones de litros de hidrocarburos transportados en 170 ferrotanques. En paralelo, la institución mantiene abiertas líneas de investigación sobre más de 70 personas en nueve estados. Esos datos muestran que las pesquisas se han extendido desde los lugares de extracción y almacenamiento hasta las rutas de transporte y los mecanismos de comercialización.
Los cuatro centros intervenidos ahora aportan nuevos indicios sobre la dimensión operativa del fenómeno. La diversidad de equipos y capacidades encontradas —desde grandes tanques hasta cientos de contenedores y líneas de producción— apunta a actividades que requieren logística, financiamiento y canales de distribución. Sin embargo, será la investigación ministerial, respaldada por peritajes y análisis documentales, la que determine si los inmuebles formaban parte de una misma red o correspondían a operaciones independientes.
