Las autoridades locales de Estados Unidos aceleraron durante agosto la rescisión de contratos con Flock Safety, la empresa que opera una amplia red de cámaras de lectura automática de matrículas apoyada en inteligencia artificial. Según datos de Secure Justice, organización con sede en Oakland citada por Ars Technica y Good News Network, 93 jurisdicciones dieron de baja sus acuerdos en ese mes. Desde 2021, el relevamiento contabiliza 214 jurisdicciones que instalaron y posteriormente retiraron equipos de la compañía.
La cifra no implica por sí sola un repliegue generalizado de la tecnología, pero revela una reacción política y social más rápida frente a un sistema cuya presencia se expandió en ciudades, condados, vecindarios privados y organismos policiales. El debate ya no se centra únicamente en la utilidad de las cámaras para localizar vehículos vinculados a delitos, sino en las reglas que determinan quién puede consultar los registros, durante cuánto tiempo se conservan y cómo se controlan los usos indebidos.
Una red local con capacidad de consulta amplia
Las cámaras de Flock identifican matrículas y otros rasgos visibles de los vehículos, como color, tipo y características distintivas. Esa información se almacena en bases de datos que pueden ser consultadas por clientes autorizados, entre ellos fuerzas de seguridad. Sus críticos sostienen que la acumulación de registros convierte una herramienta diseñada para investigaciones concretas en una infraestructura capaz de reconstruir desplazamientos cotidianos de personas que no son sospechosas de ningún delito.
Un profesor de Derecho de la Universidad de California en Berkeley citado por Ars Technica describió a Flock como “otro producto de Silicon Valley que amenaza con cambiarles la vida a las personas sin que nadie lo haya pedido”. La objeción resume una preocupación recurrente: la automatización reduce el costo de recoger y cruzar datos, pero también puede ampliar de forma sustancial el alcance de la vigilancia sin que existan controles equivalentes, autorización judicial previa o debate público suficiente.
Flock Safety mantiene que las cancelaciones deben analizarse junto con el crecimiento de su negocio. La compañía declaró que los nuevos acuerdos con municipios y condados superan las rescisiones en una proporción de diez a uno y señaló que trabaja para reforzar sus estándares de privacidad. La disputa, por tanto, no se desarrolla entre una adopción plena y una retirada total, sino entre administraciones que valoran la herramienta como apoyo policial y otras que consideran insuficientes las garantías vigentes.
Investigaciones por accesos sin justificación
El cuestionamiento se intensificó por denuncias de uso indebido. El senador republicano Josh Hawley anunció una investigación sobre las prácticas de Flock relacionadas con la recolección, retención y difusión de datos. En declaraciones recogidas por Good News Network, afirmó que la compañía construyó una red de vigilancia nacional “sin precedentes”, con más de 120.000 cámaras en 49 estados y más de 20.000 millones de escaneos vehiculares mensuales.
Hawley advirtió que la interconexión de esos registros puede permitir que búsquedas inicialmente locales accedan a una red mucho mayor. El alcance de esa capacidad depende de los contratos y permisos de cada cliente, pero la preocupación de legisladores y organizaciones civiles es que los controles internos no basten cuando miles de agentes o departamentos disponen de acceso a datos sobre movimientos de vehículos.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis también cuestionó la expansión del sistema, que calificó de “fuera de control” durante una intervención pública. DeSantis sostuvo que apoya las herramientas policiales destinadas a combatir delitos, aunque criticó los casos en que agentes utilizaron la plataforma para fines personales. Su posición refleja un punto de coincidencia entre sectores ideológicamente distintos: el respaldo a tecnologías de investigación puede debilitarse cuando fallan los mecanismos de supervisión y responsabilidad individual.
Errores que trasladan el riesgo a los ciudadanos
Dos investigaciones en Florida alimentaron ese debate. En Haines City, un agente fue detenido después de que se detectara que habría usado la plataforma para seguir a su esposa separada. En Sarasota, otro oficial revisó más de 300 veces registros asociados a una misma matrícula sin una razón de investigación conocida, según la cobertura citada en el artículo original.
También se registraron dudas sobre la precisión de las lecturas. Business Insider informó de casos en los que errores de identificación derivaron en contactos equivocados entre ciudadanos y agentes. Entre ellos figura el de Brandon Upchurch, en Toledo, Ohio, quien fue atacado por un perro policial después de que una cámara confundiera un 7 con un 2 en su matrícula. En Roseville, California, el mismo medio señaló que el 71% de las alertas por vehículos robados y delitos graves emitidas entre 2023 y 2024 contenía errores de identificación de patente.
Estos episodios muestran que el problema no se limita a una falla técnica aislada. Cuando una alerta automatizada se incorpora a una intervención policial, un dato erróneo puede adquirir consecuencias inmediatas antes de que sea verificado. La utilidad operativa de la lectura de matrículas depende, por ello, tanto de la calidad del reconocimiento como de protocolos que obliguen a confirmar la información antes de actuar.
Menor retención, debate aún abierto
En respuesta a las críticas, el director ejecutivo de Flock, Garrett Langley, anunció que la empresa reducirá el período de conservación de imágenes de 30 a siete días. La medida limita el tiempo disponible para consultar registros históricos, aunque no resuelve por sí sola las discusiones sobre interoperabilidad, acceso de distintas agencias, auditorías de búsquedas y sanciones ante consultas injustificadas.
La oleada de cancelaciones de agosto sugiere que los municipios enfrentan una decisión más compleja que la compra de un dispositivo de seguridad. Deben definir qué información se produce en el espacio público, qué autoridad puede usarla y bajo qué controles. Mientras Flock continúa expandiendo sus contratos, la presión por normas de privacidad, verificaciones independientes y transparencia sobre los errores puede convertirse en un factor central para determinar dónde y en qué condiciones estas cámaras conservarán apoyo institucional.
