Las mujeres concentran el 63% de las atenciones en las notarías de la Ciudad de México, un dato que confirma su rol predominante en la regularización de bienes patrimoniales, según explicó Víctor Rafael Aguilar Molina, presidente del Colegio de Notarios de la capital.
Este liderazgo refleja un patrón sostenido: las consultas giran principalmente alrededor de la propiedad de la vivienda, un asunto que adquiere urgencia cuando el contrato de compraventa carece de formalización y el vendedor original ya falleció o resulta imposible de localizar.
Regularización como prioridad
Durante las jornadas de asesoría notarial, la demanda más recurrente es la regularización de inmuebles adquiridos de manera informal. Muchas de las solicitantes son amas de casa que, tras años de residencia, descubren que la falta de escritura las deja en una situación jurídica vulnerable ante herencias, divorcios o créditos.
Cifras del quinquenio 2021-2025
Entre 2021 y 2025 se otorgaron más de un millón 946 mil instrumentos notariales en la capital. De ese total, el 26.6% correspondió a cancelaciones de hipoteca, compraventas de inmuebles y testamentos públicos. Estos tres rubros concentran la mayor actividad y coinciden con los trámites que más realizan las mujeres.
El peso de estos actos notariales trasciende el simple registro: permiten acceder a créditos formales, heredar con certeza jurídica y evitar conflictos familiares prolongados. La ausencia de escritura pública sigue siendo el principal obstáculo que enfrentan quienes compraron hace décadas sin intervención notarial.
Implicaciones para la política patrimonial
El predominio femenino en las notarías sugiere que las políticas de regularización deben considerar específicamente las barreras que enfrentan las mujeres, como la falta de ingresos propios o el desconocimiento de los requisitos legales. Programas que simplifiquen el trámite de titulación y reduzcan costos podrían acelerar la incorporación de miles de propiedades al mercado formal.
Además, la cifra del 63% indica que cualquier estrategia de educación jurídica orientada a la población debe priorizar a este sector, ya que las decisiones patrimoniales que toman hoy inciden directamente en la estabilidad económica de sus hogares y en la transmisión intergeneracional de bienes.
