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Moody’s pide mayor esfuerzo fiscal

Martina Barbosa
Por Martina Barbosa
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Moody’s pide mayor esfuerzo fiscal

Deuda aún alta

La deuda bruta del sector público cerró 2025 en 55.8% del PIB y bajó a 54.5% en junio, pero Moody’s advierte que ese ajuste todavía no basta para asegurar una trayectoria sólida. El mensaje de fondo es que la consolidación fiscal ya muestra avances, aunque insuficientes frente a una economía que sigue cargando un nivel de pasivos elevado.

La lectura de la calificadora es relevante porque el descenso reciente no elimina el riesgo estructural: si el esfuerzo fiscal se queda corto, la razón deuda-PIB puede estabilizarse en un nivel incómodo y limitar el margen del Gobierno para absorber choques. En ese contexto, la sostenibilidad no depende solo de contener el saldo de deuda, sino de sostener ingresos y disciplina presupuestaria durante más tiempo.

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Terremoto en Colombia: impacto y riesgosEl terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente de Colombia no solo dejó un saldo humano devastador, sino que abrió una fase de consecuencias que probablemente se extenderá mucho más allá de las labores inmediatas de rescate. Con al menos 111 muertos, 87 heridos, 61 edificios colapsados y múltiples infraestructuras dañadas, el país enfrenta una emergencia que combina pérdida de vidas, presión institucional y un probable ajuste en la manera en que se evalúa el riesgo sísmico en regiones densamente habitadas. La magnitud del evento, sumada a su profundidad de 103 kilómetros, explica por qué fue sentido en amplias zonas y por qué sus efectos se concentraron tanto en daños estructurales como en desorganización operativa.Más allá del impacto más visible, la señal de fondo es clara: la vulnerabilidad no depende solo de la intensidad del sismo, sino de la calidad del parque construido, la preparación local y la capacidad de respuesta. En municipios de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, la combinación de viviendas averiadas, hospitales comprometidos y escuelas dañadas sugiere una interrupción simultánea de servicios básicos, atención médica y continuidad educativa. Ese tipo de daño tiene una consecuencia menos inmediata pero más duradera: prolonga la recuperación social y eleva los costos económicos para hogares, alcaldías y aseguradoras.El sistema de salud será uno de los primeros termómetros de la magnitud real de la crisis. Aunque el número de heridos reportado es relativamente menor frente al volumen de daños materiales, la existencia de centros de salud afectados plantea un riesgo operativo serio: traslado de pacientes, saturación de hospitales cercanos y posibles retrasos en cirugías, trauma y atención de urgencia. Si los daños estructurales obligan a cerrar temporalmente instalaciones, el efecto puede multiplicarse en zonas donde el acceso ya es limitado. En desastres de esta naturaleza, la capacidad de responder durante las primeras 72 horas suele definir buena parte de la mortalidad secundaria, y por eso la rapidez en habilitar rutas, personal y suministros resulta tan decisiva como el rescate mismo.El transporte aéreo y terrestre también entra en una etapa de incertidumbre. La suspensión temporal en aeropuertos como Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Cali muestra una reacción prudente, pero el costo económico puede crecer si las inspecciones revelan daños más amplios o si las réplicas obligan a mantener restricciones. Para una región que depende de corredores logísticos sensibles, cualquier interrupción prolongada afecta abastecimiento, turismo, movilidad de pacientes y salida de carga. La reapertura progresiva de terminales ayuda a contener ese golpe, aunque no elimina el riesgo de que la revisión técnica descubra fallas ocultas en pistas, torres, accesos o sistemas eléctricos.En el plano urbano, el terremoto deja una advertencia incómoda sobre la edad y resistencia de parte del tejido construido. La caída de edificaciones y el colapso parcial de estructuras emblemáticas, como ocurrió en Manizales, suelen actuar como pruebas de estrés que revelan déficit acumulados: mantenimiento insuficiente, ampliaciones no controladas, suelos complejos y cumplimiento desigual de normas sismorresistentes. Si las inspecciones posteriores confirman patrones de fragilidad repetidos, el desastre podría impulsar revisiones normativas y reforzar controles de licencias, una consecuencia positiva desde el punto de vista preventivo. El problema es que ese proceso suele llegar después del daño y con costos políticos elevados.La amenaza de réplicas es uno de los riesgos más sensibles en las próximas horas y días. Aunque las autoridades descartaron tsunami, el registro de múltiples movimientos posteriores confirma que la zona sigue inestable. Las réplicas rara vez generan el mismo nivel de destrucción que el sismo principal, pero sí pueden agravar estructuras ya dañadas, poner en riesgo a rescatistas y dificultar el retorno de habitantes a zonas evacuadas. También alimentan un efecto social menos medible pero importante: el miedo persistente, que altera decisiones de desplazamiento, trabajo y permanencia en viviendas comprometidas.Desde una perspectiva regional, el evento puede acelerar la discusión sobre preparación sísmica en Colombia. Que el SGC lo haya identificado como el movimiento de mayor magnitud del siglo XXI no solo tiene valor estadístico; obliga a revisar protocolos de emergencia, simulacros, alertas de infraestructura crítica y coordinación intermunicipal. La experiencia muestra que los desastres de gran alcance castigan con mayor dureza a los territorios que dependen de respuestas fragmentadas. Si esta crisis deja como saldo una mejor planificación, inventarios más precisos de edificaciones vulnerables y una cultura de prevención más arraigada, el país podría transformar parte de la pérdida en aprendizaje institucional. Pero ese beneficio no está asegurado y dependerá de que la reconstrucción no se limite a reparar lo destruido, sino a corregir las causas que amplificaron el daño.En lo inmediato, el principal desafío es sostener una comunicación pública confiable. Con cifras todavía preliminares, cualquier confusión sobre víctimas, zonas cerradas o estado de los vuelos puede empeorar la ansiedad de familias y viajeros. La recomendación de ceñirse a fuentes oficiales es especialmente relevante en un contexto donde los balances cambian rápido y donde cada hora cuenta para encontrar sobrevivientes. Lo que ocurra en los próximos operativos definirá no solo el número final de fallecidos, sino también la capacidad del Estado para contener una emergencia que, por su alcance geográfico y su impacto en infraestructura, seguirá dejando efectos durante semanas.
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