Los homicidios dolosos en México registraron una reducción de 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026, de acuerdo con los datos presentados por el Gobierno Federal, en una caída que la administración atribuye al rediseño de su estrategia de seguridad. El promedio diario pasó de 86.9 asesinatos al cierre del sexenio anterior a 42.5 en julio pasado, es decir, 44 menos cada día. Aunque la cifra no elimina el problema de fondo, sí marca el descenso más pronunciado en una serie que había permanecido alta durante años y coloca a julio como el mes con el menor promedio de homicidios dolosos desde 2015.
El comportamiento de los indicadores no se limitó a un solo mes ni a una sola región. Según el balance oficial, 30 entidades redujeron su promedio diario de homicidios durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Esa amplitud territorial da peso al dato y reduce la posibilidad de atribuirlo únicamente a cambios locales o a un reacomodo estadístico. Sin embargo, el avance sigue siendo parcial: la violencia letal continúa por encima de niveles compatibles con una normalidad institucional, y la baja deberá sostenerse en el tiempo para que pueda hablarse de una tendencia consolidada.
La lectura política del dato también importa. La presidenta Claudia Sheinbaum recibe un balance que, al menos por ahora, ofrece un margen favorable para defender la ruta de seguridad basada en prevención, investigación y contención de grupos criminales. El reto, no obstante, está en evitar que la mejora se vuelva coyuntural. En un país donde los homicidios suelen responder a dinámicas criminales cambiantes, la reducción de un periodo no garantiza por sí sola una modificación estructural si no se acompaña de fiscalías más eficaces, inteligencia operativa y coordinación sostenida entre federación y estados.
Otro elemento relevante es el reconocimiento que desde Estados Unidos se ha hecho a la disminución de la violencia en México. En una relación bilateral donde predominan los reclamos por tráfico de drogas, armas y control fronterizo, ese señalamiento funciona como un respaldo político adicional para el gobierno mexicano. También eleva el estándar de exigencia: si la reducción es real y visible fuera del país, la presión para mantener resultados será mayor dentro de la agenda interna de seguridad.
Reclamos por rezago en Cabildo
En Ensenada, mientras el debate nacional gira en torno a los indicadores de seguridad, en el Ayuntamiento salió a la vista un conflicto entre regidores que exhibe otro problema recurrente en la vida pública local: los retrasos en comisiones y la falta de seguimiento legislativo. La regidora Daniela Salgado cuestionó a Gandolfo García Galicia, presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación, por el rezago en la atención de asuntos turnados al órgano que encabeza.
Salgado expuso como ejemplo un Punto de Acuerdo presentado el 19 de febrero y turnado el 27 del mismo mes, cuyo plazo reglamentario de 30 días venció el 29 de marzo, pero fue dictaminado hasta el 16 de junio. Su señalamiento fue más allá de un solo expediente: afirmó que se enviaron más de 20 oficios para solicitar sesiones y dar seguimiento a los asuntos de la comisión, sin obtener respuesta. Durante la sesión de Cabildo, pidió una explicación directa que, según dijo, no llegó a justificar la falta de trabajo.
La discusión tiene una dimensión institucional que rebasa el intercambio entre ambos ediles. Salgado recordó que, mientras el asunto permanecía sin dictaminar, el Congreso del Estado aprobó el 26 de marzo incorporar como delito la conducta vinculada con el Punto de Acuerdo. Ese contraste fortaleció su argumento sobre la necesidad de respetar los plazos reglamentarios y evitar que el rezago administrativo deje sin respuesta a ciudadanos o promoventes que acuden al Ayuntamiento con propuestas formales.
Ante ese escenario, la regidora pidió a la alcaldesa Claudia Agatón considerar un relevo en la presidencia de la Comisión de Gobernación y Legislación. Más allá del señalamiento puntual, el episodio deja ver una tensión más amplia en los gobiernos municipales: la distancia entre los tiempos del reglamento y los tiempos reales de operación política. Cuando una comisión no sesiona con regularidad o no dicta en plazo, el costo no es solo interno; también erosiona la credibilidad de los mecanismos con los que el propio Cabildo promete dar cauce a las iniciativas ciudadanas.
