La situación de Marilyn Cote experimentó un giro significativo cuando un juez la vinculó a proceso por el delito de suministro de narcóticos. Esta resolución judicial surge directamente de las denuncias presentadas por ex pacientes que aseguran haber recibido medicamentos controlados sin que la imputada contara con la formación profesional requerida para ejercer como psiquiatra. La nueva causa penal se añade a los expedientes ya existentes por usurpación de profesión y amenazas, modificando de forma sustancial las opciones disponibles para su defensa.
Detalles de la vinculación judicial
Según reportes de la Fiscalía de Puebla, Cote fue detenida en Tlaxcala y actualmente permanece recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán. Los representantes legales de las víctimas explicaron que el delito de suministro de narcóticos conlleva penas potencialmente superiores a los diez años de prisión, a diferencia de los procesos previos cuyas sanciones máximas no excedían los cinco años. Esta diferencia impide que la defensa solicite con éxito una suspensión condicional del proceso, una estrategia que había sido explorada en etapas anteriores.
Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2024 tras las primeras denuncias de ex pacientes. Los afectados descubrieron que Cote carecía de cédula profesional como psiquiatra y que su única formación académica correspondía a una licenciatura en Derecho. Durante años, según las acusaciones, habría utilizado cédulas de otros médicos para prescribir sustancias controladas, exponiendo a las víctimas a riesgos físicos y psicológicos documentados.
Rechazo a propuestas de reparación
La defensa de Cote intentó resolver algunos de los casos mediante mecanismos alternativos de justicia. Las ofertas de indemnización económica oscilaron entre diez mil pesos o cantidades inferiores, propuestas que fueron rechazadas por las víctimas debido a las secuelas físicas, emocionales y económicas que reportan. En junio de 2026, un juez ya había denegado la suspensión condicional del proceso al considerar la gravedad de los daños alegados.
Los abogados de los afectados destacan que esta nueva vinculación altera el equilibrio procesal. Mientras los delitos anteriores permitían cierta flexibilidad en la negociación, el suministro de narcóticos introduce un componente de mayor severidad que obliga a replantear las estrategias tanto de la acusación como de la defensa.
Acumulación de expedientes y contexto institucional
Marilyn Cote enfrenta actualmente nueve carpetas de investigación abiertas. Las denuncias iniciales revelaron un patrón consistente: personas que acudieron a consultas psiquiátricas recibieron tratamientos sin la supervisión de un especialista certificado. Esta situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación que operan en consultorios privados y sobre la facilidad con la que se pueden obtener y utilizar recetas de sustancias controladas.
Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias médicas. Los peritajes realizados hasta ahora confirman que varios pacientes presentaron efectos adversos atribuibles a la medicación prescrita sin justificación clínica adecuada. Este elemento fortalece la línea de investigación relacionada con el suministro de narcóticos y podría influir en la determinación de responsabilidades adicionales.
Perspectivas sobre el desarrollo del caso
El avance de las nueve investigaciones simultáneas sugiere que el proceso judicial se extenderá durante varios meses. Cada carpeta aporta elementos distintos que, en conjunto, configuran un panorama más complejo que el inicialmente previsto. La combinación de usurpación de profesión, amenazas y ahora suministro de narcóticos obliga a los tribunales a evaluar la conducta de la imputada desde múltiples ángulos penales.
Especialistas en derecho penal consultados indican que la acumulación de causas con penas elevadas reduce significativamente las posibilidades de acuerdos reparatorios rápidos. El caso, por tanto, se perfila como un precedente relevante para analizar cómo se sanciona el ejercicio ilegal de profesiones de la salud cuando existe afectación directa a la integridad de los pacientes.
